Caso Popular: los peritos judiciales certifican que la ampliación de capital de 2012 fue un “éxito”

Los inspectores del Banco de España designados para analizar si los inversores fueron perjudicados confirman la tesis del expresidente del banco Ángel Ron

Una sede de Banco Popular.Reuters

Los inspectores del Banco de España designados como peritos por la Audiencia Nacional han certificado que la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que llevó a cabo Banco Popular en 2012 fue exitosa. También han calificado de “buena inversión” la participación en la operación, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes. Esa es la conclusión que han sacado los expertos del órgano supervisor Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete tras analizar dicha operación, que confirma la tesis que defendió el expresidente de la entidad ante el juez Santiago Pedraz.

El magistrado instructor solicitó este informe clave para el avance de la causa sobre la ampliación de capital de dicho año, poco después de admitir a trámite, en junio de 2022, dos querellas contra la entidad -que desapareció en junio de 2017 tras su resolución-, el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el que fuera su número dos, Roberto Higuera, y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco, José María Sanz Oliva. Con ellas se abría el segundo procedimiento judicial sobre el Banco Popular.

El objetivo de la pericial es aclarar si el folleto de información a inversores ofrecía una imagen fiel de la entidad y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos. Un año después del requerimiento judicial, los inspectores del Banco de España comparten las explicaciones que ofrecieron los investigados en sede judicial, en las que negaron la existencia de irregularidades. En concreto, Ron contextualizó la operación de emisión de capital en el cumplimiento del mandato del supervisor bancario a las entidades financieras para que tuvieran provisiones y reforzaran su capital con el fin de hacer frente al rescate del sistema bancario español de hasta 100.000 millones de euros.

Decretos Guindos y test de estrés

En un informe de más de 200 páginas, con fecha del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso CincoDías, los peritos recuerdan que la ampliación de capital se produjo en plena crisis económica e inmobiliaria y afirman que la ampliación de capital fue la opción elegida por Banco Popular para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos– de saneamiento financiero, a través de los cuales se requirió incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria.

A ello se sumaron los test de estrés realizados por la auditora Oliver Wyman a la banca española, que reveló que la entidad resuelta tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, un importe que debía ser cubierto antes de junio de 2013 si quería evitar la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su capital, lo que implicaría la pérdida total de independencia.

“Para evitar esto, Banco Popular diseñó un plan de de recapitalización para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos”. Es más, los inspectores señalan que la operación implicaba varios riesgos y por ello se requirió un “grado de compromiso relevante” del consejo de administración. Los accionistas miembros de este órgano suscribieron el 20% del total de ampliación, apunta el informe.

Otro de los riesgos era la necesidad de acometer un “cambio radical” en plan de negocio, lo que llevó al banco a provisionar “aceleradamente” todo lo posible antes del cierre del ejercicio de 2012, para así dejar 2013 y 2014 “más despejados en términos de rentabilidad”. No obstante, este plan implicaba reconocer pérdidas de unos 2.300 millones de euros en 2012, destacan los peritos.

Saneamiento del banco e “imagen fiel”

“Aún así, la ejecución de ampliación de capital fue un éxito, cubriéndose el importe por completo en el plazo establecido, y los objetivos de solvencia y cobertura de riesgos previstos fueron razonablemente conseguidos. Asimismo, la reacción del mercado parece que fue positiva, a juzgar por la buena evolución en bolsa de los años siguientes de la ampliación”, reza el informe.

De hecho, los peritos resaltan que la ampliación ayudó a restablecer la imagen del banco entre inversores, pues el saneamiento acelerado “mejoró las ratios de cobertura de riesgos y adjudicados” y ”dejó al banco en una posición saneada que le permitiría obtener mejor rentabilidad en los años siguiente, lo cual se veía con buenos ojos entre los inversores”.

Con respecto a la información aportada al mercado por Banco Popular sobre la ampliación de capital y los datos incluidos en el folleto de información, los expertos del Banco de España consideran que la misma “se ajustó a lo requerido por la normativa y cumplía con los requisitos mínimos legales”, reflejando por tanto la “imagen fiel de la entidad”.

En este sentido, indican que, por un lado, se exponía que el resultado del test de estrés motivó la operación; y, por otro lado, se señalaban los posibles riesgos que asumiría el inversor, así como la probable obtención de pérdidas. No obstante, los peritos añaden que la información sobre el plan de negocio fue “escasa”, pero las estimaciones ofrecidas sí eran “razonables”.

Reclasificaciones a dudoso

Por último, el informe también hace referencia a la necesidad de hacer reclasificaciones a dudoso en 2012. Según apuntan, estas reclasificaciones fueron muy superiores a las previstas en el plan de negocio, pero aun así no se hicieron todas las identificadas en una inspección del Banco de España ese verano, sino que Banco Popular dejó la mitad para 2013, en concreto 3.920 millones de euros.

Los peritos recuerdan que en otro informe, emitido en el marco de la causa abierta también en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 -ya finalizada y pendiente de conocerse si finalmente la investigación se lleva a juicio-, advirtieron de que, al menos desde 2012 se debían haber recogido como dudosos los riesgos asociados a Thesan Capital, el vehículo a través del cual Banco Popular financiaba a empresas en crisis, estimados en 520 millones de euros. Al respecto, los inspectores que han analizado la ampliación de capital de 2012 indican que la “reclasificación de estos riesgos no fue requerido a Banco Popular por Banco de España en los años analizados”.

De este modo, según los cálculos de los inspectores Cidoncha Gallego y Castro Navarrete, en base a las normas generales de gestión y la circular del Banco de España de 2004, al menos 5.614 millones de euros de riesgos normales debían haber sido registrados como dudosos a cierre de 2011, cifra que se reduce hasta los 4.796 millones de euros a cierre de 2012. Por su parte, el déficit de provisiones sería de 2.851 y 2.220 millones de euros respectivamente. Sin embargo, los peritos insisten en que “sólo una parte de estos importes” había sido requerida formalmente por el supervisor en las fechas que están siendo objeto de examen judicial.

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