El juez archiva la investigación sobre la ampliación de capital del Banco Popular en 2012
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento después de que los peritos del Banco de España certificaran que la operación fue un “éxito”
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado el archivo provisional de la investigación sobre la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en 2012 por 2.500 millones de euros. En un auto, al que ha tenido acceso CincoDías, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que la entidad (resuelta en junio de 2017) no falseó la información económico-financiera contenida en los folletos de información sobre la operación. De este modo, cierra el conocido como segundo caso Popular, en el que estaban investigados el expresidente de la entidad Ángel Ron, el que fuera consejero delegado Roberto Higuera, así como PwC, la consultora que auditó las cuentas de la entidad.
El magistrado instructor adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara, el pasado 25 de septiembre, el archivo provisional de la causa, que se inició en junio de 2022, una vez que los inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales en este procedimiento certificaran que la operación fue un “éxito”y rentable.
Tras la admisión a trámite de las querellas de un grupo de accionistas minoritarios y del grupo inmobiliario Cerquia, el juez Pedraz solicitó una serie de diligencias para investigar los hechos, además de interrogar a los investigados. Entre las pruebas requeridas figuraba la petición a los inspectores del Banco de España para que examinaran el impacto que pudo causar la ampliación de capital de mayo de 2012 y determinaran si la operación fue una causa razonable y justificada, si se hizo conforme a los requisitos legales exigidos en aquel momento, si los datos que se ofrecieron respondían a la imagen fiel de la entidad financiera y si supuso un perjuicio para los inversores que participaron en ella.
Conclusiones del Banco de España
Las conclusiones de los expertos del órgano supervisor bancario llegó el pasado julio. Los peritos afirmaron que la ampliación de capital fue “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes. Asimismo, recordaron que la operación se llevó a cabo para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos– para cumplir con los requerimientos de incremento de coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria, en un contexto de crisis económica.
En este contexto también tuvieron lugar los test de estrés, realizados por Oliver Wyman, que revelaron que la entidad extinta tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, que deberían ser cubiertos antes de junio de 2013 si se quería evitar la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El resultado del análisis del Banco de España fue compartido en su integridad por la fiscal Belén Dorremochea, en cuyo informe, al que también tuvo acceso este diario, explicó que la ampliación de capital “se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes Estado a adoptar medidas que paliaran la situación”. En este sentido, Anticorrupción tuvo en cuenta que Banco Popular decidió realizar una ampliación de capital para cumplir con las exigencias de las instituciones bancarias con recursos propios y sin recurrir a las ayudas públicas.
Con todo ello, la fiscal aseguró que la emisión de acciones “se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes” y descartó que se produjera un engaño a los inversores con los datos que se incluyeron en los folletos de información, ya que en dicho documento se indicaron “pérdidas de 2.300 millones de euros” y se reconocieron “unas reclasificaciones a dudoso de 9.436 millones de euros”, apunta.
Con las valoraciones de los peritos y de Anticorrupción, el juez Pedraz ha dictado un auto, con fecha de este jueves, para concluir las pesquisas que han durado poco más de un año, “al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito”. Esta resolución no es firme pues contra ella cabe presentar recurso.
La ampliación de 2016 y la caída del Banco
El caso Popular no termina con este archivo, pues el Juzgado Central de Instrucción número 4 tiene pendiente de resolver si propone juzgar a la excúpula del banco, entre ellos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 (también por el importe de 2.500 millones de euros) y por la caída de la entidad, en junio de 2017 tras la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR).
El titular de este órgano jurisdiccional, José Luis Calama, acordó el pasado abril el fin de la instrucción, después de que ninguna de las partes personadas en la causa instara a prorrogar las pesquisas. No obstante, seis meses después de este hecho, el juez todavía no ha dictado el denominado auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado –el que abre la fase intermedia antes del juicio oral, para presentar los escritos de acusación y de defensa– para exponer sobre cuales de los investigados hay claros indicios de la comisión de delito; o el auto de archivo de la causa, si entiende que no hay ninguna conducta que deba ser llevada a juicio.
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