La Audiencia Nacional reabre la investigación por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012
La Sala de lo Penal ordena al juez instructor a llamar a declarar a los inspectores del Banco de España que afirmaron que la operación fue una “buena inversión”
La Audiencia Nacional reabre la segunda causa sobre el Banco Popular, la relacionada con la ampliación de capital de 2012. La Sala de lo Penal ha revocado el archivo que el juez instructor Santiago Pedraz acordó, el pasado mes de noviembre, de esta investigación que se dirige contra el expresidente de la entidad Ángel Ron, el que fuera consejero delegado Roberto Higuera, así como PwC, la consultora que auditó las cuentas de la entidad, al seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el sobreseimiento provisional.
En un auto, con fecha de este lunes, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señalan que, antes de dar carpetazo al asunto, el instructor tenía que haber llamado a los inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales para que ratificaran el informe que motivó que Anticorrupción instara al archivo de la causa. Dicho documento concluye que la ampliación de capital que tuvo lugar en 2012 por 2.500 millones de euros fue una “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguientes.
Asimismo, los peritos recordaron que la operación se realizó para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos– para cumplir con los requerimientos de incremento de coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria, en un contexto de crisis económica.
El resultado del análisis del Banco de España –que tardó más de un año, pues fue una de las primeras diligencias que ordenó el juez instructor– fue compartido en su integridad por la fiscal Belén Dorremochea, en cuyo último escrito dirigido al juez apuntó que la ampliación de capital “se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes Estados a adoptar medidas que paliaran la situación”. En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento al no ver indicios de que el banco resuelto en junio de 2017 falseara la información económico-financiera contenida en los folletos de información sobre la operación.
Ahora, la Sala de lo Penal, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el grupo de accionistas minoritarios que impulsaron esta causa con la presentación de una querella, considera que el instructor debe citar a declarar a los peritos del Banco de España “dada la relevancia para el devenir del presente proceso (...) especialmente porque ha fundamentado una decisión de sobreseimiento” con el objetivo de que sus conclusiones “puedan ser sometidas a la contradicción de las partes”.
Asimismo, la Sección Segunda señala en su auto que el interrogatorio, consistente en la ratificación del informe, permitirá al juez tomar una decisión sobre la necesidad de practicar nuevas diligencias.
La decisión de la Sala de lo Penal se da a conocer justo un día después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha instruido la causa principal sobre el Banco Popular (centrado en la ampliación de capital de 2016 y el posible filtración de información), comunicara a las partes que notificará el auto de transformación a procedimiento abreviado en la primera quincena de febrero, es decir, dará a conocer sobre qué investigados hay indicios de delito y propone juzgar.
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