Las constructoras urgen reformas en la obra pública para rebajar sus riesgos
Las patronales piden figuras como el anticipo financiero o concursos con presupuestos actualizados. También advierten que los contratos no absorben nuevos costes ambientales, tecnológicos y de seguridad
La forma de trabajar en la construcción, especialmente en la obra civil, lleva años expuesta a una revolución que, a juicio de las grandes asociaciones del sector, deja muy atrás la regulación existente y supone nuevos costes. Se agolpan continuas novedades en prevención de riesgos, criterios ambientales y un grado de digitalización que merece, según las empresas, una revisión de la contratación pública.
Asociaciones como Seopan y Anci, en coordinación con la patronal CNC, están haciendo llegar al Ministerio de Transportes un esbozo de medidas con las que mitigar riesgos de ejecución, tanto para las propias constructoras como para los proyectos, y que refuercen la seguridad de los contratos.
El pilar básico entre las demandas es la recuperación de la revisión automática de precios de la cesta de materiales básicos de obra, y la entrada en ella del coste energético y laboral. Esta garantía fue incorporada a la contratación pública en 1965 para paliar la volatilidad de las materias primas durante la ejecución de una obra, y se retiró, de facto, al dejar de ser obligatoria con la aprobación de la Ley de Desindexación de 2015 (desarrollada en 2017). La pandemia y una inflación disparada por la invasión rusa de Ucrania hicieron que las Administraciones la recuperaran de forma excepcional con límites en las cuantías revisables y en el número de materiales contemplados.
Pero al margen de esta medida, la construcción intenta que se contemplen otras como los anticipos financieros en los contratos de obra pública, con los que las contratistas que lo precisen podrían cubrir los costes iniciales de los proyectos y obtener flujos de caja en un momento de tipos altos de financiación.
Entre los cambios sugeridos también destaca un alza del porcentaje de gastos generales o de estructura reconocidos en los contratos. En este caso, pesa un incremento de costes que no son absorbidos por los presupuestos de los proyectos, ya sea por regulaciones en prevención de riesgos, sostenibilidad y reciclaje, certificaciones, formación del personal o el uso de nuevas tecnologías y materiales.
El reglamento general de La Ley de Contratos (1098/2001, de 12 de octubre) prevé que los gastos generales pueden ir del 13% al 17% sobre el presupuesto de ejecución material de una obra. Esa partida es fijada a discreción del departamento que realiza la contratación, y recoge variables como los gastos financieros, impuestos y tasas derivadas de las obligaciones firmadas.
La horquilla, sobre la que el sector persigue la fijación en la parte alta e incluso un incremento para retribuir los nuevos costes, puede ser retocada hasta ahora, al igual que el beneficio industrial del 6% que se reconoce al contratista, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Otra reclamación a las Administraciones es la de la urgente actualización de los proyectos en cartera: “Se exponen a licitaciones desiertas por incluir precios de los años en que fueron diseñados y no los actuales de mercado”, explica un alto directivo del sector.
Concesiones
Los colaboradores del ministro Óscar Puente están recibiendo en las primeras semanas de legislatura toda una lista de peticiones que incluyen el fomento de la colaboración público-privada a través de concesiones; el mantenimiento de estabilidad en la inversión pública más allá del efecto de los fondos europeos; mayor atención a la conservación, o la reapertura del debate de la financiación de las carreteras.
En el caso del pago por uso o la implantación de una viñeta de carácter ambiental, son modelos que tenían cabida en la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación frenó en seco por el adelanto electoral.
Ya para una reactivación del sistema concesional, Pedro Fernández Alén, Julián Núñez y Concha Santos, presidentes de la CNC, Seopan y Anci, respectivamente, vienen insistiendo en la necesidad de adecuar el marco regulatorio (Ley de Contratos y Ley de Desindexación) para elevar la rentabilidad de los proyectos en competencia con otros internacionales que inundan las agendas de las principales constructoras españolas.
El ministro Puente se ha abierto a entablar diálogo con las empresas y favorecer la colaboración público-privada. También se declara amante de la gestión pública y ha recordado experiencias, siendo alcalde de Valladolid, que causan recelo entre las constructoras, como la remunicipalización del agua o del aparcamiento de la Plaza Mayor en su ciudad.
Las peticiones con mayor solera
Las medianas. La asociación de constructoras no cotizadas Anci vuelve a trasladar al Ministerio de Transportes en este arranque de legislatura que el tamaño de los proyectos licitados, así como los requisitos para contratar o el marco normativo, debe fomentar el acceso de empresas de todo tamaño a la contratación pública. Se trata de encontrar hueco en las licitaciones.
Ingenierías. Un caballo de batalla de las ingenierías privadas de obra civil es que el Gobierno revise el régimen de utilización de los medios propios de la Administración. Detrás de esta demanda está el intento de que se delimite como excepcional el recurso a firmas como Ineco o Tragsa.
Temeridad. Durante años ha sonado, y sigue haciéndolo, la reclamación de que se desincentiven las bajas desproporcionadas en los concursos a través del diseño de nuevos criterios de puntuación.
Situación excepcional. Mientras se urge el establecimiento automático de la revisión de precios, el sector espera que se eleve el límite del 20% sobre el importe de adjudicación de una obra en el mecanismo excepcional previsto en el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo. Con ello aumentarían los costes de ejecución para al Administración, pero se aseguraría un reequilibrio efectivo de los presupuestos de obra.
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