Óscar Puente, más pegada en Transportes para defender las transferencias de Cercanías
El ministerio de la inversión pública debe cumplir con los pactos políticos del PSOE con catalanes y vascos, desbloquear la Ley de Movilidad Sostenible en busca de la descarbonización, o mantener el ritmo de las obras en los corredores Atlántico y Mediterráneo
La ejecución de los 16.700 millones en fondos europeos gestionados por el Ministerio de Transportes (11.200 millones para movilidad sostenible), de los que han sido movilizados ya el 90%, va a exigir una fina coordinación entre Administraciones de distinto color en un ambiente de máxima crispación política y social. Para la primera línea ha sido elegido como ministro un hombre que ha demostrado tener puño de hierro: Óscar Puente, licenciado en derecho de 55 años de edad y alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023 (ya era concejal de su ciudad desde 2007). Habrá que ver si le funciona el guante de seda de la negociación.
Su perfil político es indiscutible, así como el conocimiento del debate público y de las tripas de la Administración: “Es casi una segunda parte de Ábalos en Transportes”, afirma un alto cargo del perímetro de empresas públicas del Ministerio, “un hombre con peso en el PSOE”. No en vano, fue el elegido por el presidente del Gobierno a finales de septiembre para dar una dura réplica a Alberto Núñez Feijóo en el frustrado intento de investidura del líder popular. El presidente, Pedro Sánchez, tendrá en su ministro de Transportes la figura que defienda buena parte de las concesiones a Cataluña y País Vasco para formar Gobierno con los votos de Junts, ERC y PNV, entre otros. La transferencia de las Cercanías a ambos territorios están por plasmarse aún en complejas normas.
Puente, que ejerció la abogacía entre 1995 y 2015, salió de la alcaldía de su ciudad pese a haber ganado las últimas elecciones, con mayoría insuficiente. Tras ello, fue rescatado por Pedro Sánchez en agosto con escaño en el Congreso de los Diputados. Y ahora era de los que sonaba con fuerza para ocupar la cartera de Transportes. En esta difícil legislatura no le vendrán mal sus dotes de actor de teatro, con trayectoria en las tablas entre 1988 y 1999.
Quien ha sido titular de la cartera desde julio de 2021, Raquel Sánchez, ha apelado en las últimas semanas a la responsabilidad de PP y VOX, “por convencimiento y por el volumen de fondos transferidos [a las Comunidades Autónomas]”. Distintos observadores coinciden en que si no se enfría varios grados el enfrentamiento entre PSOE y PP, será difícil alcanzar altas cotas de realización de la ayuda comunitaria. La Valladolid del ministro encarna como ninguna otra ciudad el problema sobre la mesa: Puente apostó por la peatonalización del centro, así como por la bicicleta, y sus sucesores de PP y VOX entienden que la ciudad debe ser “más amable” con el coche para evitar el caos circulatorio. En el ámbito municipal está en juego una verdadera montaña de millones de los fondos Next Generation.
Al descomunal reto de invertir la ayuda comunitaria, se han sumado los citados pactos en materia de infraestructuras con Cataluña y el País Vasco, con transferencias ferroviarias a muy corto plazo, y ha de volver al centro del debate político una Ley de Movilidad Sostenible que apuesta por la descarbonización (en España, el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector del transporte) y por mayores cotas de intermodalidad. De ella dependen, por ejemplo, el nuevo mapa concesional del autobús y un inicio de la liberalización de este transporte colectivo por carretera, así como futuros sistemas de financiación del mantenimiento de carreteras (de momento queda descartado el pago por uso). La hoja de ruta seguirá siendo la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2021.
España es el segundo país del mundo por kilómetros de alta velocidad ferroviaria, con 4.000; tiene el récord europeo en tráfico aeroportuario, este año con una previsión de 280 millones de viajeros; la red de carreteras de alta capacidad es la más extensa del continente, con sus 15.500 kilómetros, y las terminales portuarias lideran Europa por tráfico de contenedores (17,2 millones de TEUs en 2019). Las necesidades de la conservación y ampliación de capacidad (en la red de alta velocidad o en aeropuertos como Barajas y El Prat) seguirán haciendo de empresas como Adif, Aena y Puertos del Estado, todas del entorno del Ministerio de Transportes, verdaderos motores económicos.
Respecto a la ejecución de infraestructuras, el sector privado demanda la reactivación del sistema concesional con contratos indexados a la inflación, así como la consolidación de mecanismos de revisión de precios en la obra pública. También reclama una mayor estabilidad y seguridad a la contratación pública. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, subraya que “hay que canalizar de manera inmediata los casi 7.000 millones de euros para la rehabilitación y regeneración urbana, además del Plan de Infraestructuras Ferroviarias y otras cuestiones que competen directamente a Transportes”. Para ello, urge la agilización de plazos y trámites de contratación, así como el establecimiento de “un sistema de revisión de precios acorde con el momento inflacionario que vivimos: apostamos por un sistema de reequilibrio económico de los contratos públicos teniendo en cuenta que son contratos de ejecución a largo plazo”. Se trata de un mensaje que también incumbe al Ministerio de Hacienda.
La colaboración público-privada, desde el punto de vista de Fernández Alén, es esencial, por ejemplo, para desplegar políticas de vivienda: “El subsector sufre la subida de los tipos de interés, lo que ralentiza y afecta a una franja muy importante de ciudadanos, tanto de VPO como de otra modalidad. La colaboración público-privada es una herramienta útil”. Las responsabilidades sobre la política de vivienda han sido separadas de Transportes en un movimiento que gusta en el entorno del Ministerio de la movilidad y la obra pública ante la ingente carga de objetivos que el Gobierno persigue en ambos terrenos.
Más tren
El ferrocarril lleva años en el epicentro de la estrategia inversora, con más de 60.000 millones dedicados al despliegue de la red de alta velocidad desde los años noventa, y seguirá siendo destinatario de las mayores partidas en este nuevo ciclo político. El Ministerio tiene comprometida una inversión de 27.000 millones hasta 2030 en los corredores Atlántico y Mediterráneo, que ya han gozado de un total de 3.300 millones en los Presupuestos Generales de 2023. Una de las preocupaciones del Gobierno español, reconoció en público la semana pasada el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, es el retraso de las conexiones desde el lado francés, cuestión que se está tratando en el seno de la UE.
El Corredor Atlántico conectará Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda con tráfico de pasajeros y mercancías. En territorio español, con obras por ejecutar hasta 2030 por 16.000 millones, atraviesa 11 Comunidades Autónomas: Extremadura, Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía y Canarias.
Para el Corredor Mediterráneo se prevén aún 11.000 millones en los próximos siete años El eje cose territorios de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, desde donde se pasa a Francia por Figueras. Desde Transportes se ha destacado la licitación de 6.000 millones en obras en este corredor desde que gobierna Pedro Sánchez.
La estación pasante de Atocha, el túnel ferroviario bajo Valencia o la reforma de la estación de La Sagrera (Barcelona), son algunas de las actuaciones previstas para eliminar cuellos de botella en la red. También será clave la remodelación de Madrid-Chamartín o su conexión con el aeropuerto de Madrid-Barajas. La pública Adif tiene como próxima misión lanzar la segunda fase de la liberalización del tráfico de viajeros, con la entrada en juego de nuevos corredores y la incorporación de operadoras. Al mismo tiempo, deberá prepararse la apertura a la competencia de las Cercanías, bajo gestión de Renfe hasta 2027 en régimen de obligaciones de servicio público.
De Transportes también se espera el citado traspaso de parte de la red y servicios de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, al tiempo que el PSOE ha pactado con el PNV la entrega exprés al Gobierno vasco de cuatro líneas de Cercanías de ancho ibérico en Bilbao y la línea de ancho métrico que opera entre Irún y San Sebastián. El entramado regulatorio que permita estas transferencias está por armarse.
El nuevo titular de Transportes deberá fomentar un mejor entendimiento con grandes ciudades para activar las zonas de bajas emisiones allí donde viven más de 50.000 personas, el fomento de la bicicleta, las peatonalizaciones y el resto de la estrategia de movilidad sostenible. La propia Raquel Sánchez reconoce que en los últimos meses se han dado pasos atrás con los cambios en los Gobiernos municipales. “Nunca fue tan necesaria una gobernanza horizontal, basada en el diálogo y en la cooperación. Este no es el campo apropiado para la lucha partidista sino para la defensa del interés general”, afirmó la ministra en el reciente foro Global Mobility Call celebrado en Madrid.
La digitalización de los transportes; un mayor peso del ferrocarril de mercancías; el respaldo a la estrategia de Cielo Único Europeo, o una respuesta coordinada entre Administraciones al desafío de la distribución en la última milla, también han de figurar como prioridades en la agenda de prioridades del nuevo ministro. En el transporte aéreo se seguirá minuto a minuto el discurso de Puente y cómo lidia con la exigencia de Sumar de poner veto a los vuelos domésticos con alternativa en el ferrocarril. Decenas de desafíos, y ninguno sencillo.
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