La construcción urge ampliar la revisión de precios en la obra pública a todo 2023

El mecanismo vence en marzo, pero el Gobierno se da tiempo para analizar cómo evolucionan los materiales

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

La construcción presiona al Gobierno para la ampliación del mecanismo excepcional de revisión de precios de los materiales, que fue articulado a través del Real Decreto Ley 3/2022, al acercarse su vencimiento el próximo mes de marzo.

Habrán sido algo más de dos años, incluido el periodo de retroactividad, en que el Ministerio de Transportes ha aplicado la fórmula de actualización de ciertos costes para las contratistas en los proyectos de obra civil, con lo que arrastró a las comunidades autónomas hacia medidas similares. Sin embargo, los precios de materiales básicos siguen altos y en el seno de patronales como Seopan, ANCI y la propia Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se teme perder el escudo.

Desde el Gobierno, apuntan distintas fuentes, no hay respuesta a las empresas: ni oficial ni extraoficial. Se sostiene, por el momento, que a la norma le quedan semanas de vigencia y que aún deberá seguirse la evolución de las materias primas antes de tomar una decisión respecto a un posible tiempo extra que salve a los contratos públicos de obra del desequilibrio económico.

ANCI pone el foco en la necesidad de estabilidad para ejecutar los fondos europeos

Además de una prórroga de la medida hasta la normalización de la inflación en lo que toca a las materias primas, el sector demanda un mínimo de otro año, e insiste en conseguir un salvavidas más amplio en costes revisables. Transportes, con el visto bueno de Hacienda, llegó a ensanchar en noviembre la cesta de materiales que imputan en el reequilibrio: entraron el cemento, materiales cerámicos, madera, plásticos, productos químicos y el vidrio, sumándose a los cuatro que ya estaban contemplados (materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre). Seguían fuera las variaciones de precio en la energía, básica para el uso de maquinaria pesada y con una ponderación de hasta el 30% en los costes de determinadas obras; el alza en los costes laborales, y no se contemplaban para la revisión de precios los contratos de conservación de infraestructuras.

La introducción de estos elementos vitales para cualquier constructora, se encuentran entre las reivindicaciones del sector. Pero también se urge que el montante del reequilibrio económico pueda saltar del umbral del 20% sobre el importe de adjudicación de la obra, que rige hasta ahora, y que cualquier impacto económico sea considerado para su compensación, incluidos los que supongan menos del 5% del importe certificado del contrato en cada año de ejecución.

Concesiones

Pese a sus limitaciones, este reequilibrio en la obra pública se aplica desde el 1 de enero de 2021 aunque no estuviera previsto en los pliegos de contratación. El Ejecutivo también levantó la mano al revisar costes en proyectos con un grado de ejecución inferior al 20% o que no llevaran dos años en marcha, enmendando la letra de la Ley de Contratos del Sector Público.

La figura de la revisión de precios en los contratos de obra púbica está prevista en España desde 1965. Su misión es actuar contra la volatilidad de los materiales más comunes en proyectos de construcción, pero prácticamente cayó en desuso con la entrada en vigor de la Ley de Desindexación: dejó de ser una garantía obligatoria y desapareció de los pliegos.

La CNC contabilizó más de 2.000 licitaciones desiertas a octubre de 2022

Su restauración se produjo después de concursos desiertos (la CNC contabilizaba más de 2.000 licitaciones sin ofertas,por 900 millones, de octubre de 2021 al mismo mes de 2022), ante la dificultad de presupuestar en un contexto de precios descontrolados. A ello se sumaban no pocas obras ralentizadas o que habían llegado a paralizarse. Estaba en riesgo la ejecución de los fondos europeos para la recuperación.

Más licitación

Otra petición sectorial es que el cómputo de la variación de precios arranque el último día habilitado para la presentación de las ofertas y no desde la firma del contrato. Este último suele ser muy posterior a la entrega de ofertas, con lo que los coste ya han podido variar sobre lo presupuestado y el perjuicio queda en el tejado de la contratista.

Desde la asociación de constructoras no cotizadas ANCI se pone el foco en la necesidad de más tiempo de estabilidad, en el que los sobrecostes sean amortiguados con el fin de evitar daños a las empresas, pero también para garantizar un alto nivel de ejecución de los fondos del programa Next Generation de la UE.

El Gobierno, con Transportes como punta de lanza, ha realizado un esfuerzo para acelerar la licitación de proyectos que deberán ejecutarse hasta 2026. Las mayores constructoras del país demandan ahora más apoyo para no perder en su ejecución.

 

Problema enquistado

Escalada. El índice de variación de precios de los materiales de construcción, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que entre enero de 2021 (cuando comienza a aplicar la revisión de precios) y junio de 2022, la energía subió casi un 90%; los betunes lo hicieron un 80%; el aluminio se encareció un 60%; el cemento valía un 20% más, y los materiales siderúrgicos se han encarecido casi un 70%. Tal descontrol habría dejado muy corta, según denuncian las patronales de la construcción, la fórmula excepcional de revisión de precios con límite en un 20% sobre el importe de adjudicación de las obras.

Medidas. El Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, que estableció la revisión de precios, fue modificado por otros dos reales decretos (6/2022 y 14/2022) y por una orden ministerial (HFP/1070/2022) en busca de ampliar la cobertura. El hecho es que el alza del índice de costes del sector de la construcción entre enero de 2021 y octubre de 2022 (último dato publicado), supera el acumulado desde 2005 hasta final de 2020.

Tipologías de obra. Entre enero de 2021 y junio de 2022 el incremento medio de costes de materiales y energía es del 39% en obras de Carreteras, del 25% en proyectos ferroviarios, llega a idéntico 25% en la obra portuaria, sube al 30% en los aeropuertos, es del 22% en iniciativas hidráulicas y del 14% y 20% en costas y edificación, respectivamente.

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