¿Es trasladable el ‘caso Telefónica’ a las empresas energéticas?

Defensores de la entrada de la SEPI en la operadora piden que el Estado participe también en las ‘utilities’, pero el Gobierno las considera blindadas

Sede de la Sociedad española de Participaciones Industriales (SEPI).CINCO DÍAS

La reciente (y relevante) decisión del Gobierno de entrar en el capital de Telefónica para amortiguar el peligro de la incursión de Arabia Saudí (que ha adquirido un 4,9% del capital y opta a otro 5% en derivados) ha desencadenado fuertes críticas: las de quienes consideran que frenará la inversión extranjera en el sector empresarial español y que es un despilfarro destinar 2.000 millones de euros de los contribuyentes a comprar, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un 10% del capital de Telefónica, lo que la convierte en su primer accionista. “El doble rasero -opinan en el Gobierno- de aceptar la entrada de fondos soberanos de países no democráticos y rechazar a la SEPI”.

Pero también en el otro extremo han surgido adeptos que reclaman la participación del Estado en las grandes energéticas, algunas, como Endesa o Repsol, privatizadas hace más de 20 años por el Gobierno de José María Aznar. Para ello apelan a la naturaleza estratégica (aunque matizable) de estas empresas. En energía, los activos verdaderamente estratégicos son las redes de transporte y distribución de gas y electricidad (en régimen de monopolio natural), que ya cuentan con una protección legal contra inversores extracomunitarios y que el Gobierno considera, de momento, garantía suficiente. Así, para comprar más del 10% del capital de una energética es necesario la autorización previa del Gobierno siempre que se trate de sociedades reguladas; que, como consecuencia de la compra, el inversor se convierta en operadores dominante del mercado correspondiente (además de la luz y el gas, el de carburantes); que no sume una potencia superior al 5% o se haga con una cartera de más de 20.000 clientes. Las que gozan de una protección total son los transportitas de las redes eléctrica (REE) y de gas (Enagás), en las que ningún inversor puede tener más de un 5% y donde la SEPI tiene un 20% histórico en la primera y un 5% en la segunda.

En el caso de Telefónica, la entrada de la SEPI se ha justificado por su actividad en el negocio de Defensa, pero también se interpreta como un aviso a navegantes, especialmente, si dichos navegantes resultan piratas. No en vano, el primer accionista de Iberdrola es el fondo soberano de Catar, con un 8,7% del capital, al que siempre se ha considerado un inversor meramente financiero.

Curiosamente, la espina de la pérdida de Endesa, que terminó en manos de la energética estatal italiana Enel en 2007, tras una larga batalla de opas que duró dos años, provocó más llagas entre quienes facilitaron el descalabro: los responsables políticos del PP que privatizaron la compañía y los gestores amigos de Aznar, a los que había puesto al frente con la esperanza de que, pese a la pérdida del capital (muy diluido con la privatización), su control quedaba garantizado en la práctica con personas de su confianza encabezando los consejos de administración. Una manera de mantener el poder empresarial al viejo estilo caciquil.

Con la vuelta del PP al poder, tras las dos legislaturas socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, se produjo un movimiento soterrado (y alucinatorio) entre miembros del equipo de Mariano Rajoy para recuperar la españolidad de Endesa. Pero, se mire por donde se mire, la compañía es irrecuperable. Principalmente, porque su accionista italiano cumplió con el requisito supremo del mercado de lanzar una opa por el 100% (aún mantiene una relevante mayoría del 70%) y pagó por ello 40.000 millones de euros. Su futuro por tanto depende de la voluntad de Enel que, de acuerdo con las modas imperantes (es impensable que un inversor industrial pueda asumir una recompra), podría optar por venderla a trozos, al estilo del Proyecto Géminis lanzado en febrero de 2022 por el presidente de Naturgy, Francisco Reynés Aunque este ha quedado en agua de borrajas, no así los motivos que llevaron a plantear la separación de los negocios (el regulado y el libre) en dos sociedades destinada a rentabilizar la salida de sus dos fondos más veteranos, GIP y CVC, con un 20% del capital cada uno.

Por sus contratos de aprovisionamiento de gas natural con Argelia, Naturgy es la energética que más podría asimilarse al caso Telefónica, esto es, que la SEPI entrara en su capital. Sin embargo, a diferencia del grupo de telecos, la concentración de su capital en cuatro manos (además de los citados fondos, el australiano IFM, con un 14% y Criteria Caixa, con el 26,7%) una participación parcial del Estado no serviría de nada. Además, en el Gobierno consideran protegidos dichos contratos de gas, tras las condiciones que impuso a IFM para su entrada en el capital de la compañía en 2021. Una especie de acción de oro indirecta a través del accionista australiano.

Los problemas de Naturgy son ahora de naturaleza interna: la dificultad de una salida rentable para GIP y CVC, que no pueden vender participaciones tan elevadas (no hay mercado) y la oportunidad perdida de una venta de activos tras el fracaso de Géminis, amén del bloqueo en un posible cambio en el equipo gestor, sitúan a la compañía en un punto muerto, con un plan estratégico sin revisar desde 2022. Fuentes empresariales apuntan a que los dos principales fondos habrían tanteado la búsqueda de inversores chinos, rusos o árabes, del tipo que, como ha quedado demostrado en Telefónica, el Gobierno considera “no deseables”. Según fuentes políticas, “todos quieren fondos soberanos occidentales, pero no hay para todos”.

A diferencia de Naturgy o Endesa, Iberdrola comparte con Telefónica la fuerte dispersión de su accionariado, pero con una capitalización muchos mayor que la protege: 75.570 millones de euros. También dispersa pero con un valor muy inferior, 16.900 millones de euros, se encuentra Repsol, si bien su negocio resulta menos atractivo al estar sometido al futuro incierto de la transición hacia una economía descarbonizada. En teoría, el capital más diluido de estas energéticas facilitaría una incursión con consecuencias para lograr un cierto control como en el caso de Arabia Saudí, que con un 10% de Telefónica tendría derecho a estar en su consejo, al que no ha renunciado expresamente (de ahí la batalla). También facilita la entrada del Estado, que con una participación menor, como el inversor al que reta, entraría en el máximo órgano de gobierno. Pero las energéticas, además de blindadas, no parecen tan deseables para inversores extranjeros de allende los mares.

En todo caso, la pérdida de valor por la pandemia y la crisis energética, han dejado a la intemperie a las grandes compañías españolas. Resulta paradójico que países que, como España, optaron por el modelo de liberalización impuesto por la UE y la privatización de sus empresas públicas (en este caso, una decisión voluntaria y no una obligación, como demuestran Francia e Italia, que mantienen en buena medida el control de sus empresas públicas) vean cómo estas terminan en manos de inversores (estatales o privados) de terceros países. Un debate que muchos Gobiernos europeos quieren mantener abierto.

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