Interior no ha impuesto ninguna sanción en los 100 primeros días del nuevo registro de viajeros
Hay 202.000 empresas que comunican diariamente datos, de las que 12.713 son hoteles y 5.021 agencias de viajes. Ambas patronales piden ser eximidas y preparan recursos ante los tribunales si no se atienden sus reivindicaciones
El 2 de diciembre entró en vigor el nuevo registro de viajeros, una norma impulsada desde el Ministerio del Interior que obliga a los establecimientos que alojen turistas, a los distribuidores que vendan billetes y a las empresas que alquilen coches a facilitar hasta 42 datos personales de sus clientes para garantizar la seguridad ciudadana. “Es un instrumento policial, de cara a la lucha contra el terrorismo y la comisión de delitos. Conocemos que en el modus operandi de las organizaciones criminales es indispensable la logística de vehículos a motor y del alojamiento”, recalcaron fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a finales de noviembre para justificar su decisión, amparándose en los resultados obtenidos en los dos años que ha funcionado de forma voluntaria, con la identificación de 18.584 personas que figuraban en bases de datos o en el sistema de información Schengen para activar órdenes de búsqueda y captura.
Unos argumentos que no sirvieron para calmar la rebelión empresarial ante una norma que aseguraban que no iban a poder cumplir, en algunos casos por falta de medios, en otros por no tener acceso a todos los datos que se exigían o por no estar dispuestos a vulnerar las leyes europeas que garantizan la privacidad de los clientes y de sus medios de pago. No cumplir con esas exigencias les exponía a sanciones que iban desde los 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad de la falta. El quid de la cuestión, según los empresarios consultados, está en la orden ministerial que desarrollará el decreto a través del que se aprobó el registro. Interior aceleró con la redacción de un borrador a finales de diciembre, pero ahora posterga hasta el verano la versión definitiva de la misma. Su importancia radica en que definirá cuántos datos habrá que aportar (la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, garantizó en diciembre que solo serían 13 y de ellos dos serían adicionales a lo que se solicitaban antes de la entrada en vigor del nuevo registro) y fijará quién estará obligado a facilitarlos. Los hoteles dicen que la gran mayoría de habitaciones de hotel se venden a través de agencias de viajes, mientras que estas señalan que una parte muy relevante de su negocio como el turismo corporativo (congresos, incentivos o reuniones) se hacen a través de cupos y en ningún momento conocen la identidad del cliente.
El balance de los 100 primeros días del registro de viajeros solo amplía la confusión sobre la aplicación de la norma. Los datos aportados por el Ministerio de Interior a este periódico, correspondientes al período acumulado hasta el pasado 17 de marzo, apuntan a que había 202.664 establecimientos dados de alta, de los que 12.713 eran hoteles, paradores y hostales, 5.021 agencias de viajes y 1.965 empresas de alquiler de vehículos. El grueso de las empresas que aportan información al registro, por lo tanto, son apartamentos y apartahoteles (68.524) y viviendas de uso turístico (65.510).
Una primera conclusión es que no están todas las empresas que son. Desde Interior confirman que no se ha puesto ninguna sanción durante esos 100 días, lo que genera aún más dudas sobre la aplicación del régimen sancionador. “Hay muchas empresas que no están aportando información y aun así no se les está sancionando, porque si lo hacen les están dando argumentos para que puedan acudir a los tribunales. Creo que esa es la razón por la que no están multando y por la que no han publicado la orden ministerial que debe desarrollar el decreto a través del que se aprobó el registro”, recalca Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a más de 16.000 establecimientos.
El secretario general de la patronal hotelera exige la publicación inmediata de la orden ministerial que desarrollará la norma. “Han pasado casi cuatro meses desde que entró en vigor el real decreto y el borrador de orden ministerial se sometió a consulta pública sin que se aceptaran ninguna de nuestras sugerencias. La orden ministerial que lo desarrollará es vital para clarificar las obligaciones que tenemos que cumplir y los pasos que tenemos que dar en el futuro”, señala Estalella, en clara alusión a una posible demanda ante los tribunales. La patronal está asesorada por el bufete Tourism & Law y ya ha avanzado su predisposición a denunciar el registro ante los tribunales si se les obliga a recopilar cierta información, basándose en la sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fechada el 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el registro vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. “Esa sentencia solo establece dos excepciones: que haya una alerta terrorista o que exista una autorización judicial”.
En la misma situación se encuentran las agencias de viajes, que también tienen preparada su defensa legal al haber sido ignoradas todas sus reclamaciones durante el periodo de alegaciones al borrador de la orden ministerial. “El trabajo con los asesores legales de los últimos meses ha estado dirigido a una futura impugnación de la orden ministerial si es que alguna vez se publica”, apunta Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que al igual que los hoteleros, ha recibido multitud de protestas por el funcionamiento del registro. “Muchos asociados se han quejado de que la plataforma se queda bloqueada con mucha frecuencia y que muchos clientes se niegan a dar algunos datos personales”.
Las agencias de viajes quieren que se les excluya del ámbito de aplicación del registro y basan su petición en que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo afecta a las actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos a motor, sin que se mencione como posibles sujetos obligados a las agencias de viajes, a los operadores turísticos o a los intermediarios. “La inclusión de las agencias de viajes en un real decreto vulneraría así el principio de jerarquía normativa”, recalca Tejero.
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