Una decisión excepcional
La entrada de la SEPI en Telefónica no constituye el modo ordinario de actuación del poder público en el mercado, aunque tampoco es una decisión inédita en el contexto empresarial europeo
La resolución de comprar el 10% del capital de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) constituye una decisión compleja desde el punto de vista financiero, empresarial y político. La entrada de capital público en el accionariado de la operadora, 26 años después de su privatización, que exigirá la concesión a la SEPI por parte del Gobierno de un crédito o transferencia que le permita afrontar una operación equivalente a diez veces su capacidad inversora, busca defender el carácter fuertemente estratégico de Telefónica frente a la ofensiva de la saudí STC, pero se trata también de una decisión extraordinaria que debe ser cuidadosamente explicada y gestionada.
La entrada de la SEPI en Telefónica convierte al Estado en el primer accionista de una compañía que tiene un peso indiscutible para el conjunto de la economía española, especialmente en sectores tan sensibles para el país como el de la investigación, la seguridad o la defensa, y cuya cotización a bajo precio la ha hecho fuertemente vulnerable. La decisión resulta razonable si se analiza en el marco de ese contexto y como forma de defender el carácter estratégico de la teleco frente al riesgo que ha supuesto la entrada de STC, brazo inversor de un régimen autoritario como Arabia Saudí, que ha adquirido un 4,9% del capital con opción a otro 5% a través de instrumentos convertibles. La respuesta del Gobierno a esa operación, que todavía no ha sido autorizada oficialmente, se antoja más pragmática que vocacional en el actual contexto empresarial europeo y en el marco de la protección por parte de cada país de sus compañías estratégicas, y concretamente en el sector de las telecomunicaciones. Es el caso de Deutsche Telekom, donde el Estado alemán conserva un 30,46% de participación; de la francesa Orange, en la que el Gobierno francés mantiene alrededor del 23% de los títulos, o de Telecom Italia, en la que la titularidad pública alcanza el 9,81% de la compañía.
El Gobierno ha tomado una decisión difícil respecto a Telefónica que trae aparejados riesgos inevitables y que tiene que calibrarse cuidadosamente, como el peligro de lanzar un mensaje erróneo a los inversores respecto a las reglas de juego que rigen en un mercado abierto como el español. O que la gestión se vea marcada por criterios no puramente empresariales. El Ibex recibió ayer con un alza de algo más de un 3% la autorización de la compra, lo que supone un buen comienzo para una operación que no constituye el modo ideal de funcionamiento del mercado, sino una concesión a consideraciones estratégicas que pueden resultar necesarias, aunque deban ser excepcionales.
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