Anticorrupción sugiere citar a Torres en el caso BBVA si la jefa jurídica del banco no declara
La fiscalía se opone al recurso que el banco presentó contra la citación como testigo de María Jesús Arribas
Los fiscales del caso Villarejo sugieren la posibilidad de llamar a declarar al presidente de BBVA, Carlos Torres. Así lo plantea la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, al que ha tenido acceso CincoDías, en el que rechaza el recurso del banco contra la citación como testigo de su directora de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas, alegando que su condición de “abogada interna” le impide comparecer. La cita ante el juez de la jefa legal de BBVA está prevista para este viernes, 21 de julio.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón llamó a declarar a una decena de empleados del banco, entre ellos la directora legal de BBVA para aclarar su conocimiento sobre los contratos que el banco llevó a cabo con el comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017. Arribas se había librado hasta ahora de tener que enfrentarse a las preguntas de Anticorrupción, otras acusaciones y las defensas de los ex directivos investigados, si bien su aparición como emisora o destinataria de unos correos electrónicos relacionados con dicha contratación, en 2018, cuando empezaron a salir a la luz las primeras noticias sobre el caso Villarejo, han provocado su citación.
Para intentar impedir la citación, BBVA esgrimió vulneración de derechos porque, según afirmó, Arribas forma parte del equipo de defensa del banco, imputado como persona jurídica. Según explicó la entidad, debido a su cargo mantiene una relación directa con Garrigues, despacho de abogados contratado para defender a la compañía en esta causa judicial. En este sentido, el recurso recordó que se nombró a un representante legal, Adolfo Fraguas, para atender a cualquier petición de declaración que fuese oportuna.
Los fiscales no dan validez a este argumento y ejercen presión para que Arribas declare. En su opinión, si la condición de “abogada interna” de la directora legal no le permite responder a todas las preguntas que le puedan hacer, en su lugar habría que llamar al máximo responsable de BBVA, ya que a él no le ampara ningún derecho de secreto profesional que protege a los letrados.
“El Consejo acordó, por unanimidad, facultar al presidente, Carlos Torres Vila, y a la directora de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas de Paz, para que cualquiera de ellos indistinta y solidariamente pueda proceder a la designación de la persona representante del banco en esta causa en el mejor interés de la entidad. Se trata de una delegación como consecuencia, cabe inferir (y en punto a parte se desarrollará el porqué) del alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt que tenían Carlos Torres Vila y María Jesús Arribas de Paz. No podemos compartir, que ello implique formar parte del ‘equipo de defensa’ pues, si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres Vila, ¿formaría éste parte del equipo de defensa? o, en tal caso, habría de ser citado éste al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada”, razona Anticorrupción.
Investigación del ‘forensic’
De este modo, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro intentan desmontar la estrategia de BBVA. El banco denunció en su recurso que la verdadera intención de los fiscales, que solicitaron el interrogatorio de Arribas, es investigar cómo se llevó a cabo el forensic, la investigación interna que PwC elaboró por orden de los abogados del banco para depurar responsabilidades por los encargos de espionaje a Villarejo.
Tal y como informó este diario, en dicha investigación ni se “procesaron” ni se “analizaron” los corroes y archivos de Torres, ni del que fuera su hombre de confianza durante años, Ricardo Forcano, pese a que en una nota interna de 2019, elaborada por la propia Arribas, se incluyeran al presidente y al que fuera director del departamento de talent & culture.
A lo largo 39 páginas, Anticorrupción señala que sobre estas actuaciones internas, que comenzaron a realizarse de manera “confidencial” en octubre de 2018, tuvo conocimiento un “quorum restringido” formado por el presidente Carlos Torres; el entonces jefe jurídico de BBVA, Eduardo Arbizu; el director global de riesgos, Rafael Salinas Martínez; director de auditoría interna, José Luis de los Santos Tejero; el ex director de los servicios jurídicos contenciosos Eduardo Ortega; el director de comunicación Paul García Tobin; el jefe de cumplimiento normativo Antonio del Campo de los Santos; y, por último, María Jesús Arribas, entonces como número dos del departamento legal.
“De las mismas, tres constan como investigados en las presentes actuaciones y otra ha prestado declaración como testigo, de forma que, de los expresamente convocados, sólo resta por declarar María Jesús Arribas”, recalcan los fiscales para justificar la comparecencia de ésta última, al tiempo que obvian la situación del presidente, que tampoco ha sido nunca citado a declarar.
Vulneración de derechos
Así las cosas, Anticorrupción comparte que Arribas es una “abogada interna” de BBVA, si bien discrepa sobre su participación en el equipo que defiende al banco en esta causa judicial, ya que no se ha “acreditado que la intervención lo fuese en el marco de una relación de abogado-cliente”. Así las cosas, los fiscales consideran que el interrogatorio a la directora legal no vulnera ni el derecho de defensa ni el de secreto profesional.
Por último, los fiscales contradicen al banco acerca de que esta directiva, sucesora en el cargo de Eduardo Arbizu, y elegida por Carlos Torres para dicho puesto, no sabía nada de los trabajos de Villarejo, tal y como BBVA ha defendido en las anteriores ocasiones en las que se ha planteado una posible declaración de Arribas. Los representantes del ministerio fiscal aseguran que Arribas sí tuvo contacto con estos hechos antes de que saltaran las primeras noticias sobre el comisario jubilado en 2018 y de que se iniciara la investigación interna en BBVA.
Muestra de ello, indican los fiscales, son los correos revisados en la causa, que demostrarían que “con anterioridad al 10 de noviembre de 2.017, María Jesús Arribas de Paz era conocedora de la existencia de Cenyt, así como que tal empresa se encontraba con contrato vigente con el BBVA”. En concreto, el mensaje en copia que recibió el 10 de noviembre de 2.017 de una empleada del departamento de servicios jurídicos, bajo el asunto “Cenyt – Carta terminación”.
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