Torres asegura que no conoció los trabajos de Villarejo con BBVA hasta mediados de 2018 y se desliga del ‘forensic’
El presidente del banco declara como testigo en la Audiencia Nacional y defiende la actuación de la entidad
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha declarado durante tres horas ante el juez que investiga el caso Villarejo y ha asegurado que no fue hasta mediados de 2018 cuando tuvo conocimiento de los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo para el banco entre 2004 y 2017. Asimismo, ha desvinculado a la entidad bancaria (investigada como persona jurídica por estos hechos desde julio de 2019) de la toma de decisión relacionada con la investigación interna que el banco llevó a cabo para depurar responsabilidades por la contratación del agente encubierto. Los datos y archivos no fueron analizados, pues, según ha indicado, todo ello dependió de los encargados “externos” de realizar estas pesquisas.
Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el interrogatorio ha transcurrido con normalidad, aunque con algunos momentos de tensión. La Fiscalía Anticorrupción ha manifestado algunas discrepancias con las respuestas de Torres y la defensa del expresidente de BBVA Francisco González (investigado en esta causa) ha recordado las quejas de los fiscales sobre una aparente o falsa colaboración del banco con la justicia.
Al respecto, Torres ha enfatizado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que tanto él como el consejo de administración dieron la instrucción clara de mantener una colaboración total con la justicia. De hecho, ha recalcado que dicha orden expresa aparece en todas las actas del consejo y que la medida se ha aplicado porque todo lo que ha aparecido en la investigación interna se aportado a la causa.
Torres, nombrado presidente de BBVA en noviembre de 2018 pero con efectos desde el 1 de enero de 2019, ha comparecido este lunes como testigo en la Audiencia Nacional y ha aclarado cuánto sabía de los encargos de espionaje o consultoría que el banco hizo a Villarejo, por los que cobró 10,3 millones de euros. De hecho, al principio de la declaración, ha destacado que su testimonio no es como máximo responsable del banco, sino como testigo de unos hechos que se están investigando, según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
En concreto, el juez y la Fiscalía Anticorrupción querían indagar en “lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018″, poco después de que empezarán a salir las primeras noticias sobre la relación entre el banco y Villarejo, y si los controles internos de la entidad funcionaron para la prevención del delito. Aun así, el fiscal ha centrado parte de sus preguntas en años previos para saber si durante la etapa de Torres como consejero delegado (entre 2015 y 2019) o tras su llegada al banco como responsable de estrategia y desarrollo (en 2008) tuvo algún tipo de conocimiento sobre los trabajos del comisario jubilado. La respuesta a todo ello ha sido negativa.
Grado de importancia
Torres ha explicado que empezó a tener conocimiento de los contratos investigados a partir de “junio o julio de 2018″, pese a que las primeras noticias sobre las labores del polémico policía para el banco empezaron a aparecer en mayo de dicho año. Concretamente, esa información publicada el 24 de mayo hizo que el director de comunicación de BBVA, Paul García Tobin, enviara por la noche un correo electrónico a altos directivos del banco para alertar de lo sucedido. No obstante, según ha remarcado Torres, no le dio ninguna relevancia a este mensaje, que ni siquiera leyó en ese momento.
El grado de importancia empezó a aumentar en octubre de 2018, cuando el comité global de corporate assurance, el órgano de prevención de delito, celebró una reunión extraordinaria en la que informó a un quórum reducido de altos cargos de BBVA sobre los contratos y pagos realizados a Cenyt, la empresa liderada por el comisario jubilado. Como era habitual, este comité estaba presidido por Torres, en su papel del consejero delegado, y el conocimiento de todo ello es el motivo que ha justificado la citación del ahora presidente del segundo grupo bancario español.
Sin embargo, según ha detallado Torres, su interés por el asunto creció realmente en enero de 2019, recién llegado a la presidencia de la entidad, con la publicación de unos audios de conversaciones que el exjefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano mantuvo con Villarejo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha llamado la atención acerca de que dicho cónclave se reuniera también de forma urgente, hasta en tres ocasiones, los primeros días de ese mes para analizar estos hechos, según las fuentes jurídicas consultadas.
Para conocer la reacción interna del banco tras el estallido del caso Villarejo, el juez citó a declarar a la jefa de los servicios jurídicos de BBVA, María Jesús Arribas, el pasado mes de julio, si bien ésta se acogió a su derecho a no declarar para evitar vulnerar su obligación de guardar secreto profesional como abogada del banco. Esta directiva, que reporta directamente a Torres, estuvo presente en dichas reuniones de corporate assurance y conoce el detalle de la investigación interna y del consecuente forensic que se elaboró.
Como alternativa, y para indagar las decisiones del banco ante las consecuencias del caso Villarejo, Anticorrupción solicitó la declaración de Torres, que finalmente ha tenido lugar este lunes, que comparece en la Audiencia Nacional tras cinco años de instrucción de los hechos relacionados con BBVA en marcha.
Decisión externa
Sobre el forensic, Torres ha recordado que la investigación interna se externalizó en enero de 2019, y que de ello se encargaron los abogados del banco Garrigues (también Uría) y la consultora PwC. Así, sobre el hecho de que nada relacionado con él se incluyera en las conclusiones de este informe, aportado por BBVA a la Audiencia Nacional, ha afirmado que nadie del banco ha dado ninguna instrucción sobre qué hacer al respecto.
Este hecho es uno de los puntos más cuestionados por algunas de las partes personadas en esta causa, debido a que la jefa del departamento legal de BBVA elaboró una nota, el 14 de enero de 2019, remitida a Auditoría Interna, para establecer un listado sobre las personas cuyos archivos debían ser “analizados”. Entre ellos no aparecía solo Torres, sino también el que fuera su hombre de confianza, Ricardo Forcano, entonces jefe del departamento de talento y cultura. Los nombres incluidos en esta lista no fueron elegidos al azar, pues, según indicó Arribas, se trataba de la “línea jerárquica completa de reporte (no sólo reporte directo de JC durante su época de empleado del banco”, en referencia a Corrochano. Sin embargo, ni los archivos del presidente del banco, ni de su mano derecha fueron ni “procesados” ni “analizados”.
Según ha especificado Torres durante su declaración, y de acuerdo a las fuentes jurídicas presentes en la misma consultadas, él entrego sus dispositivos electrónicos para que se procediera el volcado de sus datos y su consecuente análisis, si bien se enteró por la prensa de que estos finalmente no fueron examinados. En este sentido, también ha apostillado que el departamento de auditoría interna, que fue el primer encargado de realizar la investigación interna, se quedó sin el liderazgo de la misma en enero de 2019, ya con Joaquín Gortari al mando de este área, aprovechando la salida del anterior jefe, José Luis de los Santos. De este modo, se dejaron las pesquisas en manos de los abogados externos y la consultora contratada para ello.
A lo largo de las tres horas de la declaración, Torres también ha sido cuestionado por uno de los contratos con más interrogantes que obran en el sumario de la causa. Se trata del relacionado con Anbycol, la empresa de Antonio Bonilla, un policía cercano a Villarejo, que trabajó con BBVA con el mismo modus operandi que Cenyt, en 2018, una vez que el comisario jubilado ya estaba en prisión provisional. Sobre ello, el presidente de BBVA ha indicado que no tenía conocimiento sobre ello.
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