La burocracia lastra la instalación de puntos de recarga con retrasos de hasta dos años
La CNMC establecerá normas homogéneas de acceso a la red de energía y puesta en marcha de estas estaciones públicas. El 60% de los puntos ultrarrápidos de Endesa no se pueden usar
El desarrollo de la movilidad eléctrica se encuentra ante un cuello de botella administrativo que está provocando que un punto de recarga público ya instalado, en muchos casos, no pueda usarse. Según señalan empresas energéticas como Endesa o Cepsa, el plazo medio para que una estación de recarga pública ultrarrápida de coches eléctricos esté activa puede ser de hasta dos años. Otras fuentes consultadas por este periódico afirman que ese plazo puede duplicarse hasta los cuatro años.
Uno de los principales problemas, coinciden ambas compañías, es la gran cantidad de trámites a los que tienen que hacer frente y las distintas administraciones públicas implicadas. “Intervienen múltiples administraciones públicas: locales, regionales y estatales. Esto requiere una alta carga de trabajo administrativo tanto para la presentación de expedientes, como para el seguimiento y resolución de requerimientos, ya que el proceso en cada administración es diferente y los plazos de respuesta están siendo muy altos en función de la administración”, explican fuentes de Cepsa a CincoDías.
Esto provoca que, por ejemplo, Endesa X Way (la filial de Endesa dedicada a la movilidad eléctrica) tiene instalados en España 400 puntos de recarga ultrarrápidos de entre 150 kW y 350 kW, pero solo el 40% de ellos pueden usarse. Otras fuentes del sector apuntan a que es necesario una regulación homogénea que impida que cada distribuidora imponga las normas que considere oportunas para instalar un punto de carga. “Los trámites a realizar con las distribuidoras para la obtención de potencia de acceso a la red eléctrica también son complejos, con plazos de respuesta muy amplios y falta de transparencia en los procesos, lo que dificulta agilizar la planificación del despliegue y la realización de obras”, puntualiza Cepsa.
En este sentido, la CNMC publicó en mayo una propuesta de circular para regular el acceso a la red de energía e instalación de puntos de recarga, aunque falta su aprobación definitiva. Fuentes de la CNMC prevén que esta llegue a su pleno próximamente y se publique en el BOE antes de fin de año. En ese entonces pasará a ser una norma legal.
“Esto significará un paso adelante en la simplificación y transparencia en los procesos de instalación de puntos de recarga, principalmente porque en los procesos de solicitud de acceso y conexión a la red, el solicitante (quien está instalando el punto de recarga) conocerá la capacidad disponible por parte de la red en la zona donde quiere instalar el puntos de recarga y, en el caso de que se deniegue la solicitud, la distribuidora deberá ofrecer puntos de conexión alternativos y los refuerzos que serían necesarios para poder llevar la capacidad solicitada a ese punto”, dice Arancha García, directora del área industrial y medioambiente de Anfac, la patronal española de fabricantes de coches.
Falta de personal
Ya sea por el exceso de burocracia o por la falta de unas reglas claras y definitivas, en el sector coinciden en la escasez de personal público para realizar estas gestiones. “Hay que incidir en medidas que doten de mayores recursos a las administraciones públicas para reducir los cuellos de botella de la avalancha de expedientes ligados a permisos y licencias de acometidas de la red eléctrica no solo para el vehículo eléctrico”, señala Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.
Fuentes del Gobierno reconocen a este periódico la existencia del cuello de botella en la instalación de puntos de carga, pero destacan que han puesto en marcha varias medidas para aminorar los tiempos. En este sentido, resaltan, por ejemplo, que se ha otorgado la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad con potencias superiores a los 250 kW. “Otra medida a destacar fue la modificación de la Ley de Hidrocarburos para facilitar la instalación de puntos de recarga en gasolineras, introduciendo mayor competencia al impedir las cláusulas de exclusividad entre los operadores mayoristas y sus abanderados o franquiciados a la hora de prestar servicios de recarga”, añade, por su parte, Pérez de Lucía.
Más de 25.000 puntos públicos de recarga
“Cantidad razonable”. Según Aedive, a 30 de junio había en España unos 25.106 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, lo que supone un incremento del 16,4% respecto a 2022. Además, hay unos 6.800 puntos pendientes de su puesta en servicio. Una de las compañías que más estaciones tiene es Endesa, con una red de aproximadamente 5.000 puntos instalados (aunque una parte puede no estar en funcionamiento por la falta de permisos administrativos). Un 40% de ellos ofrecen potencias ultrarrápidas o rápidas, es decir, de más de 50 kW.
Órgano coordinador y potencias mayores para camiones. “Es necesario que España tenga un órgano que permita planificar, impulsar, coordinar, evaluar y garantizar el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público mínima para vehículos ligeros y pesados en el territorio nacional. España se encuentra muy lejos de cumplir con los objetivos marcados por Europa en este ámbito”, indica Arancha García, de Anfac. Esta asociación también advierte de la falta de puntos de recarga para el transporte pesado, que requerirá en un futuro de potencias de 800 kW en adelante para lograr cargas ultrarrápidas.
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