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Tribuna
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En defensa de la abogacía y del Estado de Derecho

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid hace balance de sus primeros seis meses al frente de la corporación

Sede del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), foto de archivo.
Sede del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), foto de archivo.

La abogacía, garante del derecho de defensa y de las libertades, representa uno de los pilares sobre los que se sustenta el Estado de Derecho. Sin abogados no hay Justicia y sin Justicia no hay derechos ni libertades. A pesar del papel angular en la democracia y en la Administración de Justicia, la abogacía viene padeciendo unas condiciones insostenibles: sin derecho a la conciliación, sin recibir el justo pago por todas nuestras actuaciones y sujetos a un trato, con frecuencia, contrario a la dignidad.

Son problemas que comparte la abogacía en su conjunto, sin distinciones.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) vive con gran preocupación el deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa que estamos sufriendo. Unos meses en los que hemos vivido una situación sin precedentes en nuestra Administración: una paralización absoluta por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia primero y de los funcionarios después.

Cuando tomamos posesión de nuestros cargos el pasado 12 de enero, afirmamos que esta Junta de Gobierno no solo estaba llamada a gestionar con eficacia nuestra noble corporación, sino a reivindicar y defender el Estado de Derecho y a la dignidad de la propia abogacía. Desde el diálogo, pero también desde la firmeza más absoluta hemos tratado de ser fieles sin descanso a este compromiso.

No podíamos aceptar por más tiempo las condiciones indignas, y de hacinamiento, que sufría la abogacía en las salas de espera junto a los calabozos en Plaza Castilla. Acabar con esta situación ha sido una de nuestras prioridades. Conseguir nuevas salas para los letrados y letradas que prestan asistencia a los detenidos ha sido uno de los logros que más nos satisfacen de estos meses. También el haber conseguido que se asignen plazas de aparcamiento en los juzgados de la calle Albarracín para los abogados de oficio que realizan guardia.

La progresiva digitalización de la Justicia no puede suponer una merma del derecho de defensa. Por ello, también hemos llevado a cabo un plan integral de renovación de los equipos informáticos de las salas de abogacía y oficinas de enlace, facilitando además equipos específicos para el acceso al expediente electrónico.

Siempre he defendido que no existen dos abogacías, una institucional y una real. Quienes tenemos el honor de representar a nuestros compañeros desde cargos institucionales lo hacemos sin perder nuestra condición profesional.

Por eso, esta Junta de Gobierno no tuvo dudas en abrir el ICAM a la abogacía de toda España que vino a Madrid el 27 de abril en una concentración unitaria histórica frente al Congreso de los Diputados para reivindicar la necesaria dignificación del turno de oficio y las mejoras en sus condiciones. Una concentración a la nos sumamos de forma decidida desde esta Junta de Gobierno.

Por ello también hemos estado comprometidos en todo momento con la defensa de nuestros compañeros, defendiendo a cada colegiado que nos notificaba una situación de trato desconsiderado en sedes judiciales. Y para facilitarlo, hemos instalado puntos de reporte urgente de incidencias en las principales sedes judiciales de Madrid, además de editar una guía práctica y realizar talleres formativos para que todos los profesionales conozcan cómo pueden defenderse y cómo puede el colegio ayudarles.

No podíamos tolerar ni un solo día más que la abogacía continuara siendo el único operador jurídico sin derecho a conciliar, por lo que lanzamos un manifiesto, que ya ha alcanzado más de 4.000 firmas y que hemos ido presentando a diferentes personalidades de la política como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o a todos los grupos políticos e la Comunidad de Madrid. Parte de estas reivindicaciones se han recogido en el Real Decreto Ley 5 2023 y ante causas de fuerza mayor, los abogados pudieran solicitar la interrupción de plazos otorgando a los colegios un importante papel. En el ICAM, desde el primer momento en que esta modificación normativa se publicó en el BOE, creamos 112 Abogacía, un servicio que funciona las 24 horas todos los días del año para canalizar esas peticiones. Aún así, seguimos reclamando una conciliación real y el derecho a la desconexión digital, para que el ejercicio de nuestra profesión no suponga renunciar a nuestra vida personal y familiar.

Esta junta, de la que tengo el honor de ser decano, ha estado desde el primer momento también comprometida y concienciada con los problemas que sufre la abogacía que pasa por dificultades. Por ello, bajo el lema "Ayudar más, ayudar mejor", hemos relanzado nuestra fundación, renombrándola como Fundación ICAM Cortina y que, además de ayudas y prestaciones, canalizará toda la acción social del colegio, como un programa pionero de atención al bienestar y salud mental de los profesionales de la abogacía, con dos líneas telefónicas de apoyo psicológico.

Todo esto es el resultado de seis meses trabajando por la abogacía con inmensa ilusión, con espíritu constructivo y colaborador, pero también con extraordinaria responsabilidad.

Bajo esos mismos principios mañana abordamos un hito histórico en la historia centenaria de nuestro colegio: la operación de Serrano, 9, con la adquisición del resto de plantas de nuestra sede que actualmente no tenemos en propiedad, consiguiendo un legado para los colegiados de hoy y de mañana y la dignificación de la casa y kilómetro cero de la abogacía madrileña, y que nos permitirá poner en marcha un plan de innovación sin precedentes.

Nuestro compromiso es y será siempre con el conjunto de la abogacía madrileña, que es también con la sociedad española, siempre en la defensa del Estado de Derecho, las libertades, el progreso y la Justicia.

Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

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