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Las huelgas en Justicia asfixian a abogados y procuradores: los pequeños despachos plantean ERTE y cierres

El parón de la actividad judicial ha afectado directamente a las cuentas de los despachos, ya que cobran según el avance de las causas

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, leyendo un manifiesto durante la manifestación celebrada por abogados, el pasado 28 de junio, en Santander.
El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, leyendo un manifiesto durante la manifestación celebrada por abogados, el pasado 28 de junio, en Santander.Joaquin Gomez Sastre (NurPhoto via Getty Images)

La Justicia ha vivido una primera mitad de año convulsa con las huelgas de los letrados de la administración de Justicia –antes denominados secretarios judiciales– y de los funcionarios para reclamar una subida salarial y la mejora de sus derechos laborales. Estas protestas ha bloqueado la actividad judicial y ello ha afectado directamente a los pequeños despachos de abogados y de procuradores, que han visto mermados su ingresos, ya que su supervivencia depende del avance de las causas y del dictado de sentencias. Para paliar las consecuencias de los paros judiciales, estos profesionales se están viendo obligados a tomar medidas drásticas, como el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y cierres temporales.

“En el área procesal de los despachos, normalmente, los honorarios se indexan a los actos judiciales. Si el procedimiento se ha paralizado, el problema es que no se puede seguir facturando al cliente porque el proceso no avanza”, ha explicado a CincoDías el abogado Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y socio director de Andersen en Madrid. “La mayoría de profesionales cobramos por asunto terminado y si no se terminan, no cobramos”, ha precisado el presidente del Colegio General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, que ha destacado que las huelgas están haciendo “más daño” a los despachos pequeños porque les cuesta llegar “a fin de mes”.

En el caso de los bufetes grandes, las consecuencias no son tan graves debido a que tienen “mayor capacidad financiera para aguantar” por su estructura diversificada, señaló el diputado del ICAM. Y es que “la reducción de ingresos en el área procesal se puede ver compensada con otras áreas”, ha apostillado.

De los letrados a los funcionarios

Los primeros en ponerse en huelga fueron los letrados de la administración de Justicia, que estuvieron desde el 24 de enero hasta el 27 de febrero, cuando negociaron con el Ministerio de Justicia una subida mensual de hasta 450 euros al mes. A finales de mayo, los jueces y fiscales también pactaron con el ministerio un aumento similar. No obstante, estos colectivos han denunciado que, a día de hoy, dichos acuerdos no se han hecho efectivos, por lo que han dado un ultimátum al Gobierno para que cumpla con su compromiso antes de ir a los tribunales y adoptar nuevas medidas de presión.

Por su parte, los funcionarios de Justicia, que ya llevaban un tiempo amenazando con iniciar sus protestas, comenzaron a hacer paros parciales el 17 de abril, si bien el 22 de mayo decidieron ir más allá e iniciaron una huelga indefinida. En este caso, en ningún momento se han acercado posturas, por lo que los sindicatos decidieron suspender sus reivindicaciones hasta la formación del próximo gobierno tras las elecciones del próximo 23 de julio.

Ante esta situación, algunos decanos de colegios de abogados han advertido de la difícil situación que atraviesan los despachos: “Los abogados ya han comenzado a echar el cierre”, afirmó el decano de Córdoba, Carlos Arias, durante una concentración el pasado 28 de junio, día en el que los abogados y procuradores de toda España salieron a manifestarse contra el “colapso” de la Justicia, que lleva años resentida y que se agravó con la pandemia, cuando tuvieron que bajar la persiana durante los tres meses de confinamiento. La Abogacía de Murcia también ha alertado de cierres y despidos.

En el caso concreto del colegio de Madrid, según ha indicado Javier Mata, no se han constatado aún cierres, pero sí de “ERTEs y salidas pactadas”, así como de la solicitud de ayudas a la Fundación Cortina, dependiente del ICAM, que atiende a colegiados y familiares en situación de vulnerabilidad. En el caso de los procuradores, Estévez ha señalado que la institución que preside ha reducido la cuota de los colegiados como medida de apoyo, al igual que se hizo durante la crisis sanitaria del covid-19.

“Empezar casi desde cero”

Según ha indicado Javier Mata, la paralización de los procedimientos está generando una “distorsión” en las cuentas de los despachos. Pese a no tener los mismos ingresos, los costes de personal, que pueden suponer hasta el 65% de los gastos del despacho, el alquiler de oficina y los gastos de consumos permanecen. “Si por el retraso se ha estropeado la estructura de ingresos, los bufetes empiezan a tener dificultades en un plazo breve para atender a la estructura de costes y como consecuencia más gravosa se empieza a prescindir de empleados y te ves obligado a cambiar en la forma de desarrollo de tu actividad”, ha explicado. A ello se debe sumar el “coste moral” que supone para muchos letrados y procuradores esta circunstancia, puesto que en muchas ocasiones se ven obligados a volver a “empezar casi desde cero”, ha destacado.

A lo largo de los casi seis meses de conflicto, los abogados han manifestado sus quejas por las dificultades que han tenido en su día a día, en las que, entre otras situaciones, han conocido la suspensión de los procedimientos sin suficiente antelación. Así, lo ha manifestado Eduardo Morato, miembro del departamento jurídico del sindicato de abogados Venia, que ha lamentado que ya se puede “dar por perdido este año judicial, traducido en cuantiosos daños y perjuicios ocasionados a los profesionales (abogados y procuradores) y por supuesto al justiciable”.

En este sentido, ha estimado que se tardarán “entre tres y cinco años” para que la administración de Justicia se pueda “poner al día de este parón”. “La situación es trágica e irrecuperable en tanto que siguen teniendo que asumir los mismos o similares gastos pero sin ingresos”, ha agregado.

Carta al Gobierno

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y su homólogo en la procura, Juan Carlos Estévez, enviaron el pasado 20 de junio una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pidieron la “pronta resolución de conflictos” para volver a un “normal funcionamiento del Estado de Derecho”.

La misiva subraya que la Justicia vive “una parálisis que afecta gravemente a todos los ciudadanos y ciudadanas inmersos en un procedimiento judicial, así como, lógicamente, a las decenas de miles de profesionales de la Abogacía y la Procura que les dan servicio, y que se encuentran prácticamente sin poder trabajar, al igual que las también decenas de miles de personas que colaboran, tanto con la Abogacía, como con la Procura”. Según afirmó el presidente de los procuradores, de momento no han recibido respuesta.

Incidencias en los juzgados

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), uno de los colegios más grandes de España, a través de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ), realizó una encuesta, entre 26 de mayo y el 5 de julio de 2023, a sus colegiados para conocer las consecuencias que han sufrido por la huelga de funcionarios de la administración de Justicia. En ella participaron 193 letrados de los más de 17.300 colegiados ejercientes.

Las principales conclusiones que se desprende de la consulta es que el 74% manifestó haber tenido retrasos en la celebración de señalamientos y un 84% afirmó que se suspendieron actuaciones judiciales. Las incidencias más importantes se han producido en el ámbito civil (casi un 50%), seguido de social (19%) y penal (un 16%). En el ámbito de familia también se ha registrado un 9% de diligencias y actuaciones que no se han practicado por la protesta de los funcionarios.

En un 80% de las ocasiones, los profesionales de la abogacía han asegurado que no habían sido informados previamente de la suspensión del señalamiento, pese a que en la gran mayoría de los casos éstos habían preguntado con antelación para verificar si una determinada actuación judicial se celebraría o no.

Asimismo, de las suspensiones de actuaciones y juicios, solo en un 12% de los casos se ha fijado una nueva fecha de señalamiento con menos de un mes de retraso; y en un 62% de las ocasiones ha quedado pendiente un nuevo señalamiento.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.

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