El nuevo fondo público de pensiones competirá con los planes privados

El Gobierno prevé fijar comisiones máximas del 0,3% e Inverco pide el 0,5%

El sector teme que la gestión quede desierta si la oferta no mejora

Planes de pensiones Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para impulsar el primer paquete de la reforma de pensiones prometido a Bruselas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá centra ahora sus esfuerzos en desarrollar la otra gran medida que confía en tener aprobada este mismo año: el diseño de un nuevo fondo público de pensiones. Un instrumento masivo de ahorro para la jubilación que entrará a competir directamente con la oferta del sector privado y que el Gobierno aspira a introducir de forma generalizada en las empresas españolas, vía convenios colectivos, incluyendo desde grandes compañías a pymes.

El diseño del mecanismo ha comenzado a ser abordado con las entidades del sector privado, con las que se busca dar forma al esqueleto que se presentará luego al diálogo social, donde acabará de definirse.

El Gobierno planea delegar la gestión del fondo en manos privadas emitiendo un pliego de condiciones que detallará, entre otros aspectos, la comisión máxima que se podrá cobrar, revelan en Seguridad Social, donde barajan proponer entre un 0,2% y un 0,3%. Cifras que no convencen al sector.

“Hay muchas entidades que no lo ven atractivo y no harán oferta” para gestionar el fondo, advierte el presidente de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones, Ángel Martínez Aldama, que teme que el concurso quede desierto si el Ejecutivo no establece el libre acceso de competidores y mejores condiciones. Aldama advierte que en países donde el mecanismo lleva décadas implantado, como Reino Unido u Holanda, las comisiones máximas rondan el 0,48% y las efectivas alcanzan el 0,5%, y eso teniendo en cuenta que allí la adscripción al fondo es semiobligatoria, lo que garantiza volúmenes crecientes año a año, “algo que está por ver aquí”, ilustra.

Los planes semiobligatorios lo son por incluir cláusulas de adscripción por defecto que incorporan al trabajador al fondo de forma automática, aunque se le da opción de salir del mismo si lo así reclama. Una vía en estudio pero que genera dudas jurídicas en España por si vulnera la voluntariedad de estas fórmulas de ahorro.

Rival del plan individual

Otra de las decisiones clave que el Ministerio está ultimando es si el fondo podrá captar directamente el ahorro que actualmente se encuentra depositado en planes individuales de pensiones, frente a los que Escrivá presenta el nuevo fondo como una oportunidad mucho más rentable dado el comportamiento de los planes de empleo y sus bajas comisiones.

En los últimos 20 años, la rentabilidad media de los planes de empleo ha sido del 3,1%, mientras que en los individuales ha sido del 1,8%, según datos de Inverco. Tal vez la diferencia no parezca enorme pero, si alguien invirtió en un plan individual 10.000 euros el primer año y luego 2.400 euros cada año, habría acumulado 72.500 euros en un plan individual y 13.000 más en uno de empleo. La diferencia de rentabilidades tiene varias explicaciones (el volumen de los planes, la política de inversiones...) pero hay una evidente: las comisiones. De acuerdo con datos de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones, los planes individuales aplican de media una comisión anual del 1,18%, mientras que los de empleo cobran un 0,23%.

A la espera de que se termine de definir, la patronal del seguro, Unespa, critica con dureza que el Gobierno haya rebajado con fuerza el atractivo fiscal de los planes individuales de empleo (rebajando de 8.000 a 2.000 euros la aportación anual que podía deducirse del IRPF) desde el 1 de enero de 2021 sin haber desarrollado aún la alternativa del plan de empleo (cuya deducción sube de 8.000 a 10.000 euros).

Aunque el Ejecutivo trabaja con el horizonte de tener en marcha el nuevo fondo público en 2022, la falta de avances hace temer al sector privado que su lanzamiento podría retrasarse de nuevo, alargando el periodo de bajo atractivo fiscal en el ahorro para la jubilación.

Comité de expertos

Otro de los grandes debates alrededor de este proyecto es cómo se articularía su gobernanza. Parece que el Ministerio quiere mantener el control del fondo, pero con la colaboración de patronal y sindicatos. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el proyecto, Escrivá estaría dispuesto a crear un comité de expertos independientes que se encargarían de monitorizar la política de inversiones del fondo, velar por su prudencia y controlar que se ajusta al fin para el que será creado.

El referente de las EPSV del País Vasco

Generalización. Las entidades de previsión social voluntaria (EPSV) son los equivalentes a los planes de pensiones que hay en el País Vasco. La gran diferencia es que son mutualidades de previsión social, con personalidad jurídica propia, y no necesitan de una gestora para administrar el patrimonio. La figura ha alcanzado un arraigo no visto en ninguna otra comunidad autónoma. Las EPSV de empleo acumulan 14.400 millones de euros y las individuales 12.500 millones de euros, lo que representa el 37% del PIB de Euskadi. En el resto de España, el dinero acumulado en planes de pensiones equivale al 6,5% del PIB.

Granularidad. En el País Vasco hay más de 800.000 personas que tienen una EPSV, lo que representa el 40% de la población vasca. Una de las claves es que se han desarrollado mucho EPSV dentro del ámbito de la negociación colectiva. Desde hace décadas, empresarios y sindicatos se ponían de acuerdo para hacer aportaciones en beneficio de la plantilla, a través de estos vehículos.

Geroa. Esta EPSV se gestó en la potente industria metalúrgica de Guipúzcoa, pero poco a poco se fue extendiendo a otros 19 sectores de actividad, y ya cubre a cerca de 9.500 empresas y 110.000 trabajadores.

Normas
Entra en El País para participar