Las aerolíneas cargan contra una “subida velada de tarifas” por el coste de frenar el virus en los aeropuertos

ALA pide al Gobierno que asuma el gasto de Aena en los controles y medidas de higiene, eludiendo su recuperación vía tarifaria

Coronavirus aeropuertos
Pasajeros con sus maletas en las instalaciones de la Terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Dura reacción del sector aéreo frente a la última decisión del Gobierno para evitar que el coronavirus entre por los aeropuertos. La patronal ALA ha reclamado esta tarde al Gobierno que cargue con la totalidad de los costes que derivarán de los controles sanitarios y medidas de seguridad e higiene que adopte Aena en la red de aeropuertos, en lugar de imputarlos a las aerolíneas.

El sector ha salido al paso, de este modo, del Real decreto-ley de la Nueva Normalidad que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que ha adelantado esta mañana Cinco Días antes de su publicación en el BOE. ALA señala en un comunicado que la intención de que Aena recupere esos costes extraordinarios por la vía de las tarifas reguladas que cobra a las compañías aéreas supondrá   una subida de las citadas tarifas aeroportuarias. De hecho, el colectivo empresarial habla de "una forma velada" de encarecer precios. El momento, se ha argumentado a través de un comunicado, requiere justo la reducción de costes a las aerolíneas para estimular la demanda y favorecer la recuperación.

"El Gobierno pone piedras en el camino de la recuperación del sector aéreo y del turismo en España", afirma Javier Gándara tras conocer el contenido del decreto de la Nueva Normalidad

ALA representa en España a 80 compañías, entre las que se encuentran nueve de las diez con mayor tráfico en el país. Para sus asociadas, el contenido del real decreto-ley 21/2020 publicado esta mañana, con una batería de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, ha sido toda una sorpresa. Esta nueva regulación permite a Aena repercutir los nuevos costes sanitarios que no se cubran a través de subvenciones u otro tipo de ayudas que pueda recibir la empresa pública.

Una vez levantado el estado de alarma el próximo día 21, Aena tendrá el mandato de controlar la entrada de visitantes del extranjero a través de controles de temperatura, entre otras medidas. Esto será posible a una vez que la empresa que preside Maurici Lucena firme un convenio con el Ministerio de Sanidad en los próximos días en el que vendrán expresados los efectivos para llevar a cabo una tarea que actualmente prestan, esenciamente, efectivos de Sanidad Exterior. Aena recibirá vía libre para contratar personal sanitario, pero el coste extra lo asumirán las compañías aéreas.

Se traspasa al transporte aéreo, de este modo, la carga económica de la contención de la pandemia en los aeropuertos. "Para sorpresa del sector aéreo, lejos de estímulos al tráfico aéreo, el Gobierno traslada costes de Aena por controles sanitarios a las compañías aéreas, abriendo la puerta a un posible aumento de tarifas aeroportuarias en el período regulatorio 2022-2026, en el caso de que ese sobrecoste derivado de las medidas de seguridad sanitaria no se cubriese en 2021", apunta ALA a través de un comunicado.

Una vez levantado el estado de alarma, Aena tendrá el mandato de controlar la entrada de visitantes del extranjero, para lo que podrá contratar personal

El presidente del colectivo, Javier Gándara, ha elevado el tono crítico de las últimas semanas al afirmar que "el Gobierno pone piedras en el camino de la recuperación del sector aéreo y del turismo en España, traspasando costes mediante posibles subidas de tarifas aeroportuarias cuando es más necesario que nunca que se bonifiquen estas tarifas para estimular la demanda". Gándara recuerda que aún es una incógnita cómo responderá la demanda una vez que se reactive el tráfico aéreo.

Recuperación de los costes

El decreto de la Nueva Normalidad marca que el coste de Aena que no asuma el Gobierno para el control del Covid-19 en la red de aeropuertos se recuperará en el marco del DORA actualmente vigente (2017-2021) y, de no quedar cubiertos, en cualquiera de los siguientes DORA, en cuyo caso, según el mismo decreto, "no se aplicarían los apartados del marco regulatorio en vigor que establecen que el incremento máximo de tarifas hasta 2025 es 0%, así como la imposibilidad de pasar déficit de un DORA a otro, entre otras cuestiones", remarca la asociación de las aerolíneas en su comunicado.

Tras esta última decisión, el sector se queja de diferencia de trato respecto a otros modos de transporte, como el marítimo. En este último caso el Ejecutivo ha aprobado una reducción de tasas portuarias y está estudiando extender dicha reducción hasta el 31 de octubre de este año. Ya en el caso del tren, el Ministerio de Transportes baraja modificar los cánones que paga Renfe a Adif para que sean abonados en función de las plazas realmente ofertadas, y no las que tiene el tren.

“El Ejecutivo debe mostrarse igualmente sensible hacia el transporte aéreo y el turismo, para el cual es fundamental, pues más del 80% del turismo internacional llega por vía aérea, con medidas que contribuyan a su recuperación, máxime teniendo en cuenta que es el sector que está sufriendo con más intensidad esta crisis del Covid-19”, ha sentenciado Gándara.

Choque previo

ALA y una veintena de aerolíneas vienen de tener un encontronazo con el Ejecutivo después de que el Ministerio de Consumo iniciara una acción judicial de cesación al entender que se están pisando los derechos de los viajeros respecto a la información en caso de cancelación de vuelos. El ministerio de Alberto Garzón asegura que al menos 17 compañías habrían tratado de eludir el reembolso del precio de los billetes en efectivo, ofreciendo como única vía el cambio por un bono. Iberia y Wizz Air han salido al paso de esa acusación, mientras ALA asegura que remitió una carta a Consumo, que ha negado el propio ministro, asegurando que las compañías trataban de tramitar las devoluciones con la máxima celeridad a pesar de la crisis.

Se da la circunstancia de que semanas antes de la denuncia por parte de Consumo, el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pidió en público a los consumidores que aceptaran los bonos, en lugar de reclamar devoluciones en efectivo, con el fin de evitar una sangría en la caja de las aerolíneas en medio de una crisis sin precedentes para el sector.

La Asociación de Líneas Aéreas vuelve a remarcar que en España están en riesgo 900.000 empleos y 14.300 millones de euros en caída de ingresos por la posible pérdida de 114 millones de pasajeros (un 41% de caída respecto a 2019). La inactividad del sector aéreo, añade la asociación IATA, equivale a una pérdida del 4,4% del PIB español.

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