Las hoteleras prevén retrasos en el cobro del paro para los afectados por ERTE

Denuncian el colapso en la tramitación de los expedientes para 27.000 trabajadores

 Un cliente pasa por la puerta del Gran Meliá Fenix en Madrid.
Un cliente pasa por la puerta del Gran Meliá Fenix en Madrid.

Los 27.000 trabajadores que van a ser despedidos por las grandes cadenas hoteleras pueden ver comprometido el cobro de sus prestaciones por desempleo en el futuro. Así lo denuncian varias fuentes de las cadenas hoteleras consultadas por Cinco Días, que recalcan que el hecho de que los ERTES haya que presentarlos sociedad por sociedad y que la gran mayoría estén concentrados en seis comunidades autónomas turísticas (Canarias, Baleares, Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana) esta colapsando los servicios públicos que tramitan los expedientes. Eso ha llevado a que solo se haya dado el visto bueno a un porcentaje muy bajo de expedientes y que la percepción de esas prestaciones pueda sufrir retrasos si no se acelera la tramitación.

La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado el cierre de toda la planta hotelera en España y el desplome del tráfico aéreo en todo el mundo. En ese contexto, las cinco grandes cadenas hoteleras (Meliá, Riu, Barceló, Iberostar y NH) presentaron la pasada semana suspensiones de empleo que afectaban a 27.000 trabajadores, aún pendientes de ser validadas por el Ejecutivo. La más importante la presentó Meliá, ya que afectará a 8.400 trabajadores. De ellos, el 90% tendrá una suspensión del 100% de sueldo y jornada, "al no poder desarrollarse las funciones en las actuales circunstancias", mientras que el 10% restante, entre los que se incluyen consejo de administración, directores generales, directores de operaciones y directores de hoteles, contará con una reducción de jornada y salario del 50%.

Por tamaño del ajute le sigue Barceló, con 6.500 empleados afectados, seguida por Riu, con 5.500 trabajadores, e Iberostar, con 5.000. Finalmente, NH también presentó un ERTE que afectará al 90% de su plantilla, unos 3.200 empleados.

Ese retraso podría llevar a las hoteleras a tener que improvisar algún tipo de medida adicional para aportar liquidez a los trabajadores cuya relación laboral ha quedado suspendida. Así lo han hecho, por ejemplo, algunas empresas hoteleras más pequeñas, como la inmobiliaria mexicana RLH Properties, dueña del hotel Villa Magna de Madrid, que ha incluido en el ERTE para los 266 trabajadores afectados el adelanto del pago de las dos pagas extra de verano y navidad.

Las suspensiones de empleo hay que presentarlas hotel por hotel y se concentran en las seis autonomías más turísticas

Esas mismas fuentes consultadas por Cinco Días destacan un segundo hito en este nuevo escenario de recesión, que se producirá cuando se levante el estado de alarma (el viernes se planteaba el 26 de abril como nueva fecha para el fin del confinamiento) y los trabajadores afectados por el ERTE por fuerza mayor tengan que reincorporarse a sus puestos de trabajo, ya que para acogerse a esta modalidad, las empresas tenían que asumir un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses. Cuando eso suceda, la situación, tal y como prevén las hoteleras, no se habrá recuperado ni parcialmente y tendrán que pasar varios trimestres hasta que vuelvan a la normalidad. Por ello, a los ERTE por fuerza mayor les podría seguir con toda seguridad otros por causas económicas.

El principal punto de conflicto entre las empresas y los representantes de los trabajadores era la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos y los eventuales dentro de los expedientes de regulación temporal de empleo. Los sindicatos defienden que son trabajadores de pleno derecho y que forman parte de la plantilla que estaba previsto contratar para el arranque de la temporada alta en Semana Santa. Las empresas discrepan y creen que no deberían incluirse. Solo Riu e Iberostar han accedido en las negociaciones a incluir a estos dos colectivos en los expedientes tramitados.

Un plan de rescate para el turismo

IVA. El presidente de la Cámara de Comercio de EE UU en España, Jaime Malet, remitió el viernes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo un plan de rescate para el sector turístico cuando finalice el estado de alarma. Ese plan incluiría un ipo superreducivo del 4% en el IVA que grava las actividades turísticas (en la actualidad está en el 10%), durante al menos los dos ejercicios siguientes

Tasas autonómicas. La petición de este organismo, que incluye a 300 grandes compañías de EE UU y España (entre ellas Acciona, Abertis, Ferrovial, Enagas o Iberdrola), también incluye la supresión por dos años de las tasas autonómicas que gravan el turismo. Ese recargo lo cobran Barcelona y Baleares y Sevilla y San Sebastián barajaban aprobarlo antes de que estallara la crisis del coronavirus .

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