El despliegue de Ionity se atasca en España por trabas administrativas

Fomento y los municipios tardan en autorizar los puntos de carga

El tendido a través de fincas privadas encarece la conexión a la red

Ionity España
Electrolinera de Ionity en Pallejá (Barcelona), la primera que el grupo abrió en España.

La falta de puntos de carga es la única barrera al coche eléctrico que los fabricantes no pueden derribar solos (precio y autonomía son las otras dos). Pero urgidos por la competencia y el temor a quedar fuera del mercado, tampoco pueden esperar a que los Gobiernos se atrevan a mover ficha.

Así que las marcas han empezado a construir su propia infraestructura de carga. Daimler, BMW, Volkswagen y Ford lo vienen haciendo de manera consorciada a través de Ionity, una empresa cuyo objetivo es crear una red de 400 electrolineras en 24 países de Europa.

En España, el plan es cerrar este año con 27 estaciones, de las que ya hay dos operativas, una en Pallejá (Barcelona) y otra en Puerto Lumbreras (Murcia), y tres en construcción en Zaragoza, Ciudad Real y Lleida.

Comparado con Francia, donde ya hay una treintena en servicio, la meta española es demasiado modesta para un país con 15.000 kilómetros de carreteras nacionales. Allard Sellmeijer, el responsable de ejecutar el proyecto en la Península, se ha encontrado con varios quebraderos de cabeza que le impiden ser más ambicioso.

La estrategia del grupo pasa por ubicar un punto cada 120 kilómetros de carretera estatal y que cada cargador tenga una potencia de 350 kilovatios, de modo que la recarga tarde 20 minutos, el tiempo que a un automovilista le lleva tomarse un café después de dos horas conduciendo.

De esta manera, Ionity busca hacer más cómodos los viajes de larga distancia, que son en los que ve mayor dificultad. “Si alguien de Madrid quiere llegar a Barcelona, saldrá a la autopista con la batería llena, pero necesitará dos puntos de carga, uno a 200 kilómetros y otro a 400”, explica Sellmeijer.

Ionity necesita 10 años para recuperar su inversión, pero las estaciones de servicio se dan en concesión cada cinco

La distancia entre puntos condiciona la elección de los emplazamientos, a lo que se suman las normas de acceso a la red viaria. Fomento prohíbe construir a 50 metros de la autopista, por lo que Ionity procura hacerlo en gasolineras o áreas de descanso ya existentes que se encuentren a 100 metros, para lo cual tiene un acuerdo con Cepsa, aunque están abiertos a más socios.

Meses de papeleos

Pero incluso para construir dentro del rango de 50 a 100 metros necesitan el permiso de Fomento, que en el mejor de los casos tarda dos o tres meses en contestar y en varios ha superado el plazo máximo de seis. El ministro José Luis Ábalos anunció recientemente que su despacho eximirá en breve de solicitar esa autorización tanto a los puntos que se instalen en establecimientos existentes como a los que se construyan fuera de estos.

Sellmeijer, que leyó un borrador del decreto en diciembre, señala que este daba a los puntos de carga el tratamiento de servicio complementario a la actividad principal. Si es así, “facilitará la inversión de las gasolineras que quieran agregarlo como un complemento a su negocio. Los accionistas de Ionity no son petroleras, y si no tuviéramos un acuerdo con Cepsa no podríamos beneficiarnos de la reforma”, defiende. El decreto hablaba, además, de estructuras removibles: “¿Se refiere a que deberán tener ruedas?”.

Pese a estas dudas, opina que la medida será buena, aunque insuficiente, por cuanto los proyectos también requieren la licencia de los ayuntamientos, muchos de los cuales son pequeños, no cuentan con personal preparado para calificar las instalaciones que necesita una estación de carga ultrarrápida (centro de transformación, rectificadores...) y terminan derivando los expedientes a las comunidades autónomas, donde pasan meses en comisiones de medio­ambiente y urbanismo.

Ionity Puerto Lumbreras
Segunda estación de Ionity, ubicada en una gasolinera de Cepsa en Puerto Lumbreras.

La cercanía de la conexión a la red eléctrica también plantea dificultades. “El distribuidor nos pide que nos hagamos cargo de llevar el cable a la estación y en ocasiones hemos tenido que descartar ubicaciones porque ello implicaba atravesar cinco fincas privadas cuyos dueños nos pedían mucho dinero por acceder a su terreno”, afirma. "En España tampoco existe transparencia sobre la capacidad de la red y no tenemos manera de saber cuál es la potencia disponible en cada punto", critica. 

Otro aspecto conflictivo es el plazo de explotación. Ionity, que prevé invertir 13,6 millones en España (650.000 euros por estación), necesita 10 años para recuperar ese capital, tiempo que estima tardará en masificarse la venta de eléctricos (el año pasado no aportaron ni el 1% de las matriculaciones).

Sin embargo, las concesiones de áreas de descanso en España se otorgan por cinco años. La norma contempla una excepción para inversiones nuevas, “pero eso nos obligaría a poner una estación completa, lo que elevaría demasiado el coste y no sería rentable”.

La AP-7, clave para el grupo

AP-7. El límite de cinco años en el plazo de concesión de las áreas de servicio dificulta la entrada de Ionity en autopistas estratégicas para el grupo como la AP-7, muy transitada por turistas, ya que comunica toda la costa mediterránea española.

En proceso. La licencia de explotación de las nueve zonas de descanso existentes en esa carretera venció en diciembre pasado y se encuentra en proceso de licitación. Los ganadores no se conocerán hasta marzo o abril.

Ten-T. Tener presencia en la autopista del Mediterráneo es crucial para Ionity, ya que su proyecto de puntos de recarga ultrarrápida ha recibido una subvención de la UE que cubre el 20% de la inversión, “siempre y cuando los instalemos en la red transeuropea de transporte Ten-T, de la que forma parte la AP-7”, precisa Allard Sellmeijer, director de Ionity en España y Portugal.

Agravante. El problema tiene un agravante para el grupo: vencido el plazo de cinco años, todas las infraestructuras que se hayan agregado a la gasolinera o restaurante de carretera durante el periodo de explotación quedarán para el nuevo ganador de la concesión. “O sea, que después de invertir millones, corremos el riesgo de tener que dejar todo a un posible competidor”, apunta.

Norma UE. Fomento ha contestado a Sellmeijer que los pliegos cumplen las recomendaciones de la UE, pero este asegura que en otros países, como Portugal y Francia, el plazo de concesión supera los 10 años.

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