Los abogados de empresa aún ven por explotar los ALSP en España
El 90% de los 'in house' que ya operan con proveedores alternativos mantendrán o incrementarán el trabajo solicitado, según la ACC
Los abogados de empresa (o in house) aguardan con mucho interés la eclosión en España de los proveedores de servicios legales alternativos (ALSP, por sus siglas en inglés), pero, al menos de momento, no sienten que se trate de una opción real frente a los despachos de abogados, como sí sucede en Estados Unidos o el Reino Unido. En todo caso, mientras se concreta su aterrizaje y consolidación, los datos ponen de manifiesto que los departamentos legales a nivel global ya tienen en cuenta a estas firmas como instrumento para incrementar su eficiencia y rebajar la factura de los servicios jurídicos.
Según el informe ACC Chief Legal Officers Survey 2020, elaborado por la Association of Corporate Counsel (ACC), la mayor organización mundial de abogados internos, nueve de cada diez de los in house que ya trabajan con los ALSP mantendrán o incrementarán las tareas que les encomiendan (el 73% señaló la primera opción y casi el 20% la segunda).
La encuesta (que puede adquirirse en la web de la ACC y es gratis para los asociados) recoge la opinión de más de mil jefes de asesorías jurídicas de empresas de 47 países de todo el mundo.
En España, el inicio de las operaciones de Ambar (firma aliada de Axiom) ha reavivado el interés sobre el papel de los ALSP. "Este tipo de firmas aún no están del todo desarrolladas en el mercado local, pero, sin duda, observamos con mucho interés su aparición", explica Jorge Muñoz, director legal y de compliance de Gilead en España y representante de la ACC en nuestro país.
En la misma línea, Mariano Pérez, legal vice president de Meliá, afirma que los ALSP "son una realidad aún incipiente" que muchas asesorías jurídicas "todavía no tienen en cuenta porque no perciben su aportación de valor". No obstante, considera que en el futuro, en la medida en que acrediten su capacidad de incrementar la eficiencia o reducir los costes del departamento, sí jugarán un papel determinante. "No estamos al nivel de refinamiento de Estados Unidos o el Reino Unido, pero pronto llegará. La distancia con esos países no es tanta", vaticina Eva Argilés, directora legal de Applus y también representante de la ACC en España.
Por último, Javier Ramírez, vicepresidente y secretario general asociado de HP, indica que, en todo caso, la irrupción de los ALSP también está teniendo un impacto en los bufetes tradicionales, "que están adaptando su comportamiento para prestar sus servicios de forma diferente, utilizando más tecnología o empleando recursos ubicados en jurisdicciones de menor coste". Ramírez, portavoz a su vez de la ACC, también destaca el papel que están jugando las áreas legales big four, un "competidor formidable" de los despachos tradicionales gracias a su uso intensivo de tecnología, la oferta de servicios complementarios y su asesoramiento jurídico a precio cerrado.
En relación a cómo evolucionará el trabajo que los departamentos jurídicos de las empresas encargarán a los despachos de abogados, un tercio de los consultados afirma que aumentará, la mitad cree que se mantendrá y el 15% asevera que disminuirá.
Eficiencia
La digitalización y la implantación tecnológica destacan como las iniciativas de carácter estratégico que los in house consideran más relevantes en el seno de su departamento; la señala un tercio de los consultados, por delante de los riesgos y el compliance, y la integración con el negocio.
En todo caso, la digitalización guarda una estrecha relación con la reducción de costes y el incremento de la eficiencia, cuarta prioridad según la encuesta. "No se trata de hacer más con menos, idea que hemos repetido hasta el año pasado, sino de hacer solo aquello que realmente necesitas. La priorización es clave", sostiene Teresa Mínguez, directora legal y de compliance de Porsche Ibérica, también representante de la ACC en España.
¿A qué se refiere? A que los departamentos legales deben aprender a dejar en manos de otras áreas aquellas tareas jurídicas que, por su escaso valor o bajo riesgo, no requieren la supervisión del in house. ¿Cómo? A través de formación o de la implantación de herramientas (como, por ejemplo, plantillas de contratos no reescribibles) que permitan esa transferencia de tareas; eso sí, como especifica Mínguez, "siempre que el riesgo esté controlado y que los departamentos afectados se sientan cómodos".
Análisis de datos
También como palanca para incrementar la eficiencia de las asesorías jurídicas, Javier Ramírez apunta como determinante la utilización de sistemas de recogida y análisis de datos relacionados con la actividad legal de las compañías. Una información que, según dice, "permitirá a los in house adoptar decisiones proactivas de riesgo legal a nivel negocio". Esta opción, en todo caso aún es minoritaria entre los abogados internos: solo un 6% la considera prioritaria en su gestión.
En este contexto, el 42% de los in house asegura que a lo largo de 2020 adoptará alguna nueva solución tecnológica legal para incrementar su eficiencia, mientras que el 9% manifiesta haberlo hecho recientemente. El 27%, por su parte, responde con certeza que no lo hará y un 22% declara que no está seguro.
Además de a través de las herramientas digitales, el informe destaca otras estrategias para reducir el gasto e incrementar la eficacia del área legal, como reducir el control del coste del asesoramiento jurídico externo (la factura de los bufetes, principalmente); el aseguramiento de que la mayor parte de los recursos se destinan a las materias que tienen más impacto en la organización; y, por último, la agilización de procesos para aunar calidad y rentabilidad en la prestación del servicio. "Ganar eficiencia nos permite liberar al equipo para que se dedique a lo realmente importante", concluye Eva Argilés.
Ciberseguridad, cambios regulatorios y ‘compliance’, las prioridades
Más recursos en privacidad. Al ser preguntados por qué área requerirá, de forma prioritaria, recursos adicionales durante los próximos 12 meses, el 22% de los abogados de empresa consultados señala que en ciberseguridad (protección de datos y seguridad de la información). Asimismo, al ser cuestionados sobre qué materia consideran que puede dar más problemas jurídicos a la organización, seis de cada diez afirmaron que el cumplimiento de la normativa de privacidad. "El almacenamiento masivo de datos hace a las organizaciones más vulnerables", reflexiona Javier Folguera, director de la asesoría jurídica y vicesecretario del consejo de Hispasat, quien apunta, no obstante, a una cada vez mayor conciencia en esta materia.
Regulación. El 60% de los encuestados también teme a los cambios regulatorios de las industrias. La velocidad a la que se modifican las normativas, unida a la presencia de muchas empresas en múltiples jurisdicciones, expone a las empresas a un elevado nivel de riesgos en esta materia, porque eleva la complejidad de estar al día en relación a la regulación que afecta a la organización.
Legislación medioambiental. Resulta llamativa la poca percepción de riesgo que manifiestan los in house en relación a la normativa medioambiental. A pesar del creciente interés en todo lo relativo al cambio climático, solo un 12% de los consultados señala esta materia como una de las que potencialmente puede poner en problemas a la organización. Teresa Mínguez, de Porsche Ibérica, explica el porqué: "A pesar de que se trata de un área en auge, la cuestión aún no ha llegado en toda su dimensión a la mesa de los departamentos jurídicos. Eso sí, el respeto al medioambiente ya forma parte de los riesgos macro a los que se exponen todas las corporaciones".
Los proveedores alternativos, entre las grandes novedades del sector legal en 2020.