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A Fondo
Tribuna
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Los efectos del control horario en el mercado laboral

Podría encarecer la hora extra y afectar al empleo, pero no hay pruebas de que eleve la productividad

Pixabay

Es difícil no estar de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, entre las que destaca la normativa de fichar en el puesto de trabajo. Ambos han sido recibidos con enorme interés con argumentos variados a los que no nos referiremos. Pero, antes de evaluarlos, sería importante saber cuánto de grave es el problema de las horas extras no pagadas, que está en el fondo de la discusión, y qué consecuencias tendrá previsiblemente sobre el funcionamiento de la economía en general y de la productividad en particular.

Para contestar a la primera acudiremos a tres indicadores. El primero considera el porcentaje de horas extras pagadas sobre el total de horas trabajadas. En la UE28 este porcentaje asciende al 1,5%, mientras que en España (0,3%) es el menor tras Bélgica, Irlanda y Lituania. En el Reino Unido (RU), donde se trabajan aproximadamente las mismas horas por trabajador y año que en España, asciende al 2,6%, nueve veces más. El segundo indicador son las horas extras pagadas por empleado: 22,8% en la UE28, 43,1% en RU, 25% en Francia, frente a 5,4% en España. Estas cifras permiten concluir que el fraude en España, como se sospecha, debe ser más elevado que en otros países. El tercer indicador hace referencia al precio de las horas extras. En algunos países nórdicos se paga más del 50% que en la jornada normal; en España, el 30%; y en Francia y el RU el 25%. La cifra de España resulta especialmente chocante porque nuestra tasa de desempleo es muy superior a los de los restantes países y, pese a ello, se pagan (las que se pagan) más caras las horas extraordinarias, lo que supone una clara disfuncionalidad en un mercado ya de por sí muy disfuncional.

En cuanto a las consecuencias sobre la productividad, hay que plantearse si variará el número de horas trabajadas que recoge la contabilidad nacional y que se utilizan en el cálculo de la productividad. Los datos del INE consideran todas las horas trabajadas, independientemente de que sean en jornada normal o extraordinaria, remunerada o no. Por lo tanto, la cifra previsiblemente no cambiará. Sin embargo, al aumentar el control y la probabilidad de ser sancionados, lo esperable es la reducción de las horas extras no pagadas y, por tanto, la reducción de las horas totales.

Adicionalmente, puesto que la hora trabajada va a resultar más cara –al disponer de menos horas por el mismo precio–, el empleo caerá, especialmente el menos cualificado. Aunque a corto plazo podría obligar a contratar más trabajadores, a medio plazo la empresa tenderá a sustituir trabajo por máquinas. Por lo tanto, los dos efectos van, al menos en principio, en la dirección de reducir las horas trabajadas y, por tanto, también, a reducir el PIB.

Pero ¿y si esta medida contribuyera a aumentar la eficiencia y la productividad de los trabajadores? Un potencial argumento a favor sería el siguiente: si se trabajan menos horas el trabajador estará más descansado y rendirá más. Para contrastar este argumento conviene acudir, de nuevo, a la evidencia de otros países. Al hacerlo, la primera conclusión que se obtiene es que, dentro de la UE, el número de horas trabajadas por trabajador y año es muy dispar, y está poco relacionado con la productividad. Alemania es el país en el que se trabajaron en 2017 (último dato disponible) menos horas, 1.299,5, mientras que en Polonia (2.004,5) se trabajaron un 54% más. Los países que menos horas trabajan son Holanda, Dinamarca, Bélgica y Francia, y los que más los nuevos Estados miembros, Portugal y Grecia. Una lectura rápida de estos datos permitiría concluir que los países en los que se trabaja menos horas son también los más productivos. El problema es que entre los países que trabajan más horas se encuentra el líder mundial en productividad, Estados Unidos, con un 33% más de horas por trabajador y año que Alemania. En España se trabaja un 27% más que en Alemania, y es uno de los países con menor productividad de la UE.

Otra forma de verlo es comprobar qué ocurre dentro de los sectores. En general, en la UE los sectores en los que más horas se trabaja son agricultura y construcción, los dos de muy baja productividad. Sin embargo, el sector de información y comunicación, motor del crecimiento de la productividad en las economías avanzadas, también ocupa un lugar destacado entre los que más horas trabajan, seguramente por la escasez de suficientes profesionales con la cualificación requerida. En definitiva, la evidencia disponible no permite concluir que la reducción de jornada vaya a mejorar la productividad.

Sin embargo, hay otros argumentos que sí podrían contribuir positivamente. En un mercado de trabajo tan precario como el nuestro, donde se trabajan muchas horas, y los salarios son bajos, e incluso no se pagan las horas extras, lo normal es que se trabaje también mal porque el coste de oportunidad de que te despidan, el salario, es bajo. Con ello se fomenta el absentismo, el maltrabaja y el escaqueo. Esto tiene costes para el empresario que tiene que incurrir en gastos de supervisión. También tiene consecuencias negativas la excesiva rotación de los trabajadores, la temporalidad que acompaña a la precariedad laboral, puesto que no permite aprovechar la, presumiblemente poca, formación que hayan recibido por parte de la empresa. Adicionalmente, está comprobado que las empresas que tratan bien a sus empleados tienen retornos en términos de trabajadores más leales, más comprometidos con la marcha de la empresa, más dispuestos a arrimar el hombro cuando las cosas vienen mal dadas. Es decir, tendrán trabajadores más productivos.

Aunque solo fuera por contribuir a reducir la precariedad del mercado de trabajo español las reformas incluidas en el RDL, respaldas por el TJEU, deberían considerarse como un movimiento en la buena dirección. Confiemos que el desarrollo del RDL, y la flexibilidad que otorga a las partes, confirmen estas expectativas.

Matilde Mas es catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València y directora de proyectos internacionales del Ivie

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