Subastar derechos de alquiler, ¿una solución para regular los pisos turísticos?

Fedea plantea una medida que podría canalizar el exceso de casas ofertadas en Airbnb y compensar los efectos negativos de la gentrificación

Varias turistas buscan su hospedaje en el barrio de la Barceloneta (Barcelona).EFE

La turistificación y gentrificación de los centros de las ciudades es una problemática a la que se enfrentan la mayoría de grandes capitales y que no encuentra, de momento, una solución clara ni fácil. Más allá de prohibiciones o moratorias a los alquileres turísticos, un informe publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea, como una de las posibles soluciones, la puesta en marcha de un mercado de derechos de alquiler a corto plazo que hiciera posible un mejor reparto de la actividad turística.

La medida, propuesta por los académicos Armando Ortuño y Juan Luis Jiménez, se inspira el modelo de las TDR (transferencia de derechos de aprovechamiento) aplicado en Estados Unidos, y que sería “perfectamente predicable para un país potencia turística mundial” como es España. El sistema, explican ambos expertos, consistiría en dar a cada vivienda de un determinado municipio un derecho de alquiler a corto plazo que podría ser comprado o vendido en un mercado específico.

Las características de ese derecho, prosiguen los autores, dependería de la realidad del sector turístico de cada ciudad, lo que conllevaría que cada propietario pagase una tasa distinta en función de la ubicación del alquiler, la duración de la estancia, el precio cobrado o el número de visitantes hospedados.

Lo recaudado por los ayuntamientos permitiría “compensar las externalidades negativas” generadas en los barrios fruto de la actividad turística, y servir de “herramienta de cohesión social”. También podría utilizarse para incidir en la distribución espacial de las viviendas de uso turístico, asignando más derechos a unos barrios frente a otros en función de la temporada del año o para revitalizar ciertos distritos.

Independientemente de que la competencia de Turismo esté cedida a las comunidades autónomas, el estudio también pone el acento en “la necesidad de una mayor participación estatal” para armonizar la gran “disparidad” de leyes tributarias que regulan la actividad de plataformas como Airbnb. Una situación que, según el informe, impide alcanzar unos objetivos de recaudación eficientes y luchar contra la evasión fiscal, lo que acaba perjudicando al conjunto de la ciudadanía. 

Los autores sostienen, además, que la "renuncia" del Estado en 2013 a regular la actividad turística se produjo dos años antes del "verdadero efecto disruptor" que han supuesto para la economía española los portales de alquiler turístico. Por ello, abogan por que el Estado establezca "las bases de la regulación de las viviendas turísticas, sin perjuicio de la necesaria complementariedad" con las políticas locales.