Home Away o Rentalia no tendrán que ceder datos a Hacienda como Airbnb

El decreto para evitar el fraude fiscal en las viviendas de alquiler para turistas no afecta a las plataformas de anuncios

Turistas en la Puerta del Sol de Madrid. Pablo Monge

Hacienda ha ganado la batalla a Airbnb. Pese a las reticencias iniciales de la compañía, que incluso llegó a amenazar con que no daría datos de sus clientes a menos que lo solicitara un tribunal, la plataforma anunció a principios de diciembre, tal y como avanzó Cinco Días, la creación de una herramienta para que sus caseros (tiene 140.000 en España que gestionan en torno a medio millón de viviendas) introduzcan los datos (la identidad del titular de la vivienda, los datos censales del inmueble, el número de días de alquiler, el importe percibido en la transacción y la fecha de inicio del alquiler) para ponerlos a disposición del Fisco. El decreto de lucha contra el fraude fiscal, aprobado el 30 de diciembre de 2017, establecía, en primer lugar, la obligación para las plataformas de ceder en enero los datos de los clientes registrados en 2018. A partir de marzo aportarían la información correspondiente al trimestre anterior.

Esa obligación, sin embargo, solo afecta a las plataformas que intermedian y que obtienen una comisión por esa gestión, por lo que competidores directores de Airbnb, como Home Away o Rentalia, cuyo modelo de negocio es a través de anuncios de particulares, no tendrán que ceder los datos de sus clientes a Hacienda. Una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda. a la que ha tenido acceso Cinco Días, así lo fija. El requerimiento, fechado el pasado 28 de noviembre, fue formulado por una federación de empresas que arrendaban viviendas con fines turísticos para conocer en qué supuestos había obligación de presentar el modelo 179, el formulario ideado por la Agencia Tributaria para incluir todos esos datos de viviendas turísticas.

Tributos exime de esa obligación a los portales de anuncios, salvo que habiliten reservas a través de la web

En concreto cuestionaba quién estaba obligado a ceder esos datos “si el gestor subarrienda la vivienda a través de una plataforma online”. La Dirección General de Tributos explica en su resolución que el artículo 54 del real decreto, aprobado el 29 de diciembre de 2017, limita la aplicación de esas exigencias. “Obliga únicamente al intermediario en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. Por tanto, únicamente las plataformas colaborativas que presten el referido servicio de intermediación están obligadas a presentar la declaración informativa. Por el contrario, aquellas plataformas colaborativas que realizan una mera labor de alojamiento digital de anuncios de viviendas para usos turísticos sin que intermedien entre cedente y cesionario no se podrán subsumir en el ámbito subjetivo de la norma y por tanto, no estarán obligadas a presentar la declaración informativa”.

De esta manera, los grandes portales de anuncios que alquilan viviendas para turistas a través de anuncios, como Home Away o Rentalia, no estarán obligados, como Airbnb, a ceder los datos de sus clientes a Hacienda. Aunque ambos tienen una cuota de mercado relevante, aún se encuentran lejos de las cifras de Airbnb en España. Home Away fue adquirida por el gigante Expedia en 2015 por 3.572 millones de euros y cuenta con un catálogo de 133.000 anuncios en España, mientras que Rentalia, propiedad del portal inmobiliario Idealista, dispone de cerca de 35.000 anuncios en España entre apartamentos, casas, villas y casas rurales.

La única excepción que obligaría a estas compañías a facilitar los datos de sus clientes sería en el que caso de que habiliten un servicio de reserva a través de su página web, en el que se produce una transacción online. De hecho, estas compañías ya están enviando mensajes a sus clientes recordando que la obligación de ceder los datos “solo afecta a las reservas realizadas online, por lo que, si te publicas sin esa funcionalidad, no enviaremos esa información a Hacienda”.

El diferente trato provocará, según fuentes de las empresas, un traslado de clientes desde Airbnb hasta este tipo de plataformas de anuncios en los que Hacienda no tendrá que conocer cuánto gana por alquilar sus viviendas. En segundo lugar provocará un cambio de modelo de negocio en plataformas como Home Away o Rentalia, en el que la posibilidad de la reserva online desaparecerá para esquivar la obligación de aportar los datos al Fisco.

El real decreto para controlar el fraude fiscal es solo uno de los ejes del plan de las administraciones para controlar el fenómeno de las viviendas turísticas. La otra lucha la están dirimiendo los ayuntamientos, con legislaciones restrictivas para los alquileres para turistas, tanto los gestionados por particulares como por profesionales. Madrid ha sido el que ha ido más lejos, al prohibir las viviendas turísticas que no tengan acceso directo desde la calle y que no cuenten con una zona diferenciada a la casa para recibir las visitas, lo que, en la práctica, supone ilegalizar el 95% de las viviendas. Palma de Mallorca ha prohibido el alquiler en pisos y solo lo permite en viviendas unifamiliares, mientras que Bilbao ha prohibido los alquileres en pisos bajos y primeras plantas. Todas esas regulaciones han sido denunciadas por las asociaciones de propietarios y la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia.

Los ejes del plan para controlar la vivienda turística

Fraude fiscal. El decreto de lucha contra el fraude fiscal, aprobado el 29 de diciembre de 2017 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, establece, en primer lugar, la obligación para las plataformas de ceder en enero de 2019 los datos de los clientes registrados en 2018. A partir de marzo aportarían la información correspondiente al trimestre anterior.

Distinción. El primer cambio que maneja el Ejecutivo socialista afectará a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el fin de distinguir entre alquileres turísticos y de corta duración para evitar que las legislaciones restrictivas afecten a los segundos.

Propiedad horizontal. El otro cambio en el que esta trabajando la Secretaría de Estado de Turismo es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de que las comunidades de vecinos tengan la posibilidad de vetar la llegada de pisos turísticos. “Se trata de modificar mayorías para dar más voz a los vecinos”, sentenció recientemente la secretaria de Estado, Isabel Oliver. Algunas comunidades, como Madrid, ya han fijado en sus normativas esa posibilidad aunque previamente se requiere reformar los estatutos de la comunidad de vecinos y que el cambio sea aprobado por unanimidad. Un solo voto contrario anularía ese supuesto blindaje.