El pacto eléctrico desata la caja de los truenos

Por primera vez, un Gobierno promete acabar con el privilegio de la nuclear y la hidráulica El PNV, aliado de Iberdrola, jamás aceptará una propuesta metida con calzador en el acuerdo PSOE-Podemos

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La negociación del acuerdo presupuestario firmado el jueves entre PSOE y Unidos Podemos, tuvo su ensayo previo en las conversaciones para sacar adelante el real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Al tratarse de una norma que, aunque entró en vigor el día 7, requiere de la convalidación en el Congreso de los Diputados, los socialistas dieron la palabra a distintos grupos políticos que han dejado su impronta, no solo en el citado RDL, sino en el pacto para los Presupuestos de 2019, que, en principio, solo ha sellado la formación de Pablo Iglesias.

 Un ejemplo de estas negociaciones paralelas, fue la exigencia del PNV de que en el citado RDL se incluyese la legalización de un peaje específico para la industria vasca, que supondrá para el sistema unos 100 millones (la mitad ya se la reconoció el Gobierno del PP). Aunque los nacionalistas vascos volverán a imponer condiciones para dar su respaldo a la futura Ley de Presupuestos, la euskotarifa era un requisito sine qua non para seguir hablando.

Entre luces y sombras, las medidas para paliar los efectos de la subida de la luz han salido adelante, pero, a la vista de las que incluye el acuerdo del jueves, todo indica que aquellas pueden resultar provisionales. Así, se volverá a revisar el bono social de la luz y se aprobará otro para el gas natural, esta vez, ligados a la renta.

De esta temporalidad da cuenta la decisión (impuesta por Podemos) de que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley. Y es más, que antes de la convalidación de aquel, en el plazo de un mes, “se creen marcos de negociación” para que los partidos propongan sus enmiendas. Si la ley prospera, esta (con sus novedades) sustituiría al RDL. De lo contrario, este seguiría vigente.

De momento, el acuerdo de la izquierda para los nuevos Presupuestos incluye medidas energéticas más radicales. Por primera vez, un Gobierno ha plasmado por escrito su compromiso de modificar el mercado mayorista de la electricidad. Más concretamente, para acabar con la sobrerretribución, conocida como beneficio llovido del cielo (windfall profit), que reciben la nuclear y la hidráulica en un mercado donde el precio marginal (que marcan las tecnologías más caras: el gas y el carbón) se aplica a todas las demás. Ello, a pesar de que aquellas no soportan los costes variables (el de las materias primas) que sí tienen las que producen con combustibles fósiles.

El pacto considera que la nuclear y la hidráulica se instalaron “en un marco regulatorio anterior a la liberalización y han recuperado sus costes de inversión”. Una opción que se plantea es fijarles un precio límite que pueden cobrar en el mercado y que la diferencia se ingresaría en el sistema para abaratar el precio de la luz.

Malestar

La simple propuesta ha desatado la caja de los truenos entre las eléctricas afectadas, principalmente, Iberdrola, que se escuda tras el estandarte verde para exigir que se mantenga su statu quo. Pese a contar con el apoyo incondicional del PNV, que nunca apoyará unos Presupuestos que incluyan una medida semejante, la eléctrica que presie Ignacio Sánchez Galán ha puesto el grito en el cielo. También los inversores han reaccionado mal: el sector protagonizó las mayores caídas en Bolsa tras conocerse el pacto.

Los partidos de izquierda y el ala progresista del PSOE mantienen desde hace años esta reivindicación, que no es exactamente una reforma del mercado. Nadie pretende a estas alturas acabar con el pool marginalista, pues no es posible desengancharse del modelo de mercado único europeo (Bruselas no lo permitíra), en el que todos los países tienen sistemas de precios marginales. La normativa comunitaria exige un mercado diario y ya se han dado los primeros pasos para el mercado continuo interconectado en el que se aplica para todos el mismo algoritmo en la casación de las ofertas.

El problema es que la estructura productiva de España es diferente a la del resto de países y que estos tienen mayor interconexión. Así, la marginalidad del mercado apenas afecta a Francia, donde casi toda su producción es nuclear ni a Alemania, con mucho carbón y renovables. “Solo una interconexión infinita permitiría acabar con las distorsiones”, explica gráficamente un experto.

Lo que sí puede hacer cada país es corregir los beneficios extras mediante tasas o topando el precio para las distintas tecnologías. En esto consiste la propuesta que se ha metido, con calzador, en el acuerdo. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy, que puso el sector patas arriba con una reforma eléctrica que incluyó una veintena de normas de distinto rango, ni el actual de Pedro Sánchez, en su RDL de medidas energéticas, se han atrevido a hincar el diente a los windfall profit. Uno de los argumentos es que, como sostiene Iberdrola, no se puede penalizar a una empresa comprometida con la transición energética, con mucha renovable y poco carbón (apenas dos centrales, que quiere cerrar).

Una de las medidas del RDL va encaminada a hacer bajar el precio marginal y, por tanto el que cobran todas las plantas. Se trata de la exención del impuesto de hidrocarburos al suministro de gas para producir electricidad, con la que Hacienda apenas pierde 100 millones al año, pero que puede impulsar a la baja el precio marginal al desparecer ese coste fiscal de los ciclos combinados.

En esta línea, Podemos pidió, infructuosamente, que la suspensión del impuesto del 7% a la generación durante seis meses, solo se aplicase al gas y el carbón. Una medida recurrible ante los tribunales por dos vías: suponía una discriminación para el resto de tecnologías e implicaba la creación de un impuesto, algo que no puede hacerse vía real decreto-ley (esta figura legal solo permite eliminar tributos o bajarlos).

Las empresas tienen a su favor la debilidad de un Gobierno que, de momento, solo cuenta con el apoyo de Podemos para incluir unas medidas que consideran radicales (un precio para la nuclear sería admisible, pero de ningún modo para el agua), aunque podría desempolvarlas si logra una mayoría en próximas elecciones. En contra, el sector tiene su propia división: Endesa no comparte la tesis de Iberdrola de que las nucleares pierden dinero, aunque sí niega que exista sobrerretribución, y las medianas (Naturgy) o pequeñas (EDP) no parecen dispuestas a solidarizarse con la eléctrica de Galán. Y Unesa ya no existe, como es conocido, como lobby de generación.