Sánchez necesita 30.000 millones o negociar el indulto fiscal de la UE

El Pacto de Estabilidad le compromete a llevar el déficit al 1,3% en 18 meses y al 0,5% en 2020 y le forzaría a congelar el gasto

Alejandro Meraviglia

El diseño que el presidente Sánchez hizo del Gobierno fue una decisión tranquilizadora para la economía, tanto para las empresas como para los acreedores de España que forman los mercados financieros: la responsable de la oficina presupuestaria de Bruselas, defensora a ultranza del rigor presupuestario y funcionaria bregada en la maquinaria comunitaria, dirigiría los destinos de la economía sin otra jerarquía a la que reportar que el propio presidente.

Incluso queda en sus manos la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, esa especie de consejo de ministros económico que tiene que santificar todas y cada una de las decisiones que afecten a la actividad económica. Los primeros anuncios sobre la materia fueron más contradictorios: mantenimiento de la estabilidad presupuestaria con algunas decisiones quizás apresuradas que afectaban al gasto, y también a los ingresos, pero sin concreción; eliminación de los peajes de las autopistas que venzan, con relicitación de las nacionalizadas de última generación; correcciones de la reforma laboral, pero admitiendo su dificultad para ejecutarlas para no poner en riesgo la creación de empleo; giro radical en el mix de generación energética, sin clarificar remuneración.

Pero aún faltan las decisiones reales, que parece que afectarán más a los ingresos y gastos públicos que a la normativa laboral, que es en parte responsable del desempeño que muestra el empleo, y que al Gobierno no le interesa en absoluto poner en riesgo de quiebra. Recuerden: si el objetivo de Rajoy era presentar una tarjeta de veinte millones de empleos en 2020, a quien mejor le va hacerla suya es a Sánchez, al menos si logra llevar la legislatura a término.

Y es precisamente en las decisiones que afectan a los ingresos y los gastos públicos donde está la verdadera dificultad para el Gobierno, porque son las que conforman por encima de cualquiera otra consideración la confianza en quienes financian a la que es una de las economías más endeudadas del mundo, tanto por sus pasivos privados como públicos.

Desde estas páginas hemos defendido siempre que los impuestos deben ser los más bajos posibles para hacer compatible el sostenimiento del estado de bienestar y en el peor de los casos la neutralidad con la actividad económica. Pero también hemos advertido de la necesidad inexcusable de elevar los impuestos en los próximos años si se quiere hacer frente a la avalancha de gasto que se viene encima, especialmente el necesario para mantener un sistema de pensiones público, así como el sobrecoste que en la sanidad generará el envejecimiento, o el necesario para intensificar la formación en España en la era digital, y todo ello sin considerar que en ayudas a la familia o en vivienda los estándares de gasto siguen alejados de la Unión Europea.

La inminente demanda de recursos de la Seguridad Social (tiene un déficit de 20.000 millones que no deja de crecer) ya ha provocado una búsqueda coyuntural de ingresos por parte del Gobierno, (destopar las bases máximas de cotización y quizás forzar a los autónomos a pagar por ingresos reales) que en absoluto solucionará todo el problema ni mucho menos por todo el tiempo. Es el problema financiero más urgente y el que precisa de mayor imaginación y consenso político para disponer de una solución eficiente que dé garantías a los pensionistas de hoy, mañana y pasado mañana sobre su renta de retiro. Pero no habrá tal acuerdo porque si no fue posible hasta ahora por la fragmentación política y las posiciones enconadas de los grandes partidos, ahora lo es menos. Habrá que esperar a la próxima legislatura. 

Las intenciones sobre la búsqueda de recursos adicionales escuchadas hasta ahora, que pretenden elevar en 15.000 millones de euros los ingresos públicos, tienen la dificultad de que precisan de acuerdos parlamentarios para su aplicación que son de complicada composición, aunque por su naturaleza (probable subida del IRPF a rentas elevadas, recorte de bonificaciones en Sociedades o incluso crear un tipo mínimo del impuesto en el 15%, impuesto a la banca, tasas a las tecnológicas o destope de las bases máximas de cotización) no afectarían, aparentemente, a la recomposición electoral que en paralelo busca el Gobierno para el Partido Socialista. Lo desconocido hasta ahora es para qué se buscan tales recursos, más allá del abono del déficit de las pensiones, aunque la sospecha generalizada en círculos políticos y económicos es que se trata de elevar el gasto de carácter social para influir en el ánimo electoral de la sociedad. 

La única pista la ha proporcionado una inquietante declaración de la ministra de Economía en Bruselas, en su estreno en el Ecofin, en la que admitía que el “déficit fiscal estará este año por debajo del 3%”, inesquivable para abandonar el protocolo de déficit excesivo pero que no evita la vigilancia comunitaria, cuando el compromiso del Programa de Estabilidad es del 2,2%, aunque las dudas sobre su cumplimiento se hayan desatado por la subida adicional de las pensiones hasta el 1,6% este año, recogida en el Presupuesto en los trámites de última hora.

Las derivas pueden ser de un par de décimas (unos 2.200 millones de euros, hasta el 2,4%), según AiREF y los técnicos de Bruselas. Pero acercarse de nuevo al 3% supone una apuesta adicional por el gasto nada despreciable, máxime cuando se trata de disponer de nuevos recursos impositivos. Lógicamente en ningún caso se llegaría a los 15.000 millones, entre otras cosas porque, aunque se lograsen aprobar en el Parlamento, se ha consumido ya medio año, y no pueden aplicarse con carácter retroactivo.

Pero si el déficit se quedase en el 3%, sería el primer año desde 2013 en que no se reduciría el desequilibrio fiscal, o el que lo hiciese en menor cuantía, pese a contar con un crecimiento económico muy consistente. Cierto es que hay dificultades para que la elasticidad de los impuestos y las cotizaciones supere el 1, incluso en muchos casos está por debajo, y que los esfuerzos deben seguir centrándose en el gasto para reducir el déficit, sobre todo el de carácter estructural al que España se ha comprometido, y que debe cumplir sin discutir porque es el país más retrasado de la zona euro en tal tarea, más que los países rescatados.

Además, el comportamiento de la actividad en los dos próximos años sería clave para el devenir de las cuentas públicas, y las estimaciones de crecimiento para tales ejercicios se acercarían más al 2% que al 3% actual. De hecho, al menos tres circunstancias sobrevenidas pueden comprometer el objetivo de la estabilidad presupuestaria, como es una guerra comercial con fuertes aranceles, una subida consolidada del precio del petróleo y el alza de los tipos de interés que se avecina (ver Cinco Días de lunes 18 de junio de 2018, págs. 6-7). Las tres circunstancias afectarán al crecimiento, al empleo, a los ingresos públicos y a las gastos de financiación pública.

Independientemente del comportamiento de estas tres variables, el Gobierno dispone de 18 meses para bajar el desequilibrio presupuestario deficotario al 1,3% del PIB y de un año más para llevarlo hasta el 0,5% si mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria proclamado en el primer consejo de ministros. El descenso puede acercarse a las 17 décimas de PIB, prácticamente unos 20.000 millones de euros, en 2019 y a cerca de 30.000 si se contabiliza también 2020.

Tal empeño solo es posible si la subida de los impuestos en 2019, año para cuyo presupuesto ya trabajan Economía y Hacienda, es de unos 20.000 millones de euros, siempre que en paralelo se mantengan estables los gastos, una consideración complicada de mantener teniendo en cuenta que es año electoral, seguido de otro ejercicio también electoral. Si no existiese cambio en lo pactado con Bruselas, en ese último año de la legislatura, 2020, habría que reducir adicionalmente el déficit otras siete décimas de PIB, algo más de 8.000 millones de euros, que tendría que salir de nuevos impuestos, incremento de los existentes, o recorte adicional de los gastos. En total, en dos presupuestos en año electoral, muy cerca de los 30.000 millones de euros.

La primera prueba de fuego para encaminar el presupuesto hacia tal fin es fijar el techo de gasto del Estado para 2019, que debe quedar aprobado por el Parlamento en julio, y donde las pretensiones tanto de Gobierno como de sus socios más numerosos apuntan a una elevación muy significativa, seguramente por encima del crecimiento del PIB noninal. Desde 2014 ha bajado sistemáticamente hasta un suelo de 118.000 millones (repuntó ligeramente en las cuen tas vigentes), y ha sido la herramienta principal que ha llevado a la reduccióin del déficit hasta el 3,07%. 

La alternativa que tiene el Gobierno a una drástica subida de ingresos o recorte de gastos es una renegociación de pacto de estabilidad, un indulto fiscal de Bruselas que alivie lo comprometido ahora. Pero tal renegociación no es nada fácil, y en nada influirá el hecho de que hay un nuevo Gobierno, ya que los interlocutores de la Comunidad Europea no son los gobiernos, sino los países.

No es nada fácil por el hecho de que España ya ha logrado al menos dos renegociaciones de sus compromisos de estabilidad presupuestaria en los últimos años, y para hacer valer tal modificación se utilizó el carácter contractivo de la economía en ese momento, mientras que ahora la economía avanza a ritmo del 3% por cuarto año consecutivo. Además, la Comisión recuerda que España ha sido el último país en llegar al 3% en su descenso del déficit fiscal, y que los esfuerzos en el desequilibrio estructural han sido más bien modestos con el Gobierno de Rajoy, lo que supondría arriesgarse a seguir bajo control comunitario por no afrontar la contracción estructural del déficit.

Amén de la disponibilidad comunitaria a renegociaciones, hay que considerar la reacción que puede tener el mercado financiero ante un estancamiento en la trayectoria de reducción del déficit, que se ha mantenido, con más o menos intensidad dependiendo de la actividad y del socorro a la banca problemática, durante los últimos cinco años. Tal reducción, junto con la recuperación del crecimiento y las intensas reformas de 2012 y 2013, son las que han contribuido a llevar el coste de la financiación de la deuda de España al nivel actual, más generoso incluso que el italiano, pese al exponencial avance de la deuda pública, que ha pasado del 35% de 2007 al 98,3% actual.