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Rajoy: “Pido que no se vayan más empresas ni más depósitos. Esto se arreglará”

Asegura que un objetivo del 155 es "continuar con la recuperación económica" Señala que una Cataluña independiente "abandonaría la UE y la OMC" y se empobrecería un 30%

Sean Gallup (Getty Images)
Cecilia Castelló Llantada

Pido que no se vayan más empresas ni más depósitos. Esto se arreglará". La economía ha sido uno de los argumentos principales que ha utilizado Mariano Rajoy para decidir la aplicación del artículo 155 regresar. Su prioridad, ha dicho el presidente, será la "vuelta a la legalidad" así como volver a la "recuperación económica", una recuperación que se ha visto amenazada. 

En su comparecencia en Moncloa para explicar las medidas aparejadas a la aplicación del artículo 155, Rajoy ha enumerado las "faltas a la verdad" en materia económica en las que ha incurrido el independentismo para justificar sus aspiraciones. Para empezar, ha señalado, la independencia llevaría a Cataluña a un "empobrecimiento" ya que perdería "entre el 25% y el 30%" de su PIB. Y ha añadido: "abandonaría la UE y la OMC" y pasaría a ser un "tercero" en las relaciones comerciales con el resto de Europa. Se le aplicaría por lo tanto los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. El documento que ha aprobado el Gobierno señala que todo ello "supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB".

El presidente del Gobierno español ha señalado que "más de 1.000 empresas" han abandonado Cataluña en las últimas semanas además de gran parte de las grandes compañías, unos datos que ha definido como "preocupantes". 

La incertidumbre que se ha abierto desde el pasado 6 de septiembre cuando se aprobó la cuestionada Ley del Referéndum en el Parlament catalán ha llevado a muchas compañías a trasladar su sede social fuera de Cataluña. En el caso de la banca, se sumó además la salida de depósitos por miedo a una intervención o a un corralito financiero, una inseguridad que provocó una una pérdida de al menos 4.000 millones de euros en un solo día en cuentas en Cataluña, según reconoció la ministra de Sanidad, Dolors Monrserrat. Compañías como Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural, Abertis, Codorníu, Grupo Planeta, o GVC Gaesco Beka ya han decidido su traslado (en muchos casos también la sede fiscal), una fuga que provocará una pérdida de recaudación cercana a 5.000 millones de euros

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El Ejecutivo aprobó el pasado 6 de octubre una normativa para agilizar la salida de las empresas de Cataluña, a través de la simplificación de un proceso que ya facilitó en 2015

En su explicación de motivos, el documento aprobado por el Ejecutivo este sábado, describe los efectos económicos de la "pretendida independencia":

Según señala en su explicación de motivos, el documento aprobado por el Ejecutivo, la "pretendida independencia" de Cataluña generaría unos "efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas" para los intereses de Cataluña y para el interés general de España. Así, subraya que "implicaría aislar una economía" que hoy está "plenamente integrada" en España y la UE, al tiempo que llevaría a "un empobrecimiento" de su economía de entre el 25% y el 30%" y la coyuntura económica sería "insostenible". 

Asimismo, desde el punto de vista financiero, la salida de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria "implicaría la ausencia de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo". La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, "resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que "impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña".

"Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión", alerta el Gobierno en el documento.

Desde el punto de vista de la financiación pública, el Ejecutivo augura que, en caso de independencia, "las tensiones presupuestarias serían evidentes". Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería "muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo", por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea".

Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación, según añade el documento del Gobierno.

La independencia "implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo" y supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales.

Ante esa perspectiva, un "objetivo irrenunciable" del Gobierno es el de "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica".

Según este texto, el proceso independentista ha "relegado a un papel marginal las necesidades más básicas" de los catalanes dado que se ha convertido "en la prioridad de la agenda política los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios públicos".

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Sobre la firma

Cecilia Castelló Llantada
Es redactora jefa de la mesa digital en Cinco Días, periódico donde trabaja desde el año 2000. Licenciada en Economía y Periodismo, ha escrito en la sección de Mercados, en Empresas y, en los últimos años, ha formado parte del equipo que ha impulsado la transformación digital del diario económico decano de España

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