5.000 millones de impuestos en liza con los cambios de sede empresarial en Cataluña

La fuga de empresas provoca una pérdida de recaudación clave para una Cataluña independiente

Iniciar la aventura con 5.000 millones menos de lo previsto es una buena piedra en el camino

5.000 millones de impuestos en liza con los cambios de sede empresarial en Cataluña

El traslado masivo de sede social de grandes empresas de Cataluña hacia otros territorios de España, al que estamos asistiendo, es una bomba de innumerable calado socioeconómico. Las empresas que han cambiado de domicilio social buscan, sobre todo, un entorno en el que garantizar a clientes y accionistas la seguridad jurídica de un país miembro de la UE y fundador del euro. La banca catalana, además, busca el paraguas normativo del BCE, que frene la fuga de ahorros a otras entidades y garantice los depósitos a los ahorradores ante cualquier escenario que dejara a Cataluña fuera de la UE y/o ante otros escenarios más inquietantes, de legalidad paralela.

Otro de los aspectos más relevantes de esta fuga de empresas hacia aguas menos turbulentas es el tributario. Desde el punto de vista de la Hacienda estatal, el traslado de sede social de Barcelona a Valencia, Alicante, Zaragoza o Madrid es, en principio, irrelevante, ya que ello no implica el cambio automático de domicilio fiscal.

Incluso en esa circunstancia (traslado también fiscal), el impuesto sobre sociedades está centralizado en los territorios de régimen común (todos menos País Vasco y Navarra). Dicho de otra manera, la Agencia Tributaria se encarga de gestionar, inspeccionar y recaudar el impuesto, con independencia de si las empresas están afincadas en territorio catalán, madrileño o valenciano.

Sin embargo, el asunto cobra relevancia si se tiene en cuenta que la Generalitat cuenta con que estas empresas sigan ingresando sus tributos, algún día, en un fisco catalán soberano. Ante esta circunstancia, todo cambia de valor. La recaudación que la Agencia Tributaria obtiene por el impuesto sobre sociedades en Cataluña está cercana a 5.000 millones de euros (4.600 millones en 2016).

El cambio de sede fiscal (gran parte de ellas ya han comunicado que también lo han realizado) en una Cataluña fuera de la UE implicaría que muchas de estas empresas fueran consideradas extranjeras a efectos fiscales (no residentes en Cataluña) o, al menos, tuviera que dilucidarse el trato fiscal de las filiales que pudieran seguir instaladas en Cataluña siguiendo criterios de la UE.

Todo proyecto de independencia, sin impuestos que aseguren una mínima financiación, es una mera quimera

CaixaBank, emblema empresarial catalán, que ha trasladado de sede también todo su aparataje industrial (Criteria), fundacional y de seguros, junto con Banco Sabadell (otro símbolo de poder financiero), amenazan, además, con iniciar el traslado parcial de su operativa, lo que conllevaría también el de puestos de trabajo. En el caso de Sabadell, estudia trasladar una serie de direcciones a Madrid. Ello acabaría afectando también a la recaudación del IRPF en la comunidad autónoma. Solo el grupo CaixaBank declaró por el impuesto sobre el beneficio 482 millones de euros en 2016.

Iniciar la aventura de la independencia con 5.000 millones de euros menos de lo previsto, o al menos tener que luchar por retenerlos o darles aparataje legal en el limbo que supondría una república no reconocida por la UE, es una buena piedra en el camino. Un análisis del reparto del impuesto prueba la fuerte concentración que tiene en Cataluña. De los 4.600 millones recaudados en la comunidad por sociedades en 2016, 4.000 millones de euros corresponden a Barcelona, en donde se encontraba hasta ahora la inmensa mayoría de las sedes de las grandes empresas catalanas. El resto (no llega a 700 millones) se reparte entre Girona (280 millones), Lleida (150 millones y Tarragona (200).

Con todo, cierto es que buena parte del tejido empresarial catalán corresponde a pymes. Muchas de ellas tributan por IRPF a través del régimen de autónomos o del pequeño comercio, un impuesto que recauda 14.000 millones anuales en territorio catalán. En este caso, también está habiendo movimientos. Según reconocen los registradores de la propiedad, la huida de empresas se está produciendo a un ritmo de 150 diarias, y gran parte de ellas son pymes. Hasta el momento hay contabilizadas más de 700 empresas que han solicitado traslado de sede.

Barcelona, sede hasta ahora de las grandes empresas en Cataluña, concentra la mayoría de la recaudación (4.000 de 4.600 millones) por el impuesto sobre sociedades en la comunidad autónoma 

Obviamente, ello no indica que se deje de pagar impuestos en Cataluña pero existen indicadores de que se están produciendo cambios en su normal funcionamiento como la apertura de cuentas bancarias en comunidades limítrofes, asociadas a pequeñas actividades empresariales y profesionales y atisbos de deslocalizaciones. Prueba de esta preocupación por parte del Govern es que se ha lanzado a filtrar documentos internos en donde ofrece mayores incentivos fiscales a las pymes en el caso de una Cataluña independiente para evitar una sangría recaudatoria mayor.

Otro de los impuestos afectados es el IAE, de carácter municipal. En principio el traslado de sede a otra comunidad no significa una desafectación de las actividades económicas de una empresa en un municipio. Sin embargo, la casuística puede ser abrumadora. Podría ser utilizado por los ayuntamientos de los municipios que reciben a la sede de la empresa (léase Valencia, Alicante, Madrid) para solicitar el correspondiente aumento de cuota en el IAE, si detectan sensibles variaciones de actividad o deslocalizaciones. Lo que gane Madrid y Palma irá en detrimento de las arcas del Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo.

El IVA y los impuestos especiales, ligados al consumo, no cuentan con relación directa en el traslado de sedes empresariales pero sí lo tiene en tanto que un Estado soberano nace con fronteras y aranceles, que afectan al comercio y por ello al también al consumo interno y externo. Además, este escenario de incertidumbre está dañando el consumo, como ya han reconocido las patronales turísticas y de restauración.

Por todo ello, la cuestión impositiva es clave para ganar la independencia, por eso la intención del Govern de crear una Agencia Tributaria catalana que gestione todos los impuestos que se recaudan en Cataluña. Sin una Administración que cuente con todo el aparataje para gestionar impuestos estatales en Cataluña y, sobre todo, para quedarse con la recaudación obtenida, la independencia no deja de ser papel mojado. El expresident Artur Mas reconoció este insuficiente aparataje fiscal hace unos días en la BBC. La fuga de empresas, además, provoca una pérdida recaudatoria para el hipotético Estado naciente, necesitado de pilares que lo sustenten.
Y es que todo proyecto de independencia, sin impuestos que aseguren una mínima financiación, es una mera quimera.

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