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Carles Puigdemont, el martes en el Parlament de Cataluña.

Cataluña: frente a los trileros, pedagogía

El Gobierno debe ser inteligente al administrar el 155 para evitar dar munición a los populistas

España debe dejar de ser una excepción en su entorno y promover un relato integrador de la nación

En la continua huida hacia adelante en que ha convertido su cruzada secesionista, Puigdemont ha encontrado en el surrealismo un nuevo aliado. Aunque una declaración de independencia tan esperpéntica como la puesta en escena el pasado martes puede resultar cómica conviene no engañarse: estamos ante un paso más en la construcción simbólica de una legitimidad política alternativa. Los independentistas catalanes tienen un claro proyecto de construcción nacional y para ello no dudan en ir adaptando su estrategia a las circunstancias. Tras décadas de espera, tanto da si la desconexión se consigue en un par de meses o en un par de años. Lo importante es seguir desbordando por la vía de los hechos las normas de convivencia que todos, españoles y catalanes, nos hemos dado.

Mientras los análisis se centran en el juego de trileros del President, los efectos profundos de este desgarro pasan a un segundo plano. En Cataluña el orden constitucional está suspendido de facto desde comienzos de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. En ese momento los líderes independentistas dieron por enterrada la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, normas que han permitido el más amplio régimen de autogobierno en esta comunidad y las mayores cotas de pluralidad social y cultural en la España contemporánea. Al hacerlo, declararon también abolido el Estado de Derecho que desde hace casi cuatro décadas garantiza en nuestro país la convivencia pacífica de los distintos proyectos políticos. 25 años después de unos Juegos Olímpicos que ofrecieron un ejemplo de unidad en la diversidad, resulta deprimente escuchar a los representantes de la mitad de los catalanes decirles a sus conciudadanos y al resto del mundo que las identidades catalana y española han dejado de ser compatibles, pese a los incontables lazos históricos, sociales, culturales y afectivos que compartimos.

Son muchos los desatinos que nos han conducido a este fracaso colectivo, pero sostener una falaz equidistancia en el reparto de culpas solo alimenta la confusión. Más allá de los problemas reales, los problemas exagerados y los problemas inventados, en Cataluña se libra desde hace décadas una batalla por el control de las palabras, los sentimientos y las conciencias. En política, la percepción de la realidad importa más que la realidad misma y esta se construye en buena parte con discursos. La desafección emocional de muchos catalanes hacia el proyecto común español es el resultado de un discurso cuasi-hegemónico repetido hasta la saciedad a través de canales que van desde la escuela hasta los medios de comunicación, pasando por las asociaciones culturales, la lengua o el fútbol.

Ante semejante esfuerzo de ingeniería social España ha perdido por incomparecencia. En ausencia de réplica, la sistemática equiparación de lo español con el atraso político, social y cultural ha dificultado cualquier intento de contraponer un discurso integrador de identidades múltiples y entrelazadas. La espiral del silencio que desde hace años ahoga la voz de la Cataluña no nacionalista da como resultado un espacio público asfixiante, en el que cualquier discrepante es despachado con el calificativo de “fascista” (Serrat incluido). El nacionalismo excluyente consigue así presentar falsamente a la sociedad catalana como un todo homogéneo.

A esta dinámica envenenada se le ha sumado en la última etapa un vendaval populista que, en Cataluña y en el resto del mundo, simplifica la idea de democracia hasta reducirla a una caricatura. A estas alturas resulta ineludible acompañar la palabra democracia del adjetivo que precisa su sentido moderno. La democracia liberal es mucho más que poner urnas para votar. Con sus instituciones representativas, sus garantías constitucionales y sus procedimientos reglados para el debate, la democracia liberal y el Estado de Derecho constituyen la mejor defensa que la razón ha encontrado contra la tiranía, ya sea esta ejercida por un déspota o por una mayoría coyuntural que pretenda cercenar los derechos y libertades de sus conciudadanos. En una época de eslóganes sectarios y razonamientos low cost sería fundamental que el mantra del “derecho a decidir” dejase paso al “derecho a ser consciente de lo que se va a decidir”.

Como el Brexit ha evidenciado, un referéndum basado en posverdades y apelaciones a las más bajas pasiones constituye una burla al sentido último de la democracia. La falta de empeño de nuestras élites políticas e intelectuales en explicar esto es otra causa de la situación actual. Para aquellos en cuyo imaginario España aparece como un régimen autoritario equiparable a la Turquía de Erdogán la independencia no puede ser más que una liberación. A la “revolución de las sonrisas” Rajoy solo ha opuesto jueces y antidisturbios. ¿Para cuándo un relato pedagógico?

¿Qué hacemos ahora? A corto plazo no cabe otra solución que restaurar el orden constitucional combinando la firmeza del Estado de Derecho con el menor quebranto posible a una convivencia muy deteriorada. El artículo 155 de la Constitución puede ser el mal menor frente al caos en el que unos inconscientes nos quieren sumir, pero el gobierno debe ser inteligente en su administración para evitar darle los populismos catalán y español el arsenal de odio y victimismo que manejan con habilidad. Sin embargo, nada de esto servirá a medio plazo si seguimos fallando en el diagnóstico del problema. Frente a una deriva sin fin en la búsqueda de rasgos étnicos y hechos diferenciales se trata, por una vez, de poner en valor lo que nos une. Conviene recordar lo obvio: la Constitución de 1978 alumbró un país plural y diverso con una descentralización política a la altura de cualquier estado federal avanzado.

En los próximos años España debe dejar de ser una extraña excepción entre las democracias de su entorno y empezar a promover un relato progresista e integrador de la nación como un espacio público de ciudadanos libres e iguales. Para ello, cualquier reforma constitucional debe orientarse a dignificar nuestras instituciones y aumentar la calidad de nuestros debates. Dejemos de mirarnos el ombligo y fijémonos en modelos que valen la pena. Frente a las banderas que añoran muros, la enseña europea nos ofrece un proyecto común a la altura del mejor ideal humanista.

Carlos Rico Motos es politólogo y profesor de Comillas Icade

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