Tras la DUI, crisis fiscal y suspensión de pagos

No hay un paraíso financiero después de la ruptura unilateral, indefendible en economía

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La situación de Cataluña ha llegado ya a unos niveles de inestabilidad absolutamente insoportables. La aprobación en el Parlament a principios de septiembre de las leyes para la convocatoria de un referéndum y la de desconexión posterior incumpliendo el reglamento de la cámara, el Estatut y la propia Constitución, seguido por la organización por parte de la Generalitat de esa consulta ilegal, bajo la pasividad de la policía autonómica desobedeciendo un claro mandato por parte de las autoridades judiciales han situado a Cataluña ante el abismo.

Desde entonces, nos enfrentamos a dos problemas. Por una parte, el encaje de Cataluña en el conjunto del país que está obviamente sin resolver. Y, por otra, las últimas decisiones de las autoridades autonómicas de Cataluña han situado a esa comunidad fuera del Estado de Derecho. Esta situación nos interpela, nos interroga, sobre los posibles caminos que debemos tomar. Sin duda, el diálogo es el instrumento para encauzar esta crisis, pero para ello debemos retornar al Estado de Derecho. No hay negociación posible si no se comparte un marco conceptual común, y ése, en una democracia, no puede ser otro que la Constitución y sus cauces.

Exijamos y confiemos en esa vuelta al Estado de Derecho por parte de las autoridades catalanas, y volvamos al debate inicial sobre el modelo autonómico y el papel de Cataluña. En todo caso, esta crisis ya está teniendo un impacto sobre la economía del país, especialmente en Cataluña y si no se encauza con prontitud amenaza con tener consecuencias desconocidas.

En octubre de 2012 redactaba un informe en mi trabajo previo en Solchaga Recio & asociados sobre los posibles efectos económicos de una secesión de Cataluña. Los vectores de análisis se centraban en la cuantificación de los saldos fiscales entre Cataluña y el resto de España, los posibles ‘efectos frontera” sobre los saldos comerciales, y el reparto institucional del stock de activos (empresas públicas, patrimonio, etc.) y pasivos (deuda pública, deuda contingente de la Seguridad Social, etc.), la pérdida de economías de escala en la provisión de bienes y servicios con efectos sobre ambas partes, y los costes fijos de la potencial creación de un nuevo Estado. Ciertamente, el saldo global de esta operación y el efecto neto en Cataluña y en el resto de España variaba en cada uno de los escenarios: independencia negociada, secesión unilateral o el paso a un cierto limbo con un territorio fuera del Estado de Derecho, aún no independiente pero foralmente dentro de España y, por ende, en la Unión Europea. En todos ellos el resultado neto para cada una de las partes era muy negativo.

La única conclusión posible de ese ejercicio era y es que la independencia solo podía defenderse desde posiciones políticas, pero no económicas. No hay un paraíso financiero más allá de la independencia. Por cierto, con una conclusión similar, aunque con el peso de la escritura de un libro, Josep Borrell cerraba suobra “Cuentas y cuentos de la independencia”.

Además, quizá haya que insistir en que una independencia unilateral si llegara a hacerse efectiva dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, de la zona euro. Es cierto que los ciudadanos podrían seguir usando el euro como moneda, pero sus bancos se quedarían sin acceso a la financiación del BCE y la deuda pública catalana pasaría a ser excluida del programa de compra de bonos, postrando a la Generalitat a una crisis fiscal camino de la suspensión de pagos.

De momento, parece que nos encontramos en un compás de espera entre una declaración de independencia de carácter retórico y el sometimiento al orden constitucional. Sin embargo, es obvio que esta posición es totalmente inestable. O bien el lunes se proclama la declaración unilateral de independencia, que exigiría la actuación de las autoridades del Estado. O bien la Generalitat aplaza una decisión tan trascendental, intentando mantenerse en un cierto limbo, aunque de nuevo el Estado en esa situación deberá actuar. En todo caso, esos costes de la inestabilidad actual ya los estamos observando. Los mercados de capitales han elevado sustancialmente su volatilidad, las compañías residentes en Cataluña están sufriendo una corrección superior, la deuda pública eleva sus tipos de interés, protegida en todo caso por el BCE, y no tardaremos en registrar, si esto sigue así, “guerras comerciales”, en el marco de una cierta paralización de decisiones de inversión y con el diseño de planes de contingencia, por no hablar del riesgo de fuga de capitales. No hay nada peor que la incertidumbre y la desconfianza en la seguridad jurídica de una economía.

Así pues, confiemos en esa vuelta al orden constitucional y en el inicio de unas negociaciones que encaucen la cuestión catalana en los patrones ordinarios de debate en nuestro país.

Jonás Fernández Álvarez es diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.