Un divorcio de España dispararía la factura eléctrica de los catalanes
Cataluña se enfrentará a mayores precios derivados de una generación más cara y una red de poca calidad La situación se agravaría en el caso de una desconexión del sistema, que pocos prevén
Un análisis (por el momento, de política ficción), de cuáles podrían ser las consecuencias para el sistema energético de una hipotética independencia de Cataluña, produce un cierto vértigo. Varios factores hacen complicada, por no decir imposible, la desconexión energética entre ambos territorios: la complejidad de un sistema abierto, que tiende a lo contrario:la interconexión; una abstrusa regulación cada vez menos nacional y un sector que se prepara para transitar hacia un modelo descarbonizado basado en renovables.
Según datos de la CNMC, Cataluña supone un 20% del total de la demanda eléctrica de España; un 20% de la generación convencional; tiene una capacidad instalada de casi 13.000 MW, un 13% del total peninsular. De estos, un 32% son ciclos combinados de gas; un 22%, nuclear, y otro 23%, hidroeléctrico. En territorio catalán se ubican tres de las ocho centrales atómicas españolas (los dos reactores de Ascó y el de Vandellós), y la interconexión de la Peninsula con Francia (por los Pirineos Orientales), que comparten al 50% el operador del sistema español, REE, y el francés, RTE.
En la comunidad autónoma hay 4,378 millones de puntos de suministro eléctrico, de los que 3,5 millones, corresponden a Endesa, (empresa propiedad de la estatal italiana Enel). Las regiones eléctricas no coinciden con las fronteras autonómicas. Así, en Cataluña, las líneas de distribución en baja y media tensión son monopolio de Endesa y las de transporte de alto voltaje, de REE, a su vez, operador del sistema.
En cuanto al sector del gas, Cataluña absorbe un 20,71% de la demanda, en línea con el peso de su industria. Esta consume un 53% del total (66.500 GWh); otro 23% de este combustible se destina a la producción de electricidad y casi un 24%, es la demanda doméstica. En resumen, un mercado de 2,2 millones de clientes, que domina Gas Natural con una cuota del 76%, seguida de Endesa, con el 17%.
El futuro del sistema energético en caso de una secesión de Cataluña dependerá de dos variables: que esta sea fruto de un grave conflicto y, por tanto, sin un mínimo acuerdo, o que sea consecuencia de un pacto más o menos amistoso. En el primer escenario, opinan fuentes del sector, habría que recurrir a una solución al estilo de Kosovo, en que árbitros internacionales mediaron en un acuerdo con Serbia y procedieron a una valoración de los activos situados en territorio kosovar, que pasaron a manos del nuevo Estado.
Solo es posible, por tanto, aventurar una hipótesis sobre la base de un divorcio de mutuo acuerdo, que, en cualquier caso nunca sería pacífico. En este punto, habría que ver la disposición de cada parte a ceder a las pretensiones de la otra.
Varios son los problemas derivados del cisma: económicos (el coste de la separación para los usuarios); regulatorios (si se mantienen las mismas tarifas y se asumen y, en qué medida, las deudas y ayudas del sistema) y patrimoniales (si se respeta la propiedad de unas empresas y activos que son privados, salvo las participaciones de la SEPI en REE o Enagás), o se opta por nacionalizar.
En lo referente a las redes (un negocio pegado al terreno, regulado y en régimen de monopolio), hay consenso entre los expertos a la hora de afirmar que la desconexión es imposible, máxime cuando el enlace internacional del Mercado Ibérico de la Electricidad (Míbel) está en territorio catalán.
Todo apunta a que los dirigentes catalanes promotores del referéndum ilegal del día 1, aspiran en el ámbito energético a un estatut mejorado, más que a una verdadera independencia. De hecho, no propugnan la desconexión de las redes (lo que convertiría a Cataluña en una isleta energética, dentro de la isla que es la Península Ibérica), pero sí al cobro de los peajes por acceso a las redes, “adecuados al uso que cada uno haga de las mismas”. Por lo demás, se respetaría a las empresas, para evitarle problemas de suministro a los millones de usuarios catalanes. Salvo las participaciones públicas de REE (20%) y Enagás (5%), que reclamarían en proporción a su peso del 20% en el sistema energético.
Una isleta energética
Pese a que nadie aventura una desconexión física, el hecho de tener regulación e instituciones propias; un mix eléctrico más caro y la desaparición de una economía de escala hace prevér un encarecimiento de los precios energéticos para los usuarios catalanes, que verían peligrar su seguridad de suministro.
Una Generalitat independiente necesitará un supervisor energético propio (una CNMC local); un operador del sistema (si lograra una parte de REE, esta seguiría como operador) y su propio consejo de seguridad nuclear. Todo ello tendrá un coste para el sistema catalanes. Aunque dejarán de contribuir al coste de los actuales organismos, este se repartiría entre los 25 millones de usuarios que quedarían en el sistema español. A este coste habría que sumar la posible expulsión del Míbel (lo que le obligaría a constituir un pool propio); las inversiones derivadas de mantenimiento de una red de distribución de peor calidad como es la catalana.
Con todo, la causa principal de un encarecimiento de la factura de la luz en una Cataluña independiente es el sobrecoste que deberán pagar sus ciudadanos por contar con unas centrales de generación más caras (un 32%, es de gas). Cataluña ha sido tradicionalmente una zona con restricciones técnicas, lo que fuerza a REE a programar fuera del mercado diario plantas catalanas que no resultan casadas en el diario, pues, al ser más caras, no compiten. Por contra, con una generación más barata, en España los precios serían menores, pues dejaría de socializar los sobrecostes de las restricciones técnicas en Cataluña.
Pese a ello, hay variables que podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro: que los catalanes dejen de pagar en su factura costes ajenos al sistema, como los incentivos a las renovables o a la industria (a través del servicio de interrumpibilidad), pero esto perjudicaría a estos sectores. España, por lógica, exigiría a la Generalitat la parte correspondiente a la financiación de la deuda eléctrica (24.000 millones de euros), toda ella titulizada entre bancos, o el coste de la interconexión con Francia(150 millones), por ejemplo. No así los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, que se negarían a asumir.
Los metaneros se desviarían hacia otras regasificadoras
España cuenta con uno de los mayores parques de regasificación del mundo: media docena de plantas, de las cuales, una está en el puerto de Barcelona. Propiedad de Enagás, operador de la red española de gasoductos (740 kilómetros en territorio catalán) y de casi todas las infraestructuras del sistema, en una supuesta independencia de Cataluña esta compañía enarbolaría su naturaleza de empresa privada.
El Estado tiene un 5% de esta compañía y goza de una protección y, al igual que REE, tiene limitados los derechos de voto a los inversores privados.
En el caso de que un hipotético Gobierno independiente optara por aplicar peajes superiores por el uso de la red que transcurre por su territorio, los operadores desviarían los buques metaneros con gas destinado a los usuarios españoles a otras regasificadoras.
De esta manera, se daría la paradoja de que la titular del gas que viene de Argelia por el gasoducto del Magreb, con sede en Barcelona, Gas Natural, podría tener dificultades para llevar a Cataluña dicho gas. No obstante, esta compañía tiene suficientes clientes en el conjunto del mercado, por lo que no se le auguran problemas en este sentido,.
Respecto al mercado de carburantes, un Gobierno independiente tendría en sus manos la fiscalidad de los hidrocarburos, por lo que el futuro de estos productos dependerá de la política a aplicar. Ninguna de las grandes petroleras españolas, Repsol o Cepsa, tienen su sede en Cataluña, si bien, en el capital de Repsol figura Caixabank (algo menos del 10%) y ambas controlan el 43% de Gas Natural.
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