independencia cataluña
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un encuentro en 2016. EFE

Cómo evitar (y cómo no) el peor escenario catalán

Sortear la declaración de independencia exige inteligencia política, pero abundan los pirómanos

Proclamar una declaración unilateral de independencia (DUI) sería una inmensa irresponsabilidad que tendría unos efectos económicos y sociales imprevisibles y graves. La mera posibilidad de que se produzca este escenario ya ha provocado la huida de capitales y un clima de tensión inédito que se respira no solo en Cataluña, sino en toda España. El cambio de sede de Banco Sabadell es una consecuencia del momento de excepcionalidad.

La actuación de todas las autoridades y actores sociales, al menos de aquellos que tienen un mínimo de responsabilidad, deberían ir encaminadas a evitar este escenario. Una declaración unilateral de independencia supondría la segura aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la suspensión de la autonomía. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros altos cargos serían probablemente detenidos y acusados de sedición. Los movimientos independentistas se movilizarían como nunca antes y la reacción policial superaría lo ocurrido el 1-O. Parece que todo está preparado para que un incidente, incluso pequeño, pueda derivar en una espiral de violencia que se extienda por toda España. Y no digamos si, en algún momento, el conflicto provoca una víctima mortal.

Soterradamente se está generando un aire cada vez más irrespirable. En un pueblo de Barcelona, hijos de guardias civiles fueron señalados y amedrentados, incluso por los propios profesores; en Madrid, una hija de catalanes regresó llorando a su casa porque los compañeros le decían que se largara a su tierra. Cuando los conflictos políticos entran en las escuelas deberían hacer saltar todas las alarmas. Lo que está en juego es la convivencia de generaciones.

Obviamente, si se declara la independencia, el responsable será Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, su Gobierno y los diputados que le apoyen en el Parlamento catalán. Sin embargo, el Gobierno central, las autoridades del Estado y la clase política deberían colaborar a rebajar la tensión. Las comparaciones con los nazis del portavoz del PP, Rafael Hernando, o del histórico del PSOE Alfonso Guerra van justo en la dirección contraria. La decisión del Tribunal de Constitucional de suspender el pleno del lunes en el que se barajaba la posibilidad de proclamar la independencia puede dar algo de tiempo a enfriar la situación. Tampoco puede descartarse que el Gobierno se adelante a cualquier movimiento del Ejecutivo catalán e intervenga la autonomía antes de cualquier posible proclamación unilateral.

Puigdemont se ha situado en un callejón sin salida. Al dar validez al resultado del referéndum, se obliga a proclamar la independencia si cumple su propia norma. Sin embargo, el presidente de la Generalitat debería saber que ese camino conduce al peor escenario. Y lo sabe. Desde el 1-O, Puigdemont ha comparecido en tres ocasiones y en las tres ha hecho más hincapié en la mediación que en la independencia. Pide a gritos una alternativa. Ofrecerle una escapatoria sería una actitud inteligente.

Para el Gobierno, sentarse a negociar equivaldría a premiar la desobediencia de Cataluña y situar de igual a igual al Ejecutivo central y a la Generalitat. “No hay nada que dialogar con golpistas”, se oye. Esta postura, la de no hacer nada, o limitarlo todo a la ley y al orden, es la que nos ha llevado al borde del abismo. Cuando caigamos, unos podrán decir que la responsabilidad es del otro, pero todos estaremos en el fango. Sin abrir una negociación oficial, se pueden buscar fórmulas intermedias de contactos que sirvan para desencallar la situación.

La proclamación de la independencia generaría un caos que solo puede interesar a quienes creen que sacarán réditos políticos. Parte del independentismo cree que llevar la situación al extremo, dañar la economía catalana y española y generar una fractura social es la única manera de lograr una intervención de la comunidad internacional y acercarse a la independencia. Y no son pocos los que desde otro bando están deseando tomar las medidas más duras posibles, con humillación incluida, sin importarle las consecuencias.

En una situación como la actual se requieren políticos audaces e imaginativos y sobran pirómanos. La situación ha entrado de lleno en el terreno de las emociones y en este contexto se incrementa la posibilidad de escoger las peores estrategias.

Uno de los efectos colaterales del proceso independentista es que ha despertado un nacionalismo español que mantenía un cierto perfil bajo, propio de las naciones que tienen un Estado detrás a su medida. De la misma manera que un día sin darnos cuenta vimos cómo las banderas independentistas brotaban en los balcones de Cataluña, hoy vemos como la bandera española luce en muchas viviendas. El cambio ha sido especialmente significativo en Madrid. “No somos nacionalistas, sino patriotas”, dicen para alejarse de los independentistas catalanes. En realidad, un patriota es un nacionalista ordinario que tiene una alta concepción de sí mismo. Combatir el nacionalismo con nacionalismo solo contribuye a elevar el clima de tensión.

A corto plazo, el Estado tiene todas las herramientas para detener la independencia, incluida la fuerza. Precisamente porque tiene el monopolio de la violencia, debería ser exquisito en su uso. Y esto no fue así el pasado domingo. Las imágenes de las desproporcionadas cargas policiales contra ciudadanos ha dañado la imagen de España en el exterior. Aunque el movimiento independentista ha pecado de ingenuo al creer que ello generaría la intervención de la Comisión Europea a su favor.

Las organizaciones soberanistas se mueven en la posmodernidad y son imbatibles a la hora de generar imágenes impactantes y narrativas, pero ello es insuficiente para ganarse el favor de estas viejas y poderosas instituciones que son los Estado-nación.

Una vía de desbloqueo sería una convocatoria electoral en Cataluña. Aunque supondría reconocer que la promesa de los partidos soberanistas, que plantearon los anteriores comicios como un plebiscito, es irrealizable. Un baño de realidad.

Con nuevos actores, el diálogo con el Gobierno central sería factible. Pero ello de nada sirve si se sigue ignorando que en Cataluña existe un grave conflicto que debe ser encauzado con inteligencia y a través de la política. Un referéndum pactado, con mayorías reforzadas, puede suponer una vía de desbloqueo. Pero no la única. Lo que no puede ser una opción es mirar hacia otro lado.

Normas
Entra en EL PAÍS