La confianza en los gobernantes cayó cerca de un 27% por la desigualdad en España entre 2007 y 2014
Sucede por debilitamiento de la cohesión social como resultado de la desigualdad, según un estudio de Citi y Oxford Martin School el respaldo a los populismos se ha duplicado desde los años sesenta en los países de la OCDE.
En España la confianza en los gobernantes cayó alrededor de un 27% de 2007 a 2014, del 48% al 21%, un descenso en el que ha desempeñado un papel importante el aumento de la desigualdad económica, según un estudio de Citi en colaboración con el Oxford Martin School. Los expertos que firman el documento relacionan la debilidad en la cohesión social, como resultado de la desigualdad, con el auge de los populismos.
En un cómputo global, la desigualdad en cuanto a ingresos ha disminuido en los últimos años, lo que ha contribuido a reducir el número de personas viviendo en extrema pobreza. Sin embargo, en los países que cuentan con economías avanzadas, como EE UU y los miembros de la UE, la desigualdad ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. La brecha se ha abierto en aquellos países que eran más igualitarios, tales como Suecia, y se ha acentuado en los que ya existía, como Grecia y España.
Según el estudio, la crisis que golpea Europa desde 2008 ha tenido un impacto negativo en la carrera por la igualdad económica, aunque no consiguen señalar una tendencia clara entre ambos conceptos. En algunos casos la crisis ha empeorado la situación, tal es el caso de Grecia o España, y en otros casos no se ha apreciado una relación directa, como en Irlanda y Portugal. En España, según los expertos de Citi y Oxford Martin School, los ingresos medios eran más bajos en 2015 que en 2008.
España es el tercer país de la UE en la que más subió la desigualdad durante la crisis, solo por delante de Grecia y Chipre. Según datos del Eurostat, en 2015, el 20% más rico ganaba 6,9 veces más que el 20% más pobre. Siete años antes, en 2008, cobraban 5,6 veces más. La población en riesgo de pobreza en España en 2008 era del 23,8%, en 2015 el índice subió al 28,6%.
Esta dinámica en la que los ricos se hacen más ricos o se mantienen y la clase media y baja ven su poder adquisitivo cada vez más mermado da lugar a un ambiente social de descontento que se convierte en un campo fértil para extremistas y populistas. Según el estudio, el respaldo a los populismos se ha duplicado desde los años sesenta en los países de la OCDE.
La disparidad en el reparto de la riqueza no es una excepción y también ha crecido. En los países de la OCDE, de media, el 50% de la riqueza está en manos del 10% de la población. El estudio señala dos canalizadores principales en la escalada de la desigualdad a los que denominan “la economía primero” y “la política primero”.
“La economía primero” engloba mercados descentralizados, cambio tecnológico, globalización y liberalismo económico. En “la política primero”, están recogidas las decisiones políticas que respaldan medidas como las privatizaciones, liberalizaciones, la luz verde al libre mercado, políticas fiscales discriminatorias, entre otras.
La riqueza se concentra en las generaciones mayores y le da una dimensión generacional a las tensiones que surgen alrededor de la desigualdad. Además, los analistas de las dos instituciones participantes también resaltan la inmovilidad social que genera la desigualdad: padres con mayores ingresos se traducen en mejores oportunidades para los hijos, especialmente a través del acceso a la educación.
Los curadores del estudio se preguntan al final del mismo qué hacer para contrarrestar el avance de la desigualdad. Ellos afirman que no se trata de un problema que se solucione solo. A veces, la disparidad era una consecuencia involuntaria como cuando se redujeron las barreras al comercio y las finanzas internacionales. En otras ocasiones, la desigualdad es considerada un mal necesario para mejorar el rendimiento de los mercados y las economías, como la liberación del mercado de trabajo en algunos países europeos durante los años noventa.
La solución pasa por reforzar la redistribución de la economía y en salvaguardar el nivel de vida de las clases media y baja, dotándolas de una participación tangible en las perspectivas económicas. Para que estas acciones sean efectivas también deben centrarse en la distribución de los ingresos y en una regulación de las fuerzas del mercado capaz de intervenir para asegurar niveles de competencia sanos y de prevenir y disolver monopolios. Además, no se puede obviar la necesidad de asegurar las inversiones públicas en educación y capacitación.
