Lo que las autonomías hacen para luchar contra el imperio Airbnb
Cataluña y Comunidad Valenciana ya han sancionado a la plataforma Baleares y Madrid otorgan plenos poderes a los vecinos para vetarlos
En el otro lado, las comunidades autónomas están actuando a través de dos frentes: sanciones y leyes más restrictivas. Cataluña y Comunidad Valenciana son las dos regiones que ya han impuesto sanciones, mientras que Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid han modificado sus legislaciones para tratar de blindarse ante ese fenómeno. Por otro lado, están empezando a surgir otros efectos indeseados como el caso de particulares que realquilan pisos, aprovechándose de Airbnb, sin el consentimiento de sus propietarios.
CATALUÑA: El Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont establece que será considerado piso turístico aquel que se arriende por un período consecutivo de 31 días más de una vez al año. El propietario de ese inmueble no podrá vivir en él, tendrá que darlo de alta en un registro oficial para que se le asigne un número y estará obligado al pago de la tasa turística (2,25 euros por pernoctación). No se podrán alquilar por habitaciones. Ninguna de estas medidas parece haber surtido efecto sobre Airbnb, que ha aprovechado el vacío legal que existe para dejar su huella en Barcelona. El ayuntamiento presidido por Ada Colau calcula que hay hasta 8.000 pisos turísticos ilegales. La teniente de alcalde, Janet Sanz, anunció el lunes el cierre del expediente para que Airbnb pague la multa de 600.000 euros que se le impuso meses atrás y la apertura de un segundo por un importe similar si persiste en no alcanzar el acuerdo que firmaron el resto de plataformas.
Barcelona ha establecido una moratoria de facto a todos los establecimientos situados en zonas masificadas
El pasado 8 de mayo, Sanz se reunió con Booking, Rentalia, Home Away, Trip Advisor y Apartur, la asociación que gestiona 7.000 de los 9.600 apartamentos turísticos legales en Barcelona, y alcanzó un acuerdo con ellos para que solo puedan comercializar en sus plataformas pisos dados de alta en el registro de la Generalitat de Cataluña. Airbnb no acudió a la cita, ya que considera que no afecta a su actividad entre particulares. En paralelo el consistorio ha diseñado un plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT), que supone una moratoria de facto y pretende diversificar el turismo a zonas menos masificadas. Los expertos consultados consideran que el plan no servirá de nada mientras que no se legalice la bolsa de alojamiento ilegal y resaltan el escaso sentido de llevar oferta a zonas donde no hay demanda. “Los empresarios o los particulares no se van a arriesgar”.
BALEARES: Es otra de las comunidades autónomas más afectadas por el turismo masivo, lo que ha provocado una subida de precios sin precedentes y la expulsión de miles de ciudadanos del mercado de alquiler. Un informe del metabuscador Hundredrooms.com revela que alquilar una casa para dos personas en Ibiza puede llegar a costar 7.000 euros este año. Las administraciones ya han reaccionado. El Ejecutivo de Baleares ha aprobado una norma con cuatro grandes ejes: los pisos que se alquilen con fines turísticos deben disponer de un número de registro; serán considerados como tal aquellos inferiores a un mes de duración; no se podrán alquilar viviendas de menos de cinco años de antigüedad y el más importante es que las comunidades de vecinos podrán impedir los pisos turísticos si así se acuerda con mayoría simple.
Incluso algunos ayuntamientos como el de Palma de Mallorca, pese a no tener competencia, se adelantaron a la norma autonómica y establecieron la prohibición de alquilar pisos turísticos en todos los barrios para garantizar el acceso al alquiler ante la escalada de precios, con subidas del 40% en las zonas con mayor demanda.
COMUNIDAD VALENCIANA. El Ejecutivo de Ximo Puig también establece que todas las viviendas que se alquilen a turistas deberán estar registradas previamente en un censo para realizar un control posterior. Algo que no cumplía ninguna de las grandes plataformas (Airbnb, HomeAway y Rentalia) y que llevó a la Agencia Valenciana de Turismo a imponer en marzo la sanción máxima que fija la norma autonómica (30.000 euros). También se intentó alcanzar un acuerdo para “legalizar” la oferta como en Barcelona, algo que finalmente no se produjo. Algunos ayuntamientos, como el de Valencia, presidido por Joan Ribó (Compromis), ha anunciado la posibilidad de establecer un recargo en el IBI a aquellos propietarios que alquilen su casa a turistas. “Controlar no quiere decir ni derogar ni prohibir, sino controlar y aflorar”, apuntó recientemente.
ANDALUCÍA. La línea de trabajo que ha perseguido la administración andaluza ha sido la regularización de los 80.000 pisos turísticos ilegales que había en Andalucía cuando el nuevo decreto entró en vigor en abril de 2016. Un año después, el Ejecutivo de Susana Díaz defiende que 20.463 propietarios de viviendas con fines turísticos han presentado su declaración responsable para iniciar la actividad ante la posibilidad de ser sancionados con 18.000 euros. En paralelo, la administración andaluza ha iniciado conversaciones con las grandes plataformas para tratar de legalizar la oferta de vivienda, algo que no ha conseguido por ahora. Fuera de esta regulación quedan las viviendas que se ceden sin contraprestación económica, los pisos contratados por un tiempo superior a dos meses continuados por una misma persona y las viviendas rurales.
MADRID: Está trabajando en un decreto con dos grandes líneas de actuación: permitirá a las comunidades de vecinos que puedan incluir en sus estatutos un veto expreso a los pisos turísticos e incrementará las obligaciones en materia de seguridad y servicios para los propietarios. Deberán contar con extintores, plan de evacuación y calefacción, entre otros servicios.
CANARIAS: Aprobó un decreto en mayo de 2015 que establecía una serie de requisitos para regular los pisos turísticos en las islas. Entre los más restrictivos se encontraban el hecho de que no se podían situar en zonas turísticas y la prohibición de alquilar por habitaciones. La Justicia y la CNMC lo tumbaron criticando la discrecionalidad del Ejecutivo canario.
La expulsión de los residentes del mercado de alquiler
Más de la mitad de las personas que alquilaron o buscaron una casa para alquilar en 2016 considera que los precios se están incrementando como consecuencia del boom de las viviendas turísticas.
Esta es un una de las principales conclusiones del informe Visión de los inquilinos frente al alquiler turístico, elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa. El 34% de los inquilinos considera que debido al alquiler turístico la oferta de alquiler residencial se reduce y un 13% recalca que hay barrios y calles en las que residen sobre todo extranjeros. “En Fotocasa siempre hemos defendido que este tipo de arrendamiento influye en el incremento de los precios, pero no es la razón principal de las subidas que está experimentando el alquiler, que ya se eleva al 10,5% anual”, explica Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa.