Cómo frenar a Airbnb con camas, tablas de plancha y secadores de pelo

Como detener en seco la expansión de plataformas de oferta turística como Airbnb en una de las zonas turísticas española por excelencia: Canarias. Esta pregunta se la hicieron los legisladores canarios hace unos meses. El objetivo era, ilustrados o no, por la potente industria hotelera de las islas, impedir que la creciente proliferación de viviendas y apartamentos turísticos erosionara la cuenta de resultados de las grandes corporaciones hoteleras del archipiélago.

¿Y como lo hicieron?, Según el dictamen de la CNMC , desvelado a finales de la semana pasada, los legisladores, corporizados en el Decreto 113/2015 de 22 de mayo por el que adopta el reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, comenzaron a diseñar una batería de medidas tendentes a hacer imposible la rentabilidad de esas viviendas. De hecho la CNMC, según desveló la semana pasada ha decidido impugnar por considerar que "ninguna de las restricciones está justificada desde la óptica del interés general".

El Decreto de 22 de mayo, duramente criticado por la CNMC en un informe de más de 40 páginas, desciende a regular una serie innumerable de requisitos “que carecen de justificación” desde la óptica del vigilante de la competencia en España. Así el texto legal canario exige, para autorizar la explotación de una vivienda como turística, una medida mínima de camas (individuales o dobles) y solo esas, hasta exigir tener en la vivienda una batidora, sabanas, toallas en cantidad suficiente para las personas usuarios, plancha y tabla de planchar, por citar solo un ejemplo.

Además exige que dispongan de un servicio de atención telefónica, cumpla con un sistema de declaración responsables y la inscripción en un registro ad-hoc

Todo ello según la CNMC supone un completo edificio jurídico cuyo efecto “es obstaculizar la entrada y la capacidad de competir de las viviendas vacacionales en el mercado turístico de las Islas Canarias”. Por el grado de asombro que causa en el regulador quizá el más importante de estos obstáculos es el que impide a los apartamentos adscritos a plataformas como Airbnb ofrecerse como tales si están situados en “suelos turísticos, que se encuentren en zonas turísticas o urbanizaciones turísticas”.

La CNMC recuerda en su informe que hasta un 85% de los alojamientos ofertados en las dos principales plataformas de viviendas turísticas colaborativas se encuentran en zonas donde se ubican hasta el 90% de los hoteles. “Por tanto la evidencia empírica confirma el potencial restrictivo del Decreto para expulsar a operadores efectivos y potenciales en este mercado y limitando de forma muy severa la competencia y la eficiencia”.

Y cúal es el problema que se quiere acotar, cual es el resultado de la actual proliferación de los servicios de Airbnb en las islas. Una vía de agua de consecuencias aún no cuantificadas en la línea de flotación de las grandes hoteleras: “En 2015, el precio medio por noche de estancia en las viviendas vacacionales de la plataforma Airbnb —65 euros— era inferior a la tarifa media diaria por habitación/apartamento del conjunto de hoteles y apartamentos de Canarias, que asciende a 71,5 euros en el año 2015, siendo dicha tarifa superior en los hoteles (82,6 euros) que en los apartamentos (47,3 euros). En 2015, Canarias era la región de España con el precio medio de una estancia más bajo en el portal de Airbnb”. Un dato que la CNMC esgrime como un elemento dinamizador de la competencia a largo plazo, pero que los legisladores canarios y la industria de las islas considera depredador de su propia supervicencia.