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El alquiler de vivienda a debate

La ley turística de Baleares agrava la batalla entre hoteleros y plataformas

Los empresarios piden sanciones para las páginas que alojen anuncios ilegales Las webs achacan la carestía de la vivienda a la especulación inmobiliaria

Turistas en la playa de Santa Ponsa (Palma de Mallorca)
Turistas en la playa de Santa Ponsa (Palma de Mallorca)Reuters

Baleares es la primera comunidad turística que ha decidido legislar para poner coto a las viviendas turísticas no regladas. El pasado viernes, el gobierno presidido por Francina Armengol aprobó el proyecto de ley que regulará el alquiler turístico en esa comunidad y que entrará en vigor el próximo año tras un complejo proceso de enmiendas. Los cuatro grandes ejes de la norma son que los pisos que se alquilen con fines turísticos deben disponer de un número de registro (si no se expondrá a una multa de hasta 40.000 euros), que será considerado alquiler turístico aquel inferior a un mes de duración, que no se podrán comercializar con esos fines viviendas de menos de cinco años de antigüedad y que las comunidades de vecinos podrán impedir los pisos turísticos si así se acuerda en una reunión de la junta.

Aspectos que han recrudecido aún más la batalla entre los hoteleros y las plataformas webs, que ya han presentado sus objeciones a la norma. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), valora como un paso adelante la potestad que se le de a los vecinos, pero considera que es fundamental una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, competencia del Estado. “En el momento en el que hay algún vecino que realiza una actividad profesional, la comunidad debe decidir, siempre por mayoría cualificada, si le parece bien o mal”. Estalella remarca que para competir con las mismas reglas, todos los pisos deben estar publicitados con un número de registro, pero que debe ser el portal que aloja las oferta el que asuma las sanciones en caso de incumplimiento. “Así se hizo en San Francisco con Airbnb, con multas de 1.000 euros al día por cada anuncio que no tuviera número de registro. En un solo día retiraron 14.000 anuncios ante la posibilidad de pagar una sanción diaria de 14 millones”.

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En el otro lado, Joseba Cortazar, director de comunicación de HomeAway, critica la regulación balear al considerarla “restrictiva” y que va en contra de las recomendaciones de la CNMC y de la Comisión Europea. “En algunos destinos no hay acceso a la vivienda, pero no es por los pisos turísticos, sino por la carestía del suelo o la especulación inmobiliaria”. HomeAway tiene 2.300 pisos en alquiler en Palma de Mallorca, “apenas un 2% de las 171.000 casas que hay en el consitorio o un de las 16.000 vacías”.

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