Las comunidades de vecinos podrán vetar los pisos de Airbnb en Madrid

Los propietarios deberán tener un certificado de idoneidad

Estarán obligados a disponer de un mínimo de seguridad

Airbnb
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Solo un día después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciara que no parará de sancionar a Airbnb hasta que cumpla con la ley y no publique anuncios de viviendas turísticas que no estén censadas en el registro oficial de la Generalitat de Cataluña, la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, hizo pública la modificación del decreto que regula la gestión de las viviendas turísticas con el mismo objetivo: controlar un fenómeno que amenaza a las dos grandes capitales.

Entre las nuevas medidas destaca la potestad que se le otorga a las comunidades de vecinos para vetar pisos turísticos. Así establece la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios cuando sus estatutos así lo recojan de forma expresa. Es un paso más medido que el llevado a cabo por Baleares, que en su nueva legislación estableció que las comunidades de vecinos pudieran prohibirlo con mayoría simple en una votación.

Del nuevo texto se ha eliminado la obligatoriedad de un mínimo de cinco días de alquiler (que fue rechazada en sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y el plazo mínimo de tres meses para ejercer actividades turísticas que figuraban en el anterior decreto. A cambio se endurece las obligaciones para los propietarios con la creación de un certificado de idoneidad de para vivienda de uso turístico, un documento técnico cuya finalidad es garantizar al usuario de la vivienda en la que va a alojarse que esta cumple con unos parámetros determinados: deberán tener agua caliente y fría, calefacción, señalización básica de emergencia, un extintor manual a no menos de quince metros y un plano de evacuación.

"No estamos en contra de viviendas de uso turístico. Queremos que haya más seguridad sobre todo para los usuarios. Ni mucho menos queremos prohibirlas. Es una actividad perfectamente legal", ha remarcado la presidenta, quien se ha diferenciado del Ayuntamiento de Madrid diciendo que no son "prohibicionistas". El consistorio presidido por Carmena ha iniciado conversaciones con las distintas plataformas para tratar de acotar ese fenómeno y dos de las primeras propuestas fueron acotar a 60 días el período máximo de alquiler en un año y el pago de una tasa turística como la que se paga en Barcelona. "“La referencia de 60 días de otras ciudades me parece bien”, señala Calvo. Además estarían obligadas a pagar una tasa de un euro al día, tal y como sucede en otras ciudades turísticas como Amsterdam. “Los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, están muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos aunque obtiene rendimiento económico, por lo que parece razonable que parte de ese rendimiento revierta en la Administración para cubrir la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística”, señaló el delegado de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, en una reciente entrevista con Europa Press.

 

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