Tribuna

Empleo 'low-cost'

En lo que llevamos de legislatura se han destruido más de medio millón de empleos y el paro ha aumentado en 157.000 personas. Aunque es cierto que en los últimos 12 meses se han creado medio millón de puestos de trabajo y el paro se ha reducido en 488.000 personas desempleadas, ha sido insuficiente para disminuir la tasa de paro (aumento de 1,22 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 23,78%). Por ello, consideramos interesante analizar las políticas activas de empleo (PAMT) que el Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido para mejorar en términos cuantitativos el mercado laboral en el último año.

Según la OCDE, para evaluar la eficacia de las PAMT es fundamental tener en cuenta su incidencia sobre el nivel de empleo y la productividad. Entendemos por incidencia positiva de las PAMT cuando pueden incrementar la productividad del trabajo fomentando la formación (un aumento del 10% del stock de capital humano acumulado a través de la formación en el puesto de trabajo, on-the-job training, se traduce en un aumento del orden de 1,5 puntos porcentuales del nivel de productividad). Ello facilita la asignación de recursos humanos hacia actividades con productividades superiores a la media, mejorando la adecuación entre ofertas y demandas de empleo y favoreciendo los cambios tecnológicos.

En contrapartida, las PAMT con incidencia negativa son aquellas que incrementan el empleo pero aumentando la proporción de trabajadores de baja cualificación y, paralelamente, frenan el crecimiento de la productividad y, por esta razón, tienen efectos globalmente perversos sobre el crecimiento económico y nivel de vida.

Hoy, las PAMT que se están aplicando en nuestro país responden precisamente a este último caso, es decir, a un modelo basado en uso intensivo de mano de obra de baja cualificación y ocupada en ramas de actividad poco productivas de la economía, con escaso valor añadido, por ejemplo, el turismo masivo, como asimismo en empleos a tiempo parcial involuntarios que no dejan de crecer (400.000 en lo que llevamos de legislatura). Para ayudarnos a comprender mejor esta problemática, debemos analizar los últimos datos de la encuesta de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Así, el aumento en la construcción, hostelería y comercio aglutinan el 60% del nuevo empleo creado en los últimos 12 meses. En definitiva, más empleo pero de menor calidad y menos productivo.

Además, desde la reforma laboral en 2012 se han debilitado los convenios colectivos y precarizado las condiciones de trabajo. La contratación indefinida en el mes de abril de 2015 se reduce al 8,57% del total de contratos.

De este modo, para bajar la cifra de desempleados, lo que se hace es transformar el paro en empleos de baja calidad y muy volátiles. Pero, ¿a qué coste se ha conseguido, y no solamente en el plano social, sino también en el de la eficacia económica? Confiar únicamente en un modelo de low cost no está exento de riesgos para la sociedad en su conjunto. Así se reduce la calidad del empleo y, por lo tanto, su remuneración, lo que ha llevado a un aumento de la llamada brecha salarial. Recientemente, El País publicaba que, en 2014, el salario medio de las personas mejor pagadas del Ibex suponía 104 veces el gasto medio por empleado de esas mismas compañías.

Todas estas reformas estructurales realizadas por el actual Gobierno traen como consecuencia una reducción del nivel de vida y de las prestaciones sociales para amplios segmentos de la población. Como ejemplo, casi la mitad de las personas inscritas en el desempleo registrado no perciben ningún tipo de prestación económica. Pero lo peor es que todo apunta a que no es un tema coyuntural, sino más bien todo lo contrario, estamos ante un nuevo modelo de relaciones laborales que ha venido para quedarse.

A nivel económico existen también riesgos estructurales, como señalaba el Centre d’Analyse Stratégique de Francia. En concreto, el aumento del paro de larga duración reflejado en el incremento de un millón de personas con más de dos años en desempleo desde que comenzó la legislatura, y la disminución de ganancias de productividad por empleado. En el periodo de crisis, la productividad aparente del trabajo aumentó debido a la expulsión de mano de obra de las empresas; ahora, con el inicio de la recuperación y el aumento del empleo, apenas alcanza el 0,2%, lo que muestra la fragilidad de la actual recuperación económica. No debemos olvidar que el crecimiento de la productividad del trabajo contribuye de manera notable a estimular el crecimiento del PIB por habitante. Según la OCDE, el crecimiento de la productividad del trabajo, en la década de los noventa, ha sido responsable de la mitad del crecimiento del PIB por habitante en la mayoría de países de la OCDE.

Ello nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de una nueva estrategia para mejorar la competitividad que se apoye en la mejora de la productividad y no en el mantenimiento de salarios bajos. Hay que sentar las bases para crear empleo sin que ello suponga empeorar las condiciones de contratación. De tanto concentrarnos en las reducciones de costes salariales, hemos olvidado construir un nuevo modelo económico basado en sectores con un mayor valor añadido y que permita reducir sustancialmente la tasa de paro y aumentar, al mismo tiempo, el nivel de vida general de la población. Para ello, hay que apostar por invertir en I+D, y romper la tendencia a la baja que se observa en nuestro país. Según, Euroestat se ha ensanchado, en 2013, la brecha en inversión en I+D (1,24% del PIB) respecto a la media europea (2,02%).

Si es verdad que ha llegado la recuperación económica, es hora de reducir la desigualdad salarial. Continuar con la política de bajos salarios es pan para hoy y hambre para mañana. Según Stiglitz: “¿Cómo se puede pretender que el mejor medio de aumentar el nivel de vida sea adoptar políticas concebidas para disminuirla?”.

Vicente Castelló Roselló es profesor Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

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