Pagar por ir al paro

El paro registrado, en junio, bajó en 122.684 personas, aunque el total de desempleados apuntados a las listas del Servicio Púbico de Empleo continúa siendo muy elevado (4,4 millones). Según datos publicados por la oficina comunitaria de estadística (Eurostat), en España la tasa de paro es del 25,1%, frente al 10,3% de la Unión Europea. Continuamos como el segundo país con mayor tasa de paro tras Grecia (26,8%).

En este contexto, en un tiempo de soluciones imaginativas para afrontar la crisis económica mundial, el economista francés Jean Tirole, director de la Fundación Jean-Jacques Laffont de la Universidad de Toulouse, en una visita realizada a Madrid para recoger el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, del que se hizo merecedor por su aplicación al análisis económico de las teorías matemáticas de los Juegos y de la Información, ha querido hacer su aportación para mejorar el mercado laboral al proponer gravar el despido con un impuesto.

La idea consiste en que las empresas tengan que pagar impuestos por cada despido que hagan. La aplicación de esta tasa lograría que trabajadores y empresarios fueran responsables en un momento en el que se necesitan “acciones drásticas”. “La empresa impone un coste a la sociedad y al empleado al despedirlo y debe compensarlo”, afirmó el profesor, que insistió que este novedoso impuesto “sería un pago de la compañía a la Seguridad Social”.

Tirole señaló que este gravamen debería ser progresivo, siendo más elevado cuando los despidos tengan lugar en sectores poco cualificados y, por tanto, de difícil recolocación. “Sería un incentivo para que las empresas mejorasen la formación de sus trabajadores”. Tirole indica que en esta coyuntura es imperativo mantener una “red de seguridad social” para suavizar el efecto de la crisis.

Sin embargo, en un momento en que mantener y fomentar el empleo debe ser la prioridad de cualquier Gobierno, el de nuestro país va en una dirección contraria al sorprendernos con la aprobación de un anteproyecto de Ley de reforma fiscal y que según el Jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha defendido como “magnifica” porque favorecerá el crecimiento y el empleo.

Así, entre sus principales novedades incluye que las indemnizaciones por despidos improcedentes pasarán a tributar en el IRPF, uno de los puntos más polémicos, aunque fija un mínimo exento de 2.000 euros anuales por año trabajado que no se gravarían. Además, los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda cuando sean despedidos. Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban exentas al 100%.

En este sentido, en Francia el techo de exención se establece en 222.192 euros. Otros países de nuestro entorno tienen en cuenta la situación del desempleado y la profesión que anteriormente tenía.

Las justificaciones dadas por el Gobierno para la introducción del nuevo impuesto es que producirá “equidad” en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y por el “abuso” que se producía en la figura del despido improcedente. Por lo tanto, si hay que despedir, que los trabajadores contribuyan con una parte de su indemnización para Hacienda.

Hay que considerar que el importe máximo que podría recaudar la Administración con esta nueva medida es del orden de 1.000 millones de euros mientras que la evasión fiscal se calcula en unos 70.000 mil millones de euros.

En un escenario socio-económico como en el que nos encontramos, gravar las indemnizaciones por despido es totalmente lamentable. Esta medida empeorará aún más la crítica situación de las personas en desempleo al perder parte de la indemnización y por la insuficiencia de las prestaciones económicas por desempleo ya recortadas en la última reforma laboral y, además, con el riesgo añadido de acceder al desempleo de larga duración por las serias dificultades para encontrar un puesto de trabajo; lo cierto es que penaliza al trabajador que es despedido y no al empresario que toma la decisión de despedirle.

A todo ello, hay que añadir que las negociaciones por despido serán mucho más complicadas debido a que la indemnización por cada trabajador disminuirá en la mayoría de los casos y sobre todo en las mesas de negociación de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) lo que desincentivará a empresas y trabajadores a la hora de alcanzar acuerdos para dar por finalizado un contrato.

En resumen, no hay duda de que los perdedores de este nuevo impuesto son las personas que no sólo pierden su puesto de trabajo sino que además deben de pagar por ir al paro (copago). Ello, agrava su situación económica al mermar sus ingresos para mantener a su familia, hasta que encuentre un nuevo puesto de trabajo, posibilidad muy difícil por el deterioro actual del mercado laboral. De este modo, Hacienda sale ganando una vez más.

Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.