Turismo: matar la gallina de los huevos de oro
Hay que prohibir ciertas actividades, porque subir las tasas solo deriva las visitas hacia las personas más pudientes
La actividad turística, según datos del INE, alcanzó los 155.946 millones de euros en 2022, un 11,6% del PIB. Esto supuso más de 1,9 millones de puestos de trabajo, o, lo que es lo mismo, el 9,3% del empleo total –aunque con condiciones de contratación precarias y estacionales en muchos casos– . En 2023 se mantuvo el crecimiento y se ha batido el récord de turistas extranjeros. Somos el segundo país del mundo, después de Francia, superando los 85 millones de visitantes.
La importancia del turismo para la economía en España es innegable. Es auténticamente la gallina de los huevos de oro y estamos decididos a matarla convirtiéndola en una actividad extractiva frente a su desarrollo dentro de unos parámetros de sostenibilidad económica, urbana, social y medioambiental. El paralelismo con el desenlace de la fábula popularizada por Samaniego está más cerca de lo que pensamos, si mantenemos el turismo como una actividad dirigida al crecimiento y no a la integración.
Estamos viendo cómo el desarrollo turístico está suponiendo la pérdida de la diversidad y la conversión de zonas urbanas y rurales en áreas de actividad monotemáticas que eliminan la convivencia con las personas de la zona. Estas, en muchos casos, se ven expulsadas porque su hábitat se ha visto alterado, al incluir, de forma artificial, el ocio para terceros como única actividad económica, convirtiendo lo que debería ser la integración de los visitantes en la expulsión de los vecinos.
El perjuicio de los cambios urbanos introducidos exclusivamente por interés económico lo puso ya de relieve, hace más de 60 años, Jane Jacobs en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades. En él se recordaba la necesidad de mantener y dar continuidad física, social y económica al tejido callejero y a fomentar las relaciones sociales y los elementos que nos unen y las hacen posibles. Recomendaba que fuera prioritario dejar sitio en nuestros barrios para la tienda de ultramarinos de la esquina, desgraciadamente, hoy en extinción, al ser sustituida por un nuevo local de ocio.
La presión del número creciente de visitantes es especialmente significativa tanto en la forma de acceso a los lugares de destino como en la falta de soluciones habitacionales para los visitantes de corta duración. Los denominados pisos turísticos no solo ponen en riesgo la convivencia con el resto de los vecinos, al no tener un sentido de pertenencia, sino que han agravado, por su creciente demanda, el problema del acceso a la vivienda, disparando los precios y ocasionando una carencia de servicios básicos en las ciudades, por cubrir sus necesidades.
Frente al crecimiento desmedido y no legalizado, y a la creciente protesta vecinal, distintas ciudades han puesto en marcha medidas para combatir el desarrollo descontrolado de la oferta de pisos turísticos. Barcelona, Florencia o Nueva York han aprobado medidas que limitan drásticamente su proliferación, ya sea por prohibición, no renovación de licencias o endurecimiento de las condiciones de utilización. Otras ciudades como Madrid, donde la relación entre pisos legales e ilegales es de 1 a 50, considera una solución concentrar la oferta en edificios completos. Esta situación reforzaría la presión para el desalojo de los inquilinos con el fin de liberar el edificio, agravaría la insuficiente oferta habitacional y supondría el encarecimiento de los alquileres. Como ejemplo, el barrio de Chamberí, en Madrid, en el que algunos fondos de inversión están adquiriendo edificios de viviendas para convertirlos en edificios de habitaciones turísticas, acelerando así el proceso de gentrificación de un barrio de vida amigable, en el que es habitual ver en ventanas y balcones carteles con la petición Ruidos, no. Esta situación se está produciendo con la aquiescencia del Ayuntamiento de Madrid, ya que la clasificación del barrio como Zona de Protección Acústica Especial, ZPAE, es claramente insuficiente, sobre todo si está exenta de control para su cumplimiento.
Clima
Considerando el acceso de los millones de personas que visitan nuestro país, tanto por vía área, como en los cruceros que llegan a las ciudades costeras, y teniendo en cuenta también las necesidades de movilidad interior que el turismo requiere, tenemos que poner freno a iniciativas que van en contra de nuestros compromisos de lucha contra el cambio climático.
Especial atención requieren los cruceros, caracterizados por el desembarco en aluvión de miles de personas, con una escasa aportación de valor frente al impacto medioambiental que generan. Por ejemplo, en Barcelona, ciudad con mayor número de cruceros al año de la UE, los barcos atracados en 2023 supusieron una contaminación de dióxido de azufre tres veces mayor a la de todos los vehículos de la ciudad, según estudio de 2023 de Transport&Environment. Las emisiones medias de CO2 de un crucero son de 287 gramos por pasajero y kilómetro recorrido, frente a los 192 del avión, los 121 del coche de combustión interna, los 43 del coche eléctrico, los 35 del autobús o los 20 del tren. No solo debemos exigir la reducción del número de cruceros, sino que tiene que ser obligatorio que los barcos que atraquen funcionen con electricidad mientras fondeen en puerto. En cuanto a la llegada de turistas por medios aéreos –los más utilizados por los turistas internacionales–, es necesario poner límites a las rutas y a la cantidad de aerolíneas que operan en destinos tensionados y repensar el incremento de las infraestructuras existentes para algunas ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Alicante...), que suponen un impacto medioambiental inasumible.
Las medidas de control del turismo, como actividad económica duradera y deseable, deben empezar por reducir el volumen de visitantes, limitando la concentración y la pérdida de diversidad que suponen las áreas monotemáticas que imperan en el desarrollo de este sector. Son necesarias medidas para una transición justa hacia un modelo turístico sostenible, que conlleven la prohibición de actividades no deseadas. Medidas basadas en la implantación de tasas por viajero y noche o el establecimiento de impuestos a ciertas actividades han demostrado que, salvo por el interés recaudatorio, no han limitado el desarrollo turístico, sino que lo han derivado a personas con mayor poder adquisitivo. En definitiva, se ha cambiado la máxima de quien contamina paga por la de pagar para poder contaminar.
Es necesario actuar con decisión con la idea de mantener la diversidad para que el turismo sea de integración y aceptado socialmente. Tenemos que hacer una reflexión sobre si el crecimiento actual es sostenible socioeconómica y ambientalmente y no esperar a que la situación sea irreversible y hayamos matado la gallina de los huevos de oro para maximizar el beneficio a corto plazo.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables
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