El fantasma del turismo desbordado pone a las plataformas en la mira de los reguladores
Los empresarios y los políticos piden una normativa más estricta para moderar el impacto de Airbnb y Booking.com
El malestar social producido por el turismo desbordado ha puesto a las plataformas de reservas y alquileres turísticos en la mira de los reguladores europeos. En los últimos meses, los gigantes Airbnb y Booking.com han visto una ola de medidas regulatorias y sanciones (tanto nacionales como regionales) que buscan moderar su influencia en el sector turístico, asi como el impacto que tienen sobre la vida de los ciudadanos. No obstante, el poder de estas compañías sigue creciendo: durante el primer trimestre de 2024, las reservas a través de Airbnb, Booking, Expedia o TripAdvisor subieron un 28,3% en comparación con el mismo periodo en 2023. En este contexto, autoridades de ciudades como Barcelona, Berlín, Florencia o París han decidido adelantarse a Bruselas y tomar medidas, dividiendo a quienes se ven favorecidos por esta situación y quienes quieren regularla.
“Siempre estamos vigilando a las plataformas y el desarrollo del mercado. Tenemos reglas claras a nivel europeo y Airbnb y Booking tienen que cumplirlas”, señala un portavoz de la Comisión Europea (CE) a CincoDías. Desde Bruselas, explican que Booking es evaluada con otros criterios a nivel regional por haber sido designada en mayo como un “guardián del acceso digital” (gatekeeper, en inglés); es decir, una empresa tan relevante que puede influenciar a todo un sector desde el ámbito digital. En este contexto, el Ejecutivo comunitario le ha dado seis meses a la compañía para subsanar distintas observaciones en el ámbito de la competencia, entre ellas, las de garantizar la posibilidad de que los anunciantes ofrezcan alternativas a los clientes fuera de la plataforma. Asimismo, deberán brindar información sobre el posicionamiento de la publicidad y quién la observa.
La situación de la otra gran plataforma es difrente, según explican desde la CE. “En cuanto a Airbnb, es distinto porque aún no ha sido designada como un guardián del acceso. Por el momento, la empresa no la superado la barrera de los 45 millones de usuarios dentro de Europa que se requieren para entrar en esta categoría”, apunta el portavoz de la Comisión Europea. Desde Bruselas, añaden que esto no significa que la empresa no tenga que cumplir con toda la demás legislación europea: “Estamos monitoreando la evolución del mercado y no excluimos que compañías que aún no han sido designadas, como Airbnb, puedan ser consideradas guardianes de acceso digital en el futuro”.
Impacto
El sector del turismo representa alrededor del 10% del PIB europeo, por lo que cualquier tipo de medida o regulación en este sector puede tener un fuerte impacto a nivel regional. Dicho esto, el efecto de estas plataformas, que actualmente son utilizadas por cerca del 25% de los turistas en Europa, no es el mismo en todos los países comunitarios. De hecho, fuentes del sector indican que uno de los problemas es que los países bálticos y del norte de Europa experimentan el tursimo de forma distinta a los del sur (donde este es más intensivo), lo que complica lograr una visión unificada y transmitir el impacto del sobreturismo en los debates del Parlamento Europeo.
Según datos recientes de Eurostat, las regiones más populares para alquiler a corto plazo reservado a través de plataformas en línea en 2023 fueron Andalucía en España (35,6 millones de noches), Jadranska Hrvatska en Croacia (32,6 millones) y la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul (24,9 millones). En particular, cabe destacar que esta situació afecta sobre todo a los países del sur: de las 20 primeras regiones, seis están en España y Francia, respectivamente; cinco en Italia; dos en Portugal y una en Croacia.
España y Booking
Justamente, el movimiento más reciente en este juego de ajedrez ha llegado por parte de España, uno de los países más presionados por el turismo desboradado. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 413 millones de euros (la más alta de la historia) a la plataforma por “abusar de su posición de dominio” e infringir la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
“No estamos de acuerdo con el resultado de la investigación de la CNMC y tenemos la intención de recurrir esta decisión ante la Audiencia Nacional. Creemos que la Ley de Mercados Digitales de la UE (DMA) es el foro adecuado para debatir y evaluar estas cuestiones porque permite acordar soluciones que se apliquen en toda Europa en lugar de país por país”, responde una portavoz de Booking a CincoDías. Por su parte, un portavoz de la CE ha asegurado a este periódico que la entidad prefiere no manifestarse sobre esta o alguna otra sanción impuesta por algún país miembro a nivel nacional.
En un comunicado, el regulador español indica que Booking ha impuesto varias condiciones comerciales desiguales a los negocios que utilizan su plataforma de reservas y que ha restringido la competencia de otras agencias de viajes online que ofrecen sus mismos servicios. Según la CNMC, la cuota de Booking.com en España ha oscilado durante el periodo investigado entre el 70% y el 90%. Dicho esto, desde la compañía argumentan que su sector es “altamente competitivo” y que operan en una industria caracterizada por un alto grado de opciones tanto para socios como para consumidores. Asimismo, resaltan que han actualizado los contratos de sus socios de alojamiento en el Espacio Económico Europeo, eliminando las cláusulas de paridad para cumplir los criterios el ejecutivo comunitario. “La decisión de la CNMC no tiene todo esto en cuenta y añade, en un contexto global, falta de coherencia para consumidores y socios de alojamiento en España”, afirma un portavoz de Booking.
Alquileres turísticos
Sin embargo, no es Booking la empresa más cuestionada por los empresarios del sector hotelero y por los ayuntamientos que quieren regular el impacto del sobreturismo, sino Airbnb. Así lo señala José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, quien argumenta que los alquileres turísticos están dañando la calidad de vida en las ciudades de toda la región: “Airbnb juega a decir que es un tablón de anuncios y niega tener relación con el crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas. Es muy distinto a la problemática de Booking, que consiste en un presunto abuso de posición dominante”, indica el portavoz de la patronal hotelera española a CincoDías.
Según Zoreda, entre las consecuencias de la desregulación del alquiler turístico se encuentran la gentrificación y una polarización a nivel global en contra su sector. “Las recientes manifestaciones en Barcelona y Canarias están totalmente vinculadas con Airbnb, pero esto no solo ocurre en España. Un ciudadano no puede ni alquilar ni comprar porque todo es absorbido por el alquiler turístico. Además, los negocios locales están desapareciendo y los precios están aumentando. Esto genera un sentimiento negativo contra el turismo en general”. Cabe recordar que este fenómeno ya ha desencadenado diversas reacciones a lo largo de España. En Cataluña, Valencia y en Canarias los vecinos se han manifestado en contra del turismo descontrolado, y el Ayuntamiento de Barcelona ha prometido eliminar la vivienda turística para 2029.
La empresa, no obstante, rechaza esta perspectiva. Por el contrario, destacan los beneficios que la plataforma ha generado en el territorio español. Según datos internos de la empresa, se estima que en 2023 los viajes a través de Airbnb tuvieron un impacto económico directo, indirecto e inducido de 8.500 millones de euros para la economía española, que generaron 3.600 millones en impuestos para las arcas del Estado. “Los huéspedes en Airbnb gastaron en los miles de destinos donde se hospedaron [5.200 localidades en España en 2023], casi 3.100 millones de euros en restaurantes y bares, lo que representa el 40% del gasto total de los viajeros. Los ingresos de los anfitriones y el gasto de los huéspedes en estos destinos han ayudado a sostener casi 130.000 empleos en todo el país, de los cuales el 60% se concentran en los sectores de la restauración, comercios y tiendas locales, así como en ocio y eventos”, indica una portavoz de la compañía a CincoDías.
Airbnb también asegura que su relación con los gobiernos europeos es positiva. No obstante, expresan que desde la compañía “se espera que las intervenciones políticas de los Estados miembros sean más específicas y proporcionadas y, en consonancia con el enfoque de la Unión Europea, aborden los desafíos locales al tiempo que protejan a las personas que hospedan sin que su actividad repercuta en la oferta de vivienda”. En esta línea, la empresa afirma que se compromete a colaborar con las autoridades de la UE en la elaboración de normas locales que complementen el reglamento europeo, así como a facilitar información y datos agregados en la fase de redacción de los diferentes borradores.
“Airbnb es un buen socio de las administraciones públicas ya que colabora con decenas de gobiernos en toda la UE y ofrece herramientas como el Centro de Recursos para Municipios (City Portal). En Barcelona e Ibiza, por ejemplo, Airbnb tiene acuerdos desde hace años para ayudarles a los gobiernos locales en sus tareas de inspección para detectar y eliminar aquellos anuncios que, de acuerdo con los servicios de inspección, presenten irregularidades”, resalta una portavoz de la plataforma.
Nueva regulación
La campaña de Bruselas por regular a las grandes tecnológicas en materia de competencia y servicios digitales se ha intensificado desde inicios de año, y empresas como Alphabet, Apple y Meta están siendo observadas. Así, diversas normas se están aplicando también a las plataformas del sector turístico. Desde Booking se han manifestado a favor de esta nueva normativa y de participar activamente del proceso regulatorio. “Un punto clave es que queremos evitar una situación en la que las consecuencias imprevistas e involuntarias nos afecten negativamente a nosotros, uno de los pocos actores globales europeos en el comercio digital, mientras benefician favorablemente a sus competidores no europeos, lo cual es una preocupación”, expresa un portavoz.
En este contexto, el Consejo de la Unión Europea también adoptó en marzo un reglamento sobre la recopilación y el intercambio de datos para los servicios de alquiler de alojamiento a corto plazo, que se aplican a todas la plataformas que brinden este servicio sin importar su tamaño. El objetivo, según la entidad, es mejorar la transparencia y ayudar a las autoridades a regular estas empresas. Las nuevas normas introducen requisitos de registro armonizados para anfitriones y propiedades de alquiler a corto plazo, incluida la concesión de un número de registro único que se mostrará en los sitios web y plataformas en línea de las propiedades. Las plataformas en línea también deberán proporcionar información periódicamente a un único punto de entrada digital en los Estados miembros sobre las actividades de alquiler de sus anfitriones. Según la CE, esto ayudará a las autoridades competentes a producir estadísticas fiables y a adoptar medidas reglamentarias bien informadas.
Airbnb se ha mostrado favorable a esta regulación. “Las normas de la UE marcan el comienzo de un nuevo capítulo para los alquileres de corta duración en Europa. Por primera vez, la hoja de ruta es clara, lo que beneficia a los anfitriones, a las autoridades y a la oferta turística europea para los viajeros. Airbnb está dispuesto a trabajar con los Estados miembros y las autoridades locales en la aplicación de las normas para garantizar que sean un éxito para todos”, señala una portavoz de Airbnb. Desde la compañía también aseguran que la plataforma “ha liderado las conversaciones a nivel europeo para que la normativa del alquiler de corta duración sea más coherente y uniforme en toda la UE” en los últimos dos años.
Los empresarios del sector hotelero, sin embargo, no consideran que estas medidas sean suficientes y solicitan un control más riguroso por parte de las autoridades nacionales y europeas. Dicho esto, en opinión de Zoreda, el verdadero cambio tiene que venir por parte de las plataformas, que tienen que comprometerse a ser más transparentes y reconocer el impacto que sus servicios tienen en la sociedad. “Si Airbnb asumiera la responsabilidad de verificar que los alojamientos que se suben a su plataforma cumplen la normativa vigente se terminaría el 90% problema. Nosotros no estamos en contra de la vivienda turística, sino de lo irregular e ilegal”, expresa el portavoz de Exceltur. De esta forma, Zoreda resalta que, si bien las iniciativas locales como la de Barcelona son un buen primer paso, la normativa tiene que mejorar y las empresas tienen que ser más transparentes y asumir su responsabilidad.
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