Preservar el empleo de calidad en las telecomunicaciones
Las autoridades deben abrir un debate de fondo sobre las trabas, esencialmente normativas, que durante años han lastrado al sector
Telefónica encendió la mecha a finales de 2023, cuando pactó con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha supuesto la salida de 3.400 trabajadores, el 20% de la plantilla conjunta de las divisiones de España, Móviles y Soluciones. El lunes, Avatel, quinta operadora del país, anunciaba un ajuste de personal de casi 900 personas tras un crecimiento vertiginoso que la ha llevado a integrar más de 150 firmas locales en apenas tres años. La autorización del Gobierno esta semana a la compra de Vodafone por parte del fondo británico Zegona y la integración de MásMóvil y Orange, ya consumada tras obtener todas las autorizaciones, no hacen pensar que la reestructuración haya terminado. Más bien todo lo contrario, en un sector que parece sometido a una eterna transformación.
Un dato proporcionado por UGT es especialmente inquietante. En 1998, año de la liberalización en nuestro país, las compañías de telecomunicaciones empleaban en España a 96.000 personas; hoy apenas mantienen en sus filas a 25.000. Desde luego, a la hora de explicar esa evolución, no puede ignorarse el efecto de la tecnología y los procesos de automatización. El fin de la red de cobre, por ejemplo, eliminará empleos en la medida en que la función desaparecerá. De hecho, lo normal es que la inteligencia artificial acentúe esa tendencia. No obstante, España no debería renunciar en ningún caso al empleo de calidad y a copar los puestos de trabajo que han surgido y surgirán en la periferia o como efecto arrastre de las operadoras de telecomunicaciones tradicionales. Tampoco en promover, en colaboración con las propias empresas, la necesaria readaptación de los perfiles con recorrido laboral.
Sin embargo, más allá de los problemas inherentes a cualquier reconversión, las autoridades deben abrir un debate de fondo sobre otras trabas, esencialmente normativas, que durante años han lastrado al sector. Así ha sucedido, por ejemplo, con las directrices de competencia comunitarias y su proverbial apuesta por los cuatro operadores, un modelo que no solo ha acelerado el desplome de ingresos y márgenes, sino que ha afectado a las políticas laborales de buen número de compañías. Difícil asumir las obligaciones de inversión que fija la legislación si no van acompañadas de los suficientes retornos. En esta línea, también parece importante acelerar en la desregularización de firmas que compiten con grandes tecnológicas y plataformas de contenido en streaming sometidas a muchas menos restricciones. El reto es ingente.
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