La necesidad de una política energética común europea
Europa debe desarrollar, de forma coordinada, una transición efectiva acompañada de políticas fiscales e industriales
La Unión Europea ha asumido el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. La Ley Europea de Cambio Climático establece, de manera vinculante, que, al menos, se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, en un 55% para 2030, con una propuesta previa de reducirlas hasta el 90% en 2040, para alcanzar la descarbonización y la neutralidad climática en 2050.
La alta dependencia energética del exterior de la Unión Europea, al carecer de suficientes recursos fósiles, es nuestro talón de Aquiles y nos convierte en una economía frágil y desigual a la hora de dar respuesta a la volatilidad de los mercados energéticos provocada por posiciones geoestratégicas arbitrarias. No hemos sabido contrarrestar las diferentes crisis que se han producido en los últimos 50 años, para las que hemos tenido respuestas puntuales y poco cohesionadas, con un carácter político más coyuntural que estructural.
Por otro lado, aunque nuestro posicionamiento en una transición energética basada en las renovables y en la eficiencia energética ha sido ambicioso en objetivos energéticos y políticas climáticas, no se han proyectado para garantizar un futuro con liderazgo ni se ha materializado en toda la distribución geográfica los beneficios económicos y sociales. Esto se debe a que las promesas no han estado acompañadas por una política industrial, fiscal y económica que permitiera mantener una independencia y un liderazgo en el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento y transformación de fuentes renovables. Tampoco se ha apostado por tecnologías bajas en carbono o por la extracción y recuperación de minerales estratégicos en el marco de la economía circular que se abre paso con muchas dificultades, a pesar de las directivas y los reglamentos recién aprobados.
Está limitada apuesta se enfrenta ahora, además, al posicionamiento de Estados Unidos con el programa IRA, Inflaction Reduction Act, o a la posición de China, dispuesta a ganar la batalla del suministro de equipamiento, aunque sea mediante prácticas de dumping que introducen una tensión económica que no es soportable para la industria europea. Necesitamos desarrollar, de forma coordinada y ambiciosa, una transición energética efectiva y consensuada, acompañada de políticas de carácter fiscal e industrial que den respuesta y protejan a las empresas europeas para consolidar la independencia energética, tecnológica e industrial.
En la última legislatura se han aprobado y actualizado diferentes directivas que nacieron con una ambición de mínimos por la necesidad de consenso entre los países miembros, como las relativas al fomento de las energías renovables, el mercado interior, la eficiencia energética de edificios, el mayor peso de los consumidores, al ecodiseño o a los paquetes de gas e hidrógeno… Y lo mismo ocurre con los reglamentos del metano, del mercado eléctrico o la taxonomía de inversiones sostenibles, un verdadero paso atrás que ha supuesto un triunfo del lobby de los combustibles fósiles y del nuclear, que, si bien generan un cuerpo legislativo de vital importancia, lo hacen sin exigir ambición en la transposición a los diferentes marcos jurídicos de los países miembros.
La complejidad e interdependencia de la política europea con respecto a los diferentes posicionamientos y dinámicas nacionales introduce la necesidad de trabajar para tener una política energética común (PEC), que sea la base de nuestra apuesta por un modelo energético europeo coordinado, sin que existan posiciones de ventaja entre los distintos países miembros adquiridas por la situación económica, geográfica y social.
Alcanzar un acuerdo sobre la creación de la PEC y el reforzamiento del Green New Deal en la próxima agenda estratégica UE 2024-2029 debería ser uno de los pilares que acompañen a la necesaria reforma del Tratado de la Unión hacia una Europa más social y amplia en derechos. Una reforma que debe tener en cuenta las propuestas y los compromisos de los programas electorales de los distintos partidos políticos que apuestan por una Europa más fuerte en las próximas elecciones del 9 de junio. Aunque las directivas, los reglamentos y los objetivos del Pacto Verde marcan una línea de acción de mínimos, la falta de exigencia para su cumplimiento y la inexistencia de una política cohesionada hacen que, lo que debería ser vinculante, se convierta en voluntario, y que su transposición a la legislación de cada país no se haga en tiempo y con la ambición con la que se aprobaron.
Hablar de una PEC es tener en cuenta nuestra realidad como comunidad multinacional dependiente energéticamente del exterior, protegiéndonos de la amenaza del incumplimiento de suministro, y también es tener la capacidad de negociación que una Europa de 450 millones de personas, con un 19% del PIB mundial, debe tener para consolidar ese compromiso en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos que todos los países cumplan los horizontes temporales establecidos para los objetivos de reducción de GEI, de apuesta por las renovables y la eficiencia, de erradicación de los combustibles fósiles y la pobreza energética, de fomento del consumo responsable y de consolidación de los derechos de los consumidores…, entre otros. Es más, deberíamos asumir la reparación histórica de los daños causados por el extractivismo que hemos llevado a cabo en países en vías de desarrollo y ayudarles a mitigar y a adaptarse para soportar las consecuencias del cambio climático.
La Comisión Europea debe contar con los instrumentos y las capacidades operativas de actuación y de control para la fijación y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Planes Nacionales de Energía y Clima, que estos sean de carácter vinculante y que las interconexiones energéticas entre países respondan a los compromisos establecidos en capacidad y automatización, sin sobredimensionar o apostar por infraestructuras ancladas en el pasado. Es necesario crear una Agencia de la Energía Europea que controle y asesore las actuaciones del Banco Europeo y la disponibilidad de fondos y que aglutine capacidades y medios para que la transición energética y la lucha contra el cambio climático generen las oportunidades de progreso y transformación que nuestra economía necesita.
La PEC tiene una componente adicional, que es la necesidad de gobernanza y de transparencia que refuerce el papel de Europa como área geográfica comprometida con los valores de defensa del bien común y con objetivos que sigan permitiendo mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Esta debe de estar por encima de los intereses de los lobbies que, en muchos casos, están marcando las reglas de un mercado, pensando más en mantener su hegemonía que en el compromiso de hacer entre todos una Europa justa, inclusiva, fuerte, independiente y cohesionada.
Fernando Ferrando es presidente de Fundación Renovables
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