Entre los beneficios caídos del cielo y los costes crecientes de la tierra
Las empresas alertan de la pérdida de atractivo para invertir con la espiral de aportaciones fiscales, laborales y financieras
No conviene tomarse a broma las advertencias de los gestores de las grandes empresas acerca de la posibilidad de paralizar proyectos de inversión o deslocalizarlos si se convierten en estructurales los impuestos originariamente coyunturales para 2022 y 2023 para energéticas y bancos, como finalmente serán. Jugar a los dados con la seguridad jurídica no es la mejor apuesta para la prosperidad de los negocios, que aprovecharán la planitud de la tierra para buscar climas más cálidos para sus intereses, si a la escalada exógena de costes financieros y de las materias primas se une la del laboral y lo que consideran una persecución fiscal.
Todos los presidentes y consejeros delegados de bancos y de energéticas han alertado de los riesgos de impuestos extraordinarios a los extraordinarios beneficios ordinarios que obtuvieron de nuevo en 2023 (la banca ganó un 50% más en España por el avance de los tipos de interés, las eléctricas registraron resultados mixtos, y las petroleras aflojaron en sus cuentas por la caída del crudo y del gas), pero que tendrán que soportar también este año que arranca. Y, al parecer, tendrá carácter perpetuo, aunque en parte de forma suavizada, tras el pacto de Gobierno entre Sánchez y Yolanda Díaz, que, una vez más, no estaba en el programa electoral del presidente, pero ya está negro sobre blanco en un Real Decreto.
La patronal de las petroleras llegó a cifrar en 16.500 millones de euros las inversiones en riesgo de paralización o deslocalización, muchas de ellas claves para la descarbonización. Banqueros como Ana Botín o Gonzalo Gortázar, o ejecutivos como Josu Jon Imaz o José Bogas, cuyas declaraciones airea el Gobierno cuando soplan a favor de sus velas, han sido muy críticos en los meses pasados. Gortázar hablaba de un tiro en el pie con la sobreimposición a la banca, y Botín alertaba del desincentivo a la inversión y del riesgo de deslocalización: “Hay que pagar impuestos; pero si son muy elevados, la gente se marcha”.
Las empresas, que por el momento no sobrepasan la línea de la advertencia con las inversiones, consideran injusto, ilegal, inconstitucional y discriminatorio el impuesto a unos supuestos beneficios caídos del cielo, que viene a sumarse a una presión fiscal sobre las empresas muy elevada en términos relativos en la tierra, y que convive con un salto cuantitativo muy importante en los costes salariales y financieros en los dos últimos años. Y la repentina reconversión del impuesto en estructural, cuando se anunció como coyuntural, no deja de ser una falla adicional de la seguridad jurídica que debe practicar todo país avanzado.
En materia fiscal, las subidas de impuestos ordinarios y extraordinarios que se convierten en estructurales, aunque se suavicen en 2025 si es el caso, elevarán la carga y deteriorarán la posición de España en el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, y que da una idea de qué posición ocupa la economía en el contexto internacional en el que compite por la atracción de inversiones. España ocupaba el lugar 34 de los 38 países analizados, tras un deterioro muy severo desde 2019. En fiscalidad empresarial ocupa el lugar 31, mientras que en la personal se sitúa en el 25, en el 19 en fiscalidad sobre el consumo y en el 37 (penúltimo) sobre la propiedad, la riqueza y la herencia.
España está, por tanto, entre los cinco países con menos competitividad fiscal, y con un 16% más de carga tributaria que la media de los países europeos. En Sociedades, en concreto, las empresas soportaban en 2022 en España un 23,7% más de presión que la media de la UE, y un 22% más que la de la OCDE. De otra forma: la presión fiscal empresarial en España (sociedades y cotizaciones) proporciona el 32,5% de los ingresos públicos, frente al 23,9% de media europea, el territorio con el que más compite por la localización de la actividad.
Las cotizaciones aisladas (Seguridad Social, desempleo, formación, accidentes, etc.) suponen un tipo fiscal implícito de casi el 26% antes de las fuertes subidas aprobadas para ejecutar este y próximos años. Tal tipo implícito, que expresa los ingresos por cuotas sobre la masa remunerativa de los asalariados, ha subido más de cuatro puntos en los últimos diez años y se sitúa 4,2 por encima de la UE. La aportación de las cuotas empresariales y laborales (que abona la empresa) supone el 10% del PIB, frente al 7,1% de Alemania, el 10,1% de Francia, el 9% de Italia o el 4,5% de la OCDE y el 5,6% en la UE.
Entre cotizaciones e IRPF, absorben el 39,3% del desembolso que las empresas hacen para pagar a sus plantillas, mientras que los asalariados solo se llevan a su casa el 60,7%. Una cuña o brecha fiscal que no cambia pese a las subidas salariales de los últimos años, primero impulsadas por el SMI y ulteriormente por la inflación, y que han supuesto un nuevo encarecimiento del coste agregado.
Además de los aprovisionamientos y la energía, que han experimentado ya en 2023 cierta flexión a la baja, las empresas están encajando también un fuerte encarecimiento del crédito. La financiación viva a las empresas en España se ha reducido un 3,7% en 2023, con descensos de más del 4% en los préstamos bancarios y de más del 6,5% en emisiones de deuda.
El tipo de interés medio de la banca a las empresas es superior al 4%, más del doble que en 2021, con las nuevas operaciones por encima del 6%, según el Banco de España. Y la última encuesta de créditos revela que se encadenan ya seis trimestres de endurecimiento de las condiciones de concesión, sobre todo por la subida de tipos, que ha reducido los flujos de inversión, y augura una contracción adicional en los próximos meses.
En definitiva, todos los costes terrenales en franco ascenso, y agravados por una presión fiscal extraordinaria que limitará la posición de España en la disputa por las inversiones, cuando es uno de los países que más precisa de flujos exteriores para incrementar su crecimiento potencial y girar el modelo productivo hacia la industria manufacturera, más resiliente en las crisis que los servicios.
José Antonio Vega es periodista
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