La nueva política industrial: equilibrio territorial y redistribución de riqueza
Sería interesante favorecer la ubicación de industrias avanzadas y cadenas de proveedores en zonas deslocalizadas de Europa
La economía mundial ha cambiado de reglas de juego en la última década motivada por las grandes presiones que marcan la confluencia de la geopolítica y el nivel de disrupción de las innovaciones tecnológicas en los distintos sectores.
Por un lado, las intervenciones comerciales (subsidios industriales, restricciones a la importación y a la exportación, control de precios…) basadas en distintos argumentos de seguridad y medioambientales, pero con objetivos geopolíticos, van en aumento.
Y por el otro, el enorme impacto que la tecnología está teniendo y tendrá en la transformación del tejido productivo, ha desatado la disputa por el liderazgo tecnológico y, por tanto, económico de las principales potencias mundiales. Esto sin olvidar la urgencia por actuar para reducir el impacto climático.
Para abordar todos estos desafíos con la mayor determinación posible, las políticas industriales han vuelto a la escena, tomando la acción pública un gran protagonismo para ayudar a sus economías a no quedarse rezagadas a través de compras, subsidios y préstamos.
China y Estados Unidos sacan ventaja de su determinación y de su escala para implementar políticas que incluyen inversión de gran impacto en sectores críticos. China avanza hacia la autonomía industrial siguiendo la hoja de ruta de su plan Made in China 2025, lanzado en 2015. Y tras la pandemia, Estados Unidos se ha sumado al gigante asiático y aplica explícitamente políticas con tinte industrial que parecía tener olvidadas: la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, la Ley Chips y de Ciencia, y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) son ejemplos claros.
Pero, Europa arrastra problemas estructurales para dar respuesta a estas políticas y no quedar en una posición de mera observadora del panorama económico mundial. Su defensa del multilateralismo, la preocupación por la competencia, los dilemas éticos y la descentralización de sus políticas fiscales y sus reglas que limitan las ayudas directas, la sitúan en desventaja frente al planteamiento de las grandes potencias.
La Unión Europea siempre ha tenido grandes ambiciones y objetivos industriales, pero ahora es el momento de avanzar hacia una nueva política industrial.
En 2020, anunció una estrategia industrial en la transición hacia la economía verde y digital. Dicha estrategia se actualizó posteriormente con las lecciones aprendidas del Covid en 2021 sobre, entre otras consideraciones, rupturas de cadena de aprovisionamiento y dependencias críticas exteriores. Además, tras la aprobación de la IRA en Estados Unidos en 2022 se ha acelerado la agenda industrial europea con la aprobación de la ley europea de chips y las propuestas sobre materias primas fundamentales, industrias de cero emisiones netas y la reforma del mercado eléctrico.
A su vez, el multilateralismo y la libre competencia europea dentro del mercado único ha empezado también a cambiar, con la relajación de la normativa europea sobre ayudas de Estado, con el consenso de Alemania y Francia, desde marzo de 2023.
Hay que tener en cuenta que estas medidas europeas de apoyo a la industria pueden generar alteraciones, al dar ventajas a los países europeos con mayor capacidad fiscal y, por lo tanto, generar desequilibrios territoriales. En los seis primeros meses desde la flexibilización de estas medidas, de los 741.000 millones lanzados por los países europeos en subvenciones, créditos o avales, el 48,5% pertenecen al Gobierno federal, seguidos por Francia, con un 22,6%.
Por otro lado, también hay que considerar que, para los países desarrollados, la innovación tecnológica se ha convertido en el principal tractor del crecimiento económico y esta, en su impacto, puede incidir en desigualdades con la desaparición de ciertos perfiles y la generación únicamente de nuevos altamente cualificados.
Por lo tanto, en este momento en el que Europa en general (y sus distintos miembros en particular) está avanzando en sus políticas industriales, se deben evitar estos riesgos y aprovechar la oportunidad para elaborar un conjunto de medidas con objetivos que promuevan la equidad, la cohesión y la redistribución de la riqueza en los territorios.
Las nuevas políticas industriales pueden y deben utilizarse para desarrollar política social y territorial.
Sería interesante favorecer la ubicación de industrias avanzadas y cadenas de proveedores en zonas deslocalizadas, reduciendo la brecha tecnológica interregional y fomentando que la actividad económica y el empleo se distribuyan a lo largo de los territorios (facilidades en acceso a suelo, mayores apoyos en ubicaciones deslocalizadas…). A su vez, debería ponerse el foco en la creación de nuevos empleos en los distintos niveles de cualificación como un objetivo independiente (apoyando prioritariamente proyectos que los generen y no relegar la creación de empleo a una consecuencia de los objetivos convencionales de impulso de la competitividad.
No hay que olvidar que uno de los aspectos diferenciales de la IRA es que busca reindustrializar y generar empleo en las regiones que más deslocalización han sufrido en el pasado.
Europa deberá de ser capaz de definir e impulsar la suya en este sentido, ya que el desarrollo industrial, bien estructurado, tiene la capacidad de redistribuir la riqueza y contribuir al desarrollo equilibrado de sus regiones.
Grupo de reflexión de Ametic
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