El nuevo Gobierno debe dar prioridad a las viviendas resilientes
Los veranos de entre 30 y 40 grados son la nueva normalidad en toda Europa. El año pasado más de 11.000 españoles murieron por las altas temperaturas, más del 90% tenía más de 65 años
Los españoles acudieron el pasado domingo a votar en medio de advertencias de una nueva ola de calor. Además de las urnas, los colegios electorales estuvieron provistos con cientos de ventiladores y miles de botellas de agua para salvaguardar la salud de los electores. Pero, aunque las temperaturas de este verano son altas en comparación con los niveles históricos, ya no podemos fingir que sean ni inusuales ni inesperadas.
La verdad es que las temperaturas de entre 30 y 40 grados son ahora la nueva normalidad de los veranos en toda Europa. Y su coste humano ya está siendo terrible. El año pasado, más de 11.000 personas murieron en España como consecuencia directa de las altas temperaturas. La gran mayoría de ellas, 10.528, tenían más de 65 años.
Después de los estragos del Covid, cuando murieron miles de ancianos, el hecho de que dejemos que esto ocurra es una nueva traición a nuestros mayores.
No podemos decir que no lo vimos venir. Las temperaturas de 40 grados han llegado para quedarse y necesitamos urgentemente mitigar estas peligrosas circunstancias. Está en nuestra mano. En algunas zonas se han tomado medidas. Barcelona ha emprendido un importante proyecto de reverdecimiento, ampliando la cubierta arbórea y creando plazas verdes a través de supermanzanas, que contribuyen en cierta medida a mitigar el efecto isla de calor que puede hacer que las grandes ciudades experimenten temperaturas más altas. Durante la ola de calor de 2022, la ciudad también introdujo refugios climáticos, consistentes en edificios públicos y parques en los que la gente podía resguardarse del calor.
Pero aunque medidas en el espacio público como estas son loables, lo más importante que podemos hacer por las personas vulnerables es garantizar que sus hogares sean seguros para vivir.
La mayoría de las personas en situación de riesgo viven en edificios antiguos que no están diseñados para combatir las nuevas temperaturas extremas. El 51% de las viviendas españolas se construyeron antes de que se introdujeran los requisitos básicos de aislamiento térmico. Un aire acondicionado defectuoso o inexistente y un aislamiento deficiente suelen ser las causas principales del sobrecalentamiento de los hogares.
El nuevo Gobierno debe dar prioridad a la instalación de aislamientos modernos que mantengan las casas frescas en verano y calientes en invierno. Pese a ser algo apenas mencionado por las cabezas de listas o en los programas, la población que afirma no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno ha aumentado enormemente en los últimos años. Se sitúa actualmente en más de una de cada seis personas (17,1%), y desde hace más de diez años el Instituto Nacional de Estadística no mide cuánta gente no puede mantener una temperatura adecuada en verano.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha introducido importantes mejoras en materia de rehabilitación de viviendas, como las ayudas a las oficinas de apoyo a la rehabilitación, los anticipos parciales de las subvenciones concedidas o la cobertura total de los costes para los hogares en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, dichas medidas no son suficientes para alcanzar el ratio de rehabilitación necesario. Ahora mismo, solo se rehabilita el 0,1% de los edificios cada año, cuando deberíamos aspirar al 2%.
Son necesarias normas más ambiciosas, que nos empujen a alcanzar altos niveles de confort térmico y eficiencia energética en nuestros hogares. Un ejemplo exitoso son las restricciones al alquiler para las viviendas menos eficientes que se han puesto en marcha en Francia recientemente, o las normas mínimas de eficiencia energética, que fomentan que se vaya rehabilitando el parque edificado más obsoleto de los Estados miembro de la Unión Europea.
Para garantizar que las rehabilitaciones sean justas, debemos establecer salvaguardias para evitar desahucios por rehabilitación, en los que las personas vulnerables se quedan sin vivienda tras la mejora de un inmueble y el aumento de su valor de mercado y su precio de alquiler. Sería intolerable que recursos públicos favorecieran procesos de gentrificación que obliguen a la población más vulnerable a abandonar sus hogares y sus barrios.
Además de fomentar la rehabilitación de las viviendas, es fundamental que los edificios públicos, como escuelas y hospitales, utilizados por los más vulnerables, estén los primeros en la cola de rehabilitación, junto con las residencias de ancianos. Si estamos de acuerdo en que la sanidad y la educación públicas, o el cuidado de nuestras personas mayores son necesarias para avanzar hacia una sociedad más justa, no podemos conformarnos con desempeñar estas tareas en edificios antiguos y obsoletos.
Por supuesto, esta no es una lucha exclusiva de España: al asumir la presidencia de la UE, nuestro país debe presionar de forma proactiva a los demás Estados para que apliquen una ambiciosa revisión de la directiva sobre eficiencia energética de los edificios, que obliga a los Estados a modernizar su parque inmobiliario para hacerlo más ecológico y seguro, empezando precisamente por esos edificios que más lo necesitan.
Entre los objetivos declarados de la presidencia española figuran “avanzar en la transición verde y la adaptación medioambiental” y “promover una mayor justicia social y económica”. No puede haber una manifestación más obvia de esos objetivos que garantizar que los hogares de nuestros ancianos sean cómodos y seguros frente a la amenaza palpable del cambio climático.
Javier Tobías González es arquitecto y miembro de Ecodes
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