Un país sometido a ciclos políticos y económicos menguantes
Decisiones cargadas de radicalidad han eclipsado a las sensatas y pueden hacer de Sánchez el presidente electo menos longevo
Si el 23 de julio próximo Pedro Sánchez fuera desalojado de Moncloa, una posibilidad muy probable, se cerraría el ciclo político más corto de cuantos ha transitado España desde la recuperación de la democracia, consecuencia tanto de la velocidad a la que se mueven las ansiedades sociales en los países maduros tras la gran recesión, como de la radicalidad del programa político aplicado, en parte condicionado por la parte más extrema de un Ejecutivo de coalición. Este acortamiento de los ciclos políticos, en absoluto exclusivo de España, lleva aparejado el riesgo de dañar y reducir también los ciclos económicos.
La hipotética salida de Sánchez se saldaría tras una sola legislatura, a la que habría que añadir los 18 meses de prólogo desde la moción de censura de junio de 2018 al gobierno de coalición PSOE-Podemos (finales de 2019), cerrado tras dos poco clarificadores procesos electorales, uno forzado por los socios independentistas de Sánchez (Esquerra Republicana de Catalunya en concreto) y otro caprichosamente provocado por el mismo presidente, que buscaba un mayor rédito electoral que nunca llegó.
Con la excepción del ciclo político de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático, que fue el primer ejecutivo de coalición de la democracia porque no otra cosa que una coalición electoral era la UCD que montó Adolfo Suárez y que acabó con su propia carrera política, los ciclos políticos han gozado de una longevidad notable. El primero del Partido Socialista liderado por Felipe González perduró casi catorce años, que se redujeron a ocho en el primero del Partido Popular liderado por José María Aznar.
El segundo ensayo del PSOE no logró agotar la segunda legislatura, y concluyó con unas elecciones forzadas y anunciadas con cinco meses de antelación por la creciente presión sobre el presidente Zapatero para que las convocara y dejara Moncloa. El relevo del popular Rajoy afrontó unas cuantas decisiones severas para superar la gran recesión que había castigado a España como a pocas economías en el mundo, y no logró completar una segunda legislatura llena de contratiempos.
La inició tras dos procesos electorales forzados por la ambición obstructiva del todavía hoy líder del PSOE, y la cerró tras una moción de censura que acabó con un ejecutivo amparado parlamentariamente por la abstención parcial de los socialistas. En definitiva, tras ese primer gobierno de complicada coalición electoral de centro-derecha que era la UCD, los ciclos, o los presidentes que viene a ser lo mismo, duraron sucesivamente en el banco azul trece, ocho, siete, seis y cinco años, si Sánchez tiene que dejar su cargo este verano.
La explicación a esta jibarización sistemática de los ciclos políticos hay que buscarla tanto en la mutación cada vez más activa de las ambiciones colectivas de la sociedad como en la solidez de la clase política, un atributo este que se ha diluido a la misma velocidad a la que se profesionalizaba la propia actividad política. Nadie, o casi nadie, cuestionaba con la llegada de la democracia que el objetivo era consolidarla con el mayor consenso posible tras una noche de casi cuarenta años. Y en paralelo nadie, o casi nadie, cuestionaba que para hacerlo había que acompañarlo de una transformación de la estructura productiva del país, de las reglas de funcionamiento de las relaciones industriales y de culminar la integración en la Unión Europea, el espejo en el que envidiosamente se miraban los españoles.
Consolidados los pilares políticos, la demanda social se trasladó a consideraciones de carácter económico (fiscal, laboral, de prestación de servicios públicos en competencia con los privados), que comenzaron a jugar un papel más importante en las decisiones políticas individuales, proporcionándoles un peso específico propio de las democracias europeas.
Agotada esa transición, pongamos que desde los primeros años de este siglo, se ha producido un reverdecimiento de los mensajes políticos, con innegable carga ideológica y divisiva muchas veces. Una práctica que ha echado profunda raíz a consecuencia de la grave crisis económica de 2008-2012, que cuestiona el papel de los dos grandes partidos y abona la irrupción de opciones radicales, nacionalistas o no, tanto a la derecha del Partido Popular como a la izquierda del Partido Socialista. Un fenómeno que fuerza a una gobernabilidad compartida como la que tuvo que reclamar Rajoy en su segunda legislatura y como la que ha practicado Sánchez, muy a costa de sus horas de sueño.
Si desde el verano gobernara la derecha, tiene toda la pinta de que solo podría hacerlo con una coalición, al menos parlamentaria, con la derecha extrema, un ensayo que podría tener tanto rechazo como ha tenido el de Sánchez-Iglesias. El conflicto se activaría con decisiones políticas sectarias, como las que ha llevado a cabo el Gobierno ahora en funciones. La cuestión es si en materia económica las iniciativas fueran tan agresivas y divisivas como las que ha protagonizado el Gobierno de Sánchez, unas veces por convicción y otras por imposición de sus socios, porque sometería a un estrés innecesario a las decisiones económicas de los españoles que dañarían el crecimiento.
Dado que la economía camina razonablemente bien, aunque en absoluto tan bien como sus promotores dicen, el cambio de ciclo electoral ha sido provocado por la gestión de la política, en la que el ejercicio socialista de escudarse ahora en la influencia de Podemos para justificar el fiasco electoral de las municipales y autonómicas no es de recibo, porque las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas y tienen un presidente tirando a mandón con la última palabra. Renegar ahora de tal coda es desconocer las lecciones de su propia historia: Joaquín Almunia, que lideraba al PSOE en 2000, sufrió una estrepitosa derrota con solo anunciar que gobernaría con Izquierda Unida tras las elecciones.
Pero la economía no ha estado al margen de la radicalidad inducida por Podemos y aceptada por el PSOE. Subidas de impuestos y cotizaciones, y profundamente ideológicas y divisivas en varias ocasiones, para financiar gasto social a cuenta de las dos crisis que han jalonado la legislatura (Covid y Ucrania); cambios laborales formales para “crear” un empleo mucho menos productivo; legislación de vivienda que interviene y reduce el mercado del alquiler y cuestiona la propiedad privada tratando mejor al okupante ilegal que al propietario okupado; utilización partidista del mayor programa de inversión proporcionado jamás por la Unión Europea gratis et amore; crecimiento de la deuda pública hasta niveles solo financiables con tipos cero y el auxilio permanente del BCE.
Decisiones todas que pueden acortar el ciclo de crecimiento, por muy asistido que esté por una avalancha de inversión pública gratuita y una red de seguridad para la deuda, que no será eterna. Y pueden hacerlo cuando más necesidad de consenso se reclama para que el país se equipe para competir en una economía cada vez más cambiante, más global y más exigente.
José Antonio Vega es periodista
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