La Audiencia Nacional prepara el juicio contra Arbistar por estafa piramidal con criptomonedas

La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento

El fundador de Arbistar 2.0, Santiago Fuentes.

La Audiencia Nacional se prepara para celebrar el que será su primer juicio por una estafa piramidal con criptomonedas. La trama Arbistar, liderada por Santiago Fuentes, está a punto de ser juzgada por presuntamente engañar a miles de inversores de divisas digitales de varios países, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, y defraudar 92 millones de euros. Antes de iniciar la vista oral y profundizar en la que se considera uno de los mayores desfalcos llevados a cabo con activos digitales, y por los que la Fiscalía pide casi 30 años de prisión para el cabecilla de la organización, la Sala de lo Penal de dicho órgano judicial ha fijado una comparecencia para delimitar los hechos que deben ser analizados por el tribunal y volver a discutir si la Audiencia Nacional tiene competencia para ello, según han informado fuentes jurídicas a este periódico.

Se trata de una vista que se denomina previo pronunciamiento, en la que defensas y acusaciones discuten sobre la existencia de cuestiones procesales que pueden suponer un obstáculo para seguir adelante con el procedimiento, como por ejemplo la vulneración de derechos fundamentales. El tribunal debe resolver dichas cuestiones antes de iniciar la vista oral, ya que de ello dependerá que determinados asuntos se puedan analizar durante el juicio. Por ello, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal han convocado este miércoles a las distintas partes para debatir las alegaciones planteadas por los abogados de Santiago Fuentes (en prisión provisional) y de uno de sus socios en Arbistar, Diego Felipe Nojarova. Ambos acusados consideran que el órgano judicial competente para conocer la presunta estafa piramidal es un tribunal de Santa Cruz de Tenerife, indican las fuentes jurídicas.

Lo defienden así porque los primeros pasos de la investigación judicial se dieron en un juzgado de Arona (Tenerife) en septiembre de 2020, y en su opinión, la causa debió quedarse allí. La magistrada canaria decidió enviar las diligencias abiertas a la Audiencia Nacional tras comprobar que el presunto fraude se extendió hasta países como Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay, Italia, Argentina, Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, México y Estados Unidos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, compartió el criterio de su colega de Tenerife y aceptó su competencia para investigar en abril de 2021, tomando así las riendas de las pesquisas. Fuentes de las acusaciones aseguran que se opondrán a la petición de los acusados, en base a los argumentos que expuso entonces el juez instructor para asumir la causa.

“Vendía humo”

El juez de la Audiencia Nacional concluyó la investigación en abril de 2023, justo dos después de empezar a investigar, y en junio de ese mismo año acordó el procesamiento del fundador de Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, y de otras seis personas, entre ellas Nojarova. Asimismo, impuso a todos los procesados una fianza de 123 millones de euros, correspondiente de la cantidad presuntamente defraudada más un tercio que establece la ley, para garantizar las indemnizaciones a los afectados en caso de que se dicte una sentencia condenatoria. El magistrado afirmó que la plataforma era una “mera simulación” y lo único que hizo era “vender humo” al ofrecer a sus clientes una atractiva rentabilidad de entre un 8% y un 15% por invertir en criptomonedas.

“Con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un bot de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores, cuando en realidad dicha sistema no era más que un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida”, resumió el juez Calama en su auto de procesamiento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también advirtió que las rentabilidades prometidas eran “imposibles” y denominó Arbistar como una “carcasa jurídica” que sirvió para llevar a cabo el “engaño masivo e internacional”. Así, además de la indemnización a las víctimas del fraude, el ministerio público pide 29 años y nueves meses de prisión para Santiago Fuentes (18 años de cárcel por estafa agravada; ocho años por organización y dirección de organización criminal; y tres años y nueve meses de cárcel por el delito continuado de falsificación de documentos mercantiles) y penas que oscilan entre 15 años y nueve meses y 23 años y medio cárcel para sus colaboradores. El escrito de acusación hace hincapié en el modus operandi de la trama para captar clientes: la creación de un “plan amigo”, que consistía en compensar a clientes que conseguían nuevos inversores; la difusión de propaganda en Youtube, a través de un canal bautizado como “La llamada del éxito”; y la celebración de actos y eventos en hoteles.

A estas elevadas peticiones de penas de cárcel se adhieren gran parte de los afectados personados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Cerca de 3.800 afectados (representados por el despacho Aránguez Abogados) de los 8.200 perjudicados por Arbistar han solicitado también casi 30 años de prisión para el considerado líder de la trama, al tiempo que piden una indemnización basada en la devolución de las cantidades transferidas a Arbistar, más un 45% por los “daños patrimoniales y morales”. Según indican, el perjuicio global causado supera lo estimado por el juez instructor y lo cifran en más de 3.500 millones de euros.

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