El G20 reclama mano dura en la regulación de las criptos y el blindaje del dinero de los clientes
El Consejo de Estabilidad Financiera propone un marco de acción global para estos activos. Pide controlar el conflicto de intereses de las plataformas
El universo de los criptoactivos no ha llegado a convertirse en un riesgo sistémico para las finanzas globales pero ha estado muy cerca de serlo en los últimos tiempos. Sucesos como la quiebra de las criptodivisas Terra y Luna en mayo de 2022, el fraude masivo de la plataforma de negociación FTX en noviembre de ese año o, ya en este año, la caída de bancos regionales estadounidenses con estrechos vínculos con los criptoactivos han dado las suficientes señales de alerta como para reconocer sin fisuras el potencial de los activos digitales como riesgo financiero sistémico de primer nivel.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) –organismo creado en el seno del G20 para velar por la estabilidad de las finanzas mundiales y que engloba a bancos centrales, autoridades supervisoras y departamentos del Tesoro de sus países miembros– así lo reconoce en el documento de conclusiones publicado ayer. En él recoge sus recomendaciones finales de regulación, supervisión y vigilancia del universo cripto y que se centran en tres áreas de actuación: la protección del dinero de los clientes, el control de los conflictos de interés de los operadores y una mayor cooperación internacional.
El FSB toma nota de las lecciones que han dejado las quiebras de FTX o de Luna y advierte de cómo los vínculos entre los criptoactivos y las finanzas tradicionales son cada vez más estrechos, lo que amplifica el efecto perturbador que pueden llegar a tener sobre la estabilidad financiera global. Coincidiendo con la reunión esta semana de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 en Gandhinagar (India), el FSB reconoce en su informe que, hasta el momento, la repercusión de las sacudidas del universo cripto sobre el sistema financiero tradicional ha sido limitada, si bien ha dejado cuantiosas pérdidas a los inversores y sembrado la desconfianza hacia este mercado. E insiste en “la necesidad de ser previsores y en la importancia de garantizar que los riesgos que plantean los criptoactivos para la estabilidad financiera se aborden mediante una regulación y una supervisión adecuadas y exhaustivas”. No solo en los países miembros del G20 sino a nivel global, en todos aquellos mercados en los que se opera con activos digitales.
Las recomendaciones del FSB se centran en primer lugar en la protección del dinero de los clientes y en que la regulación vele por que esas inversiones estén separadas de forma efectiva de los propios activos de los operadores e intermediarios. El escándalo de FTX demostró que cuando una plataforma de negociación cae, se lleva también por delante el dinero de sus clientes. “Las autoridades deben exigir que los proveedores de servicios de criptoactivos salvaguarden adecuadamente los activos de los clientes y protejan los derechos de propiedad, incluso en caso de insolvencia”, señala el Consejo de Estabilidad Financiera. De hecho, se trata de equiparar la protección del inversor en activos digitales con la que disfruta la inversión en activos financieros tradicionales. “Misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”, recoge el FSB en su informe. “Los marcos reguladores también deben garantizar que cualquier actividad de criptoactivos que pretenda desempeñar una función económica equivalente a una del sistema financiero tradicional esté sujeta a la misma regulación o a una regulación equivalente”, añade.
Otra de las medidas regulatorias que el FSB considera imprescindibles es el control del conflicto de intereses de los operadores de criptoactivos. “Algunas entidades no son transparentes en cuanto a sus estructuras de gobierno y establecen complejas estructuras de entidades filiales que a menudo se financian mutuamente, lo que da lugar a agudos conflictos de intereses y aumenta la interconexión y el riesgo de contagio dentro de los mercados de criptoactivos”, advierte el organismo. Así, en el caso de proveedores de servicios digitales que combinen múltiples funciones, la regulación debe reclamar la separación jurídica de determinadas funciones.
Por último, el FSB pide cooperación transfronteriza en materia regulatoria, de manera que no haya territorios sin ley para los criptoactivos. “Los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios pueden tratar de eludir la regulación y la supervisión migrando a lugares donde la regulación es menos estricta. Esto requiere medidas enérgicas para abordar el arbitraje regulatorio”, concluye.
Los próximos pasos para definir del todo el terreno de juego
Europa, a la vanguardia. La regulación europea sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), aprobada el pasado abril, es el primer marco normativo para estos instrumentos financieros en el mundo, aunque su aplicación efectiva en el conjunto de la Unión Europea no se prevé hasta finales del próximo año. El Consejo de Estabilidad Financiera aplaude en sus conclusiones publicadas ayer los desarrollos regulatorios realizados hasta el momento, en alusión al europeo, que considera va en la buena dirección. Aun así, al igual que ocurre en la banca, donde la capacidad de contagio y desequilibrio sobre el conjunto del sistema es global, el adecuado control del riesgo sistémico de los criptoactivos también requiere de una regulación que se aplique de forma lo más similar posible a escala mundial.
Cita en septiembre. Las recomendaciones lanzadas ayer por el FSB son un marco regulatorio para los criptoactivos y las stablecoins que sentará las bases para un documento conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se entregará al G20 en septiembre de 2023, según explica el organismo. Ese documento “apoyará un enfoque político coordinado y global de los criptoactivos sintetizando las conclusiones políticas del trabajo del FMI sobre cuestiones macroeconómicas y monetarias y el trabajo del FSB sobre cuestiones de supervisión y regulación”, explica.
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