La banca teme que Bruselas acabe con el maná de las comisiones por venta de fondos
La Comisión Europea dará a conocer el borrador de Mifid 3 en mayo
El elefante en la habitación de la banca y las entidades financieras europeas lleva nombre de Mairead McGuinness. La comisaria europea de servicios financieros trabaja en modificaciones de la directiva europea Mifid 2 que pueden tener un gran impacto en los ingresos y en el modelo de negocio del sector.
La Comisión Europea considera que a pesar de las restricciones introducidas años atrás para que la banca dejara de apuntarse parte de las comisiones de gestión de los fondos que vende su propia red de oficinas, las denominadas comisiones de retrocesión –aquellas por las que las gestoras de las entidades financieras entregan a sus bancos matrices parte de las comisiones de gestión cobradas a los clientes–, no se ha logrado un incremento en asesoramiento independiente en la mayoría de los países. Un estudio de Kantar, realizado a instancias de la CE y muy criticado por parte del sector bancario, apunta que un 40% de los fondos de inversión de la UE paga incentivos y que en otros productos la información que se facilita al inversor no es clara, por lo que se pone en duda que el uso de incentivos pueda ser incluso mayor.
De ahí que se disponga a presentar en mayo, dentro de su estrategia de inversión minorista, un borrador de Mifid 3 que podría contemplar la prohibición total del cobro de incentivos en línea con los modelos ya existentes en Reino Unido y Bélgica. Un veto que ya existe en la gestión discrecional de carteras y en el asesoramiento independiente, pero que se admite en los servicios de intermediación y asesoramiento no independiente si se dan condiciones que aumentan la calidad del servicio. Si bien, fuentes conocedoras del avance de las negociaciones consideran que esta propuesta no llegará finalmente a prosperar y creen que el texto final se limite a incorporar cambios en el régimen de los incentivos.
“El veto total de los incentivos obligaría a los bancos y entidades financieras al replanteamiento de su modelo de negocio actual. Requeriría un análisis estratégico y profundo para poder identificar cómo aumentar la calidad del servicio de manera que los clientes realmente valoren este aumento hasta el punto de estar dispuestos a pagar expresamente por él. En caso contrario, las pérdidas de ingresos pueden ser millonarias”, comenta Gloria Hernández, socia de finReg.
Pilar Galán, socia responsable del área Legal de servicios financieros de KPMG Abogados, reconoce, por su parte, que “una prohibición total de incentivos tendría un impacto muy relevante en el modelo de negocio y de comisiones de las entidades, sin que esté claro que pudiera traducirse por la experiencia en otros países en un menor coste para los clientes”.
Por poner en cifras el impacto de esta medida, la banca española ingresó 5.886 millones de euros en 2021 en comisiones por vender fondos y prestar servicios de valores –el importe incluye también la tramitar y custodiar las órdenes de compra de acciones y bonos por parte de grandes clientes corporativos–, una cifra un 73% mayor que en 2016, según datos de la CNMV. En el caso de Santander, solo el año pasado se anotó unas comisiones netas por gestión de patrimonios, fondos y seguros de 4.032 millones de euros, un 10,5% más que un año antes.
La alternativa a la prohibición total de las comisiones por retrocesión pasaría por incorporar más requisitos para su mantenimiento por parte de las entidades financieras o establecer límites concretos.
Desde el sector bancario se considera que estas modificaciones implicarán que la banca retail apueste por el modelo de roboadvisor y se acelere su apuesta por la gestión discrecional de carteras, que en España ha crecido con fuerza en los últimos años. Asimismo, los cambios implicarán, advierten desde el sector, una reducción del asesoramiento a clientes retail para aumentarlo entre los clientes de elevado patrimonio.
Más allá, entre las novedades que el sector prevé que contenga el borrador de la Comisión Europea está también una unificación de los test de idoneidad bajo un único cuestionario y que, según fuentes del sector bancario, tendrá impacto en el perfilado de riesgo de los clientes.
Mayor vigilancia en la relación entre calidad y precio
‘Value for money’. La Comisión Europea ha avanzado hasta el momento su intención de poner su atención en un nuevo término: value for money, con el que busca vigilar la relación entre calidad y precio por la que tienen que velar las entidades financieras en la fabricación y venta de productos financieros a clientes minoristas. “Este concepto implica la necesidad de justificar el importe de la comisión o coste por la gestión del producto para el cliente en relación con el valor conjunto de los servicios prestados. Ello redunda en una mayor transparencia para el cliente que recibe información no solo en términos de coste sino también de la calidad del servicio o producto financiero permitiéndole tener más información para lograr una combinación optima entre coste y calidad”, comenta Pilar Galán.
Precedente británico. Sara Gutiérrez Campiña, socia de finReg, explica que este término tiene su precedente en la normativa británica y “supondría incluso mayores esfuerzos de adaptación para los bancos españoles que la prohibición total de incentivos por su complejidad y porque podrían estar afectados todos los productos y servicios a minoristas”.
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