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Cinco Días
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El País
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05 de julio de 2002

Inmobiliario

Los promotores de VPO reclaman un cambio en la política fiscal de vivienda

Ricardo Gómez|

Las desgravaciones fiscales por compra de vivienda suman anualmente 3.606 millones de euros de media, mientras que el gasto público en ayudas directas al adquirente es de 600 millones. Promotores de vivienda pública reclaman un cambio de la política fiscal y acusan al Gobierno de dar prioridad a la producción de viviendas como estímulo a la actividad económica, al margen de las necesidades reales de importantes sectores de población.

Crisis de confianza

Fourtou se marca como objetivo prioritario sanear las finanzas de Vivendi

F. S. Madrid|

Vivendi Universal vivió ayer una jornada de resaca después de los intensos acontecimientos de los últimos días. La constatación de las enormes dificultades financieras a corto plazo que atraviesa la empresa impidió que la cotización recuperara el terreno perdido en las dos últimas sesiones -a pesar de que ayer el valor arrancó con fuertes subidas, su revalorización al cierre fue de sólo un 5,5%, cuando entre martes y miércoles la acción perdió un 47,4%-. Fourtou aseguró que su objetivo central será sanear la estructura financiera de la empresa, y para ello anunció que ha llamado ya a los principales bancos acreedores para que apoyen la continuidad con nuevos créditos.

Tributos

Montoro asegura que el próximo año no subirá ningún impuesto

Jordi Sacristán|

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que ni en los Presupuestos del Estado para 2003 ni en la Ley de Acompañamiento correspondiente 'se incluirá ningún aumento de impuestos ni tasas'. Concretamente explicó que ni los impuestos indirectos ni los especiales se incrementarán, ya que en 2003, año en el que tendrán lugar diversas elecciones, 'no toca'.

País Vasco

Batasuna afronta el embargo de bienes tras incumplir el pago de 24 millones

CINCO DÍAS|

Batasuna incumplió ayer el plazo de pago de los 24 millones de euros que le impuso el miércoles la Audiencia Nacional para responder de los daños provocados por la violencia callejera. El juez Baltasar Garzón ha comenzado a preparar la orden de embargo recabando información sobre la deuda que el Estado tiene contraída con la coalición aberzale en concepto de subvenciones electorales.

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