Cómo sobreviven las pymes a la alta morosidad
Durante 2024, casi dos tercios de los proveedores cobraron sus facturas más tarde del tiempo estipulado. Por primera vez, el sector público supera al privado en el retraso de los pagos
Mientras que la legislación actual establece un plazo máximo de 60 días para el pago de las facturas en las operaciones comerciales denominado periodo medio de pago a proveedores o PMP, y de 30 en el sector público, las cifras muestran una situación diferente. Y es que, según el Informe sobre morosidad: estudio plazos de pago en España 2024, recién publicado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), las Administraciones tardan una media de 67 días en abonar sus facturas, superando por primera vez el PMP registrado en el sector privado, que el año pasado fue de 64 días, también por encima del límite legal.
“La morosidad está enquistada en España, que se sitúa como uno de los países peores pagadores de la Unión Europea”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMCM, quien denuncia que a pesar de la normativa, muchas compañías imponen cláusulas abusivas, fijando plazos muy superiores en sus contratos sin sufrir consecuencias. A lo que no ayuda que los propios entes públicos “no cumplan con las reglas que ellos mismos dictan”, recalca.
La PMCM denuncia que las firmas pequeñas financian a las grandes y a la Administración por los impagos
Bien es cierto que los datos obtenidos por la PMCM difieren de la información publicada por el Gobierno como la propia organización admite, que son más optimistas. Aún así, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda hasta noviembre, solo los pagos realizados por la Administración central durante 2024 se realizaron dentro del plazo legal de 30 días (con una media anual de 25,4); toda vez que el PMP de las comunidades autónomas fue de más de 31 días, y superior a 42 para las entidades locales. Una diferencia que, en parte, es debida a “determinadas malas praxis”, según Cañete, quien apunta al presunto retraso por parte del ayuntamiento de Lugo en la inscripción en el registro de facturas como ejemplo. No obstante, “en un momento en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore los plazos”, declara.
En el sector privado se refleja una tendencia en cierto modo opuesta. Y es que, si bien el estudio de la PMCM registra la cifra más baja de la última década en el PMP para las empresas, son las grandes compañías las que más se retrasan en el abono de sus facturas. De hecho, solo el 26% de las organizaciones con una facturación superior a los 50 millones de euros cumple el periodo legal de 60 días, mientras que un tercio supera incluso los tres meses de demora. Y al contrario, las micropymes y los autónomos son los clientes que más tardan en pagar solo en el 17% de los casos.
Efecto cascada
Precisamente, la parte del tejido empresarial que más sufre las consecuencias son las pymes, en tanto, la “morosidad es la lacra más importante para su viabilidad”, argumenta José María Torres, presidente de Conpymes. Destacando que el índice de morosidad –la proporción de las facturas impagadas sobre el volumen de ventas– se mantiene en cifras muy significativas: un 5,2% en 2024, según el mencionado informe de la PMCM. “En 2024, el 62% de los proveedores soportaron plazos de pago superiores a los legales”, indica Torres, para quien los principales efectos se traducen en la necesidad de financiación a corto plazo, así como la pérdida de competitividad.
Un síntoma que corrobora Juan Carlos Maté, presidente de Caralin Group: “La ecuación es fácil, si no te pagan, pero tú tienes la obligación de hacer frente a tus gastos operativos, o te endeudas o acabas cerrando”. En el caso de esta plataforma de servicios, que reúne a 200 compañías de todos los tamaños y promociona las prestaciones de sus asociados, la gran mayoría de sus clientes cumplen los plazos de pago contemplados por la legislación.
Además, como señalan las cifras, la situación de los impagos ha mejorado en los últimos años; “evidentemente, siempre hay algún empresario de la vieja guardia que piensa que le van a dar una medalla por aprovecharse de los proveedores”, añade Maté. En el caso concreto de los clientes de mayor tamaño, hoy en día, es más fácil actuar de forma inmediata en caso de detectarse algún incumplimiento, informando al departamento de compliance (de cumplimiento normativo). “Si la situación persiste en los primeros meses, es preferible abandonar la relación comercial y proceder a la denuncia cuanto antes”, concluye.
Menor inversión, acceso a la financiación y pérdida de competitividad son algunos de los efectos
En palabras de Torres, “implementar prácticas sobre políticas de crédito y estrategias preventivas de cobranza que reduzcan el riesgo de morosidad es muy difícil para una pequeña empresa”. Por eso, desde Conpymes respaldan la implantación de sistemas legales que proporcionen un marco seguro en materia de cobros. En este punto, como explica su presidente, la denominada Ley Crea y Crece establece la implantación de un Observatorio Estatal de la Morosidad y la adaptación del Consejo Estatal de la Pyme, unas medidas encaminadas a mejorar la situación de los impagos, “pero ninguna de las dos iniciativas ha comenzado aún su andadura, pese a que llevamos mucho retraso con respecto a los plazos fijados”.
Así, desde la PMCM constatan que los largos plazos de pago que sufren los proveedores es un problema muy arraigado tanto en el ámbito privado como en el público. “Una situación intolerable que lleva a muchas pymes a financiar a las grandes compañías y Administraciones”, subraya Cañete.
Esto provoca, en términos directos, un incremento de los costes para las pequeñas y medianas empresas “en forma de gastos de financiación y comisiones bancarias que deben asumir para cubrir su circulante”. E indirectamente, la reducción de su capacidad de inversión, además de ralentizar la contratación de trabajadores y frenar la innovación. A lo que Cañete suma “un importante efecto cascada. Una empresa que sufre impagos tiene dificultades para cumplir con sus propios compromisos, lo que multiplica el impacto de la morosidad en toda la cadena de valor”.
En este sentido, destaca la cifra de 88 días de media que tardan los subcontratistas del sector público en cobrar sus facturas, según el informe de la plataforma.
Minimizar riesgos
Para el director general de la compañía de servicios de limpieza Justlimp, Santiago Santos, esa financiación indirecta es uno de los mayores riesgos para cualquier empresa, especialmente en el sector terciario, donde un porcentaje mayoritario de la facturación corresponde a los costes laborales: “Cuando se generan las facturas a final de mes ya se está realizando el pago de las nóminas; eso hace que se esté adelantando un dinero que no se cobrará hasta el vencimiento acordado con cada cliente”.
Respecto a este vencimiento, Santos explica que se tiende cada vez más a establecer un periodo de pago de 30 días, aunque “es curioso que cuanto mayor magnitud tiene el cliente, más quiere atrasar los días de cobro en los contratos”. Algo que concuerda con el informe de la PMCM, al igual que su visión de la situación en el sector público: “Por regla general, los pagos de la Administración central cumplen con los plazos, en el caso de las autonomías y los municipios, depende del ente concreto”, señala Santos.
El Observatorio Estatal de la Morosidad, establecido por la Ley Crea y Crece en 2022, aún no está operativo
En este aspecto, una diferencia radica en el proceso de grabación de facturas y de cobro automáticos que rigen la mayoría de los contratos con la Administración pública, según Félix García-Barroso, director general de Grupo Vettonia. “En el caso de la empresa privada, todo lo relativo a los pagos se encuentra menos regulado y, por tanto, debemos invertir más tiempo en reclamaciones”, añade, aclarando que cada vez más organizaciones adoptan sistemas de facturación similares. Lo que no quita para que, por ejemplo, “la Administración retrase sus pagos en los primeros meses del año debido al cierre y apertura de ejercicio, o que los clientes se amparen en diversas excusas a su conveniencia para retrasar los abonos”, admite García-Barroso.
Así, para el responsable de esta empresa de servicios de seguridad, la solución para el problema de la morosidad pasa por “alcanzar una eficacia no discutida por nadie en el proceso de cobros, de tal forma que la simple emisión de la factura suponga un compromiso de pago fehaciente”. Igualmente, apunta al tiempo excesivo que las reclamaciones pueden permanecer en los juzgados, “que pueden perderse durante años”.
Los impagos están detrás del 25% de las quiebras empresariales, resaltan desde Coface
Al respecto de esta cuestión, Vicente Fuertes, director comercial de Coface en España, explica que se lleva mucho tiempo trabajando en materia legislativa, siendo uno de los principales desafíos garantizar que cualquier medida “tenga en cuenta la realidad de las pymes, evitando que los propios mecanismos diseñados para combatir la morosidad terminen generando nuevas dificultades.
En su opinión, considerando que los impagos están detrás del 25% de las quiebras empresariales, los pequeños negocios necesitan apoyo en educación financiera y concienciación. Una forma de asegurar que invierten el suficiente esfuerzo en un plan de prevención de impagos sólido, en la gestión de cobros y en las herramientas de protección. “Erróneamente se dejan estas partidas en un segundo plano, cuando protegerse ante la morosidad debería ser una parte esencial de su estrategia financiera”, concluye Fuertes.
Estrategias frente al impago
Prevención.“Valorar con precisión el nivel de riesgo de un cliente antes de cerrar una operación” es, en opinión de Vicente Fuertes, directivo de Coface, la primera medida para minimizar los efectos de la morosidad. Así, destaca los llamados informes comerciales, que ofrecen una visión detallada de la situación económica y financiera de una empresa; o las evaluaciones de crédito, que determinan los límites de financiación recomendable para cada cliente. Por último, la propia evaluación de riesgo deudor, esto es, el cálculo de la probabilidad de que una empresa pueda hacer frente a sus compromisos de pago.
Protección. La mayoría de las entidades financieras ofrecen seguros de crédito, una herramienta que protege a las pymes frente a los impagos al garantizar la devolución de la totalidad o una parte del importe adeudado. Adicionalmente, en el ámbito normativo, la ley establece el derecho a una indemnización de 40 euros por cada factura fuera de plazo, así como el pago de intereses de demora, aun cuando no se hayan pactado en el contrato; medidas que, sin embargo, apenas son utilizadas por los pequeños negocios, destacan desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
